A veces, la lógica de un escándalo es ser tapado por otro de igual o mayor intensidad. Algo de eso sucede con la historia del ex juez penal de la ciudad de Río Grande, Héctor Daniel Ochoa, que accedió al cargo en lugar de una candidata a magistrada en apuros.

Ochoa llegó a ser juez en reemplazo de Sandra Pesclevi, quien había sido seleccionada por el Consejo de la Magistratura pero no pudo jurar en el cargo por un pequeño detalle: el día de la ceremonia estaba presa en Buenos Aires.

En reemplazo de Pesclevi, y seleccionado por el mismo Consejo, asumió Ochoa, en agosto de 2003. El letrado ejerció la titularidad del Juzgado de Instrucción durante once años y siete meses, hasta que a comienzos de 2015 quedó involucrado en un escándalo igual o peor que el de su antecesora. Vamos a hablar de eso.

En marzo de 2015, Ochoa fue denunciado ante la propia Justicia, bajo la sospecha de que regenteaba su propio estudio jurídico en Buenos Aires, mientras en forma simultánea ejercía la magistratura en la provincia.

La denuncia penal fue realizada por el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Tierra del Fuego, el camarista Julián De Martino, quien a su vez había recibido otra presentación, dando cuenta del hecho, por parte del abogado riograndense Alejandro De la Riva.

Según De la Riva, el juez figuraba como uno de los “titulares” del “Estudio jurídico integral Ochoa y Zanello”, con domicilio en la avenida Callao 441, piso 13, departamento A de la ciudad de Buenos Aires.

No solo eso, en el sitio web del estudio, Ochoa se presentaba como juez penal de Tierra del Fuego, y la misma página ofrecía entre los servicios del estudio, su competencia en los tribunales de la provincia.

El denunciante reveló que el juez compartía la titularidad del estudio con el abogado Matías Zanello, quien “además de ser su yerno”, se matriculó como letrado en Río Grande y fijó como domicilio legal en esa ciudad, a la vivienda que habitaba el propio magistrado.

En efecto, en el sitio web del Colegio Público de Abogados de Río Grande, Zanello aparecía con el número de matrícula 677, desde el 22 de agosto de 2014, y con domicilio legal en la calle Monzón Elizoldo 7246, coincidente con la casa del juez.

“Por supuesto, apenas denuncié el caso ante el Colegio de Abogados y la Asociación de Magistrados, el sitio web del estudio fue modificado, pero yo ya había impreso toda la información y en Internet está repleto de pruebas que confirman la pertenencia de Ochoa al estudio jurídico”, amplió De la Riva en su denuncia.

Entre esas pruebas, mencionó desde la sugestiva dirección de mail del estudio: [email protected],  hasta la página de Facebook de Zanello donde figuraba como actividad laboral el “Estudio Jurídico Integral Ochoa Zanello”.

La causa penal contra el juez recayó en el entonces fiscal Mayor de Río Grande, Guillermo Quadrini, quien de inmediato firmó un requerimiento de instrucción y le imputó al magistrado la presunta comisión del delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Como consecuencia de ello, el juez Correccional de Río Grande en ese momento, Pablo Bramatti, dispuso el allanamiento del domicilio de Ochoa, en busca de indicios que confirmaran la relación con el estudio jurídico porteño.

La medida se cumplió sin la presencia del magistrado, quien se encontraba de licencia médica y que desde noviembre de 2014 estaba ausente de la provincia.

Por su parte De Martino, titular de la Asociación de Magistrados, dijo que se trataba de “un hecho intolerable” y que el acusado “no iba a tener ninguna defensa por parte de esta asociación”.

De Martino también deslizó que además de radicar la denuncia penal, había puesto en conocimiento del caso al presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, Javier Muchnik.

“Si existe o no delito, lo va a determinar la Justicia, pero también deberá evaluarse el comportamiento ético del juez aún en caso de que el hecho no sea tipificado como un ilícito”, advirtió De Martino por esos días.

El caso llegó, además, al Consejo de la Magistratura, donde se inició un expediente pocos días después.

El organismo se reunió en sesión extraordinaria e instruyó al presidente del cuerpo, el juez del Superior Tribunal Gonzalo Sagastume, para que realizara la investigación preliminar al inicio de un jury de enjuiciamiento en contra de Ochoa.

Los miembros del organismo encargado de seleccionar y remover a los jueces provinciales también tomaron conocimiento del oficio proveniente del Ministerio Público Fiscal del Distrito Judicial Norte, donde figuraba la acusación contra el magistrado.

Los consejeros dispusieron “la producción de medidas de prueba urgentes, quedando habilitado (el presidente) para disponer las que entienda pertinentes, así como para comisionar al personal de este Consejo si fuera necesario a tales efectos en esta u otras jurisdicciones”.

Mientras tanto, Ochoa tuvo por entonces un fugaz regreso a su despacho aunque volvió a tomarse una licencia médica, mientras aguardaba el resultado de la investigación que lo involucraba.

Ochoa también habló por esos días con varios medios de comunicación y efectuó un descargo público, en el que negó ejercer la profesión de forma particular y se despegó de las páginas de Internet donde se promocionaban sus servicios como parte de un estudio jurídico en el que también se desempeñaba su yerno.

En su versión de los hechos, Ochoa pareció responsabilizar a su pariente por los avisos sobre el estudio jurídico, y repitió que desconocía esas páginas y que nunca había autorizado su contenido.

“Puedo jurar que no sabía que existía esa página. No la he visto y me han comentado que es muy burda. No puedo ejercer en ningún lado y siempre he sido consciente de las inhibiciones que uno tiene”, dijo el juez, pero no habló de la página de Facebook o del sitio Linkedin donde también aparecía como miembro del estudio de abogados, junto con su yerno.

“Sufro una condena social anticipada, y esta condena social está teniendo una repercusión muy grande”, manifestó el magistrado, y precisó que aún no había sido citado a prestar declaración indagatoria en la causa penal y que tampoco lo habían llamado del Consejo de la Magistratura.

Sin embargo, unos días más tarde, Ochoa consiguió una salida decorosa de la compleja situación en la que estaba.

El juez logró que el Superior Tribunal de Justicia le aceptara formalmente la renuncia a su puesto, con lo que se tornó abstracta la investigación que había iniciado el Consejo de la Magistratura para destituirlo a través de un jury.

En ese sentido, la salida del juez se produjo en medio de un confuso escenario. Es que Ochoa estaba de licencia médica y en Buenos Aires cuando se conoció la denuncia en su contra. El 17 de abril de 2015 se difundió que había regresado a la provincia, y que tras un breve paso por el juzgado, le habían concedido una nueva licencia médica. Sin embargo, el Superior Tribunal comunicó la aceptación de la renuncia a partir del mismo 17 de abril. Es decir que nunca se supo con certeza si el juez tomó licencia o presentó la renuncia aquel día, y en todo caso si presentó la renuncia, por qué se informó que estaba de licencia.

Lo concreto es que el titular del Juzgado de Instrucción Nº2 logró que le aceptaran la renuncia el miércoles 29 de abril, mientras que sobre la causa penal en trámite nunca se informó sobre la existencia de mayores avances. Ochoa se fue de la provincia, después de haber sido juez, y de haber tenido un estudio jurídico propio.