El concurso que lleva adelante el Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego para seleccionar al quinto integrante del Superior Tribunal, arrastra viejos sinsentidos y suma nuevos desengaños.

Por si alguien todavía no lo sabe, los postulantes a jueces NO rinden un examen puntuado y no se constituye ningún jurado académico para evaluarlos.

Los participantes son sometidos a una entrevista y realizan un escrito sobre un tema que les proponen. Pero ese escrito no es evaluado técnicamente, ni se le consigna una nota, ni da lugar a un orden de mérito.

Los consejeros llaman a este procedimiento examen, cuando claramente no lo es. De hecho, para ser secretario de un juzgado o fiscal, sí se rinde un examen puntuado. Quiere decir que se evalúa la capacidad técnica de funcionarios de inferior jerarquía pero no la de los jueces.

Los antecedentes académicos o funcionales de un candidato a juez de Tierra del Fuego tampoco se merituan de forma objetiva, ni dan lugar a un puntaje ni orden de mérito.

Las postulaciones se resuelven en sucesivas rondas de votaciones de los siete consejeros, sin fundamentación de ningún tipo. Un consejero puede votar a un candidato en una ronda, y luego cambiar por otro en la siguiente ronda, sin explicar por qué.

La falta de pautas objetivas mínimas en la selección de los jueces fueguinos perjudica a quienes pierden y a quienes ganan los concursos, porque en ningún caso se enteran los motivos.

Esto lleva al nombramiento de jueces deslegitimados desde la concepción de sus cargos, y a una paradoja: los que deberán fundar sus fallos llegan a sus puestos sin que nadie funde sus designaciones.

Ahora bien, el Superior Tribunal de Tierra del Fuego fue ampliado de tres a cinco jueces durante la etapa más restrictiva de la pandemia. La ley y el concurso para cubrir las vacantes se hicieron en tiempo récord. Se adujo urgencia, pero solo designaron a un juez, mientras que el otro cargo quedó desierto.

La maniobra sirvió para designar como juez del organismo a Ernesto Loffler, integrante de la familia que lidera el Movimiento Popular Fueguino de Río Grande, partido aliado del gobernador Gustavo Melella para acceder a la gobernación.

Ahora, ya con Loffler presidiendo el Consejo de la Magistratura, y con el socio del estudio jurídico Loffler, José Rodas, integrando el organismo, igual que los legisladores aliados Ricardo Furlan y Pablo Villegas, y el ministro jefe de gabinete Agustín Tita, se llamó a concurso para designar el cargo vacante. Lo urgente demoró dos años, pero eso no es lo más importante.

Lo concreto es que antes de la etapa final de las entrevistas y la prueba escrita se supo de la renuncia de más de la mitad de los concursantes. 6 de 11 se bajaron del certamen, en la mayoría de los casos sin dar explicaciones.

Lo curioso es que en la lista de los renunciantes figuran dos secretarios del propio Superior Tribunal, Jessina Name y David Pachtman, el camarista penal Julián De Martino, además presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios, y el camarista civil Aníbal Acosta.

¿Por qué se bajaron? ¿Porque sabían ya el final de la historia? ¿Por qué no dieron ninguna explicación pública? ¿Y por qué tampoco se expidió la Asociación de Magistrados o los Colegios de Abogados?

La que explicó el por qué de su renuncia fue la abogada Eloísa Raya de Vera. Lo hizo en un escrito, y fue muy concreta. Porque el Consejo de la Magistratura no aceptó las propuestas de los movimientos feministas para establecer pautas de perspectiva de género en los concursos, ni paridad de género en la conformación del organismo. A eso se habían comprometido cuando fue el concurso que terminó con el nombramiento de Loffler, pero jamás avanzaron. También es cierto es que los movimientos feministas no fueron protagonistas de este nuevo concurso, y salvo excepciones individuales, no exigieron lo que Raya de Vera dejó plasmado por escrito.

En el medio de las entrevistas, otro despropósito decoró el concurso ya devaluado de la Magistratura. Fue cuando el presidente y juez Loffler increpó a la candidata Claudia Gallo, una funcionaria de la Fiscalía, por no haber atendido las “reglas de cortesía” y haber cuestionado a un superior suyo públicamente.

Claro, lo que faltaba aclarar, y Gallo lo hizo, es que ella había cuestionado a un juez que además era su ex marido y en un juicio por alimentos. O sea, que su supuesta “descortesía” había consistido en ejercer sus derechos como mujer y como madre.

Pero como esta selección no da respiro, vayamos directo al casi final de esta historia. De los cinco candidatos en carrera, la única que no fue sometida a una entrevista y examen ese día fue la jueza Laboral Edith Cristiano, quien tuvo un problema de salud y le postergaron la evaluación para unas jornadas después en Río Grande.

Cristiano es, para muchos, la única opción que existe para que el concurso no se declare desierto. De fuertes vínculos políticos y pocos antecedentes académicos, la magistrada es la misma que años atrás firmó un fallo reconociéndole los derechos de posesión sobre la estancia María Cristina, a una empresa vinculada con la familia Loffler que a su vez había adquirido esos derechos de la firma Glisud, famosa por haberse quedado con créditos del Fondo Residual del Banco de Tierra del Fuego durante el manfredottismo. Glisud le había alquilado la estancia a la forestal Lenga Patagónica, y vencido el plazo de arrendamiento, por una extraña maniobra, se declaró dueña de un inmueble que nunca le perteneció. La estancia era propiedad de Lenga Patagónica, salvo para la jueza Cristiano, que falló en favor del interés de los Loffler y ahora busca un lugar en el Superior Tribunal integrado por un Loffler a través de un concurso del Consejo de la Magistratura que preside el mismo Loffler.

Con estos condimentos, el concurso finalizará desierto o con Cristiano sentándose en la quinta banca, ante la misma mirada silenciosa y cómplice de todo el arco político y judicial de la isla que  observa sin reaccionar, creyendo que hace un buen negocio.