Un cerrajero camina con su valija de herramientas por el pasillo central del edificio de Tribunales, en Ushuaia, el 21 de marzo de 2017.

El empleado de mantenimiento va acompañado de autoridades judiciales y tiene una orden precisa: forzar la puerta del despacho del defensor público Juan Carlos Assan.

El funcionario no está en su puesto desde el 9 de febrero de ese año, cuando el Superior Tribunal de Justicia (STJ) resolvió suspenderlo provisoriamente, luego de que dos días antes, el 7 de febrero, la jueza de instrucción María Cristina Barrionuevo lo procesó por los delitos de “estafas reiteradas y estafa procesal en grado de tentativa en concurso real”. Fue en una causa donde se investigaba la operación de compra de un terreno en un barrio exclusivo de la ciudad de Ushuaia.

Separado del cargo, Assan se negaba de todos modos a entregar la llave de su oficina para que pudiera ocuparla su reemplazante. Y los jueces de la Corte provincial tuvieron que ordenar la apertura de la cerradura por la fuerza.

Parecía un escándalo de proporciones, aunque lo más curioso es que no tenía ni punto de comparación con lo que todavía estaba por suceder.

Porque la historia del defensor Assan tomó otra dimensión cuando trascendió públicamente, en junio del mismo año, que el funcionario judicial estaba siendo investigado penalmente bajo la sospecha de haberle cobrado por sus servicios a uno de sus asistidos en un juicio oral y público, y de haberlo hecho exigiéndole la compra de electrodomésticos para su uso personal.

La denuncia contra Assan fue presentada por el propio jefe de defensores Gustavo Ariznabarreta, quien tomó conocimiento del presunto delito tras entrevistarse con la persona que dijo haberle “pagado” al defensor con un “horno eléctrico y un lavarropas”.

La presentación de Ariznabarreta dio lugar a una causa penal que quedó a cargo de la jueza Barrionuevo, y en la que intervino el entonces fiscal Mayor de Ushuaia, Guillermo Massimi.

Barrionuevo ordenó al menos dos allanamientos vinculados con el caso: uno en la vivienda de Assan en la calle Magallanes, y otro en un terreno del barrio Los Cauquenes, con el objetivo de dar con los electrodomésticos mencionados en la denuncia.

Los defensores públicos no cobran a sus clientes por su tarea en juicios penales, porque para eso cobran un sueldo del Estado, como ocurre con los jueces o fiscales. Si bien el tribunal regula honorarios a los defensores en caso de una condena, esos importes no son para los funcionarios judiciales, sino que se pagan como si fuera una tasa de Justicia y van a las arcas del Poder Judicial.

En el caso de Assan, un condenado en una causa de corrupción reveló que el defensor le exigió honorarios por su tarea en el juicio, y le dijo que “mientras se calculaba el importe final de ese servicio” podía ir “adelantándole pagos” a través de la compra de distintos electrodomésticos.

El relato podía sonar inverosímil, hasta que el cliente de Assan sostuvo que podía demostrar sus dichos, exhibiendo la impresión de una serie de mails que había intercambiado con el defensor público.

Los correos electrónicos, que eran “más de diez” y que fueron incorporados al expediente, hacían referencias “explícitas” a la negociación.

En uno de los mensajes, Assan le reclamó a su asistido por el atraso en la compra de un “horno eléctrico”, y le advirtió que a raíz de ello seguía teniendo “un hueco en la pared de su casa”.

En otro mail, le manifestó que el horno “no llegó”, mientras que también existió un intercambio insólito de correos donde luego de entregado el mencionado electrodoméstico, Assan se quejó de que no era el acordado, planteó el maltrato del que había sido objeto por parte de los empleados del comercio proveedor, y hasta afirmó que sentía vulnerado sus derechos como consumidor.

La causa también involucró, de manera indirecta, a la esposa del defensor, también empleada del Poder Judicial, que habría sido quien fue a retirar el horno al comercio de Ushuaia donde su cliente lo había pagado.

A los pocos días de iniciada la causa, se supo que la policía provincial había encontrado durante los allanamientos ordenados por la jueza Barrionuevo, tanto el horno eléctrico como el lavarropas descriptos en la denuncia.

También trascendió que el funcionario que accedió a pagar con los artefactos era el ex Contador General de la Gobernación durante la gestión gubernamental de Jorge Colazo, el contador Marcelo Rolfo,

Rolfo había sido condenado el 15 de noviembre de 2012 a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para desempeñarse en el Estado, luego del juicio oral y público donde se ventiló la sustracción de fondos públicos a través del pago irregular de cuatro expedientes administrativos por $470 mil en 2005.

El ex Contador General fue juzgado junto al ex subsecretario de Obras Públicas Jorge Domínguez, al ex director de Administración Financiera Luis Bernales Díaz y al comerciante Dardo Montané.

El fallo fue dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal integrado por los jueces Alejandro Pagano Zavalía, Roberto Jorge Magraner y Maximiliano García Arpón, y en ese juicio, Rolfo fue defendido por Assan.

El dato es importante porque, según Rolfo, cuando la sentencia quedó firme en 2014, Assan le cobró con electrodomésticos su tarea en ese proceso.

La jueza Barrionuevo citó finalmente a Assan a prestar declaración indagatoria, el 21 de agosto de 2017. Ese día, el defensor intentó justificar el cobro por sus servicios, pero la declaración prestada por su defendido desmintió la versión y complicó aún más su situación. La jueza le imputó formalmente el delito de “exacciones ilegales”.

Unos días después, Assan presentó su renuncia al cargo, que fue inmediatamente aceptada por el Superior Tribunal de Justicia. De esta forma, consiguió que se tornaran “abstractas” las investigaciones que pesaban en su contra ante la propia Corte y ante el Consejo de la Magistratura.

No obstante, la causa penal continuó, y el 11 de octubre, Barrionuevo dictó el procesamiento del defensor por el delito de “concusión” en perjuicio de la administración pública fueguina.

A fines de 2019, el Superior Tribunal de Justicia rechazó la posibilidad de enviar a mediación la causa de los electrodomésticos, como había pretendido la defensa de Assan y había rechazado la Fiscalía y el Tribunal de Juicio en lo Criminal de Ushuaia en agosto de 2018.

El juicio iba a realizarse en febrero de este año, pero pocas horas antes, la Fiscalía, la Defensa y el Tribunal acordaron utilizar el mecanismo de omisión de debate, y el proceso judicial nunca se llevó a cabo.

Assan fue condenado finalmente a un año de prisión en suspenso y aun año de inhabilitación, una pena mínima si se la compara con el escándalo de proporciones que protagonizó.