Más de veinte días después de que el sitio Noticia de Tapa revelara la adjudicación directa por parte del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) de los seguros contra incendios de todos los adjudicatarios de viviendas sociales a una empresa vinculada con la familia Loffler, ninguna autoridad se ha visto en la necesidad de brindar alguna explicación acerca de lo sucedido.

Es curioso porque se trata de un negocio millonario, otorgado sin licitación pública ni concurso de precios, y a pesar de observaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas.

Nada de ello pareciera tampoco llamar la atención de dirigentes opositores (si es que tal cosa existe) y mucho menos la noticia movilizó una actuación de oficio por parte de los fiscales provinciales, ante la presunta comisión de un delito.

Incluso todos estos actores sociales pasaron por alto que la modalidad con la que se estructuró la operatoria es similar a la detectada en otras áreas del Estado, e incluso a la ley de “seguro solidario de sepelios” que el Gobierno no pudo aplicar todavía debido a la cadena de rechazos que generó.

En el caso del IPV, las autoridades identificaron como un problema que la mayoría de los adjudicatarios de viviendas sociales no tenían contratado un seguro contra incendios.

A partir de ello, firmaron un convenio de “cooperación” con una empresa en particular, “Swiss Medical Group” (SMG) y por ese documento (sin concurso ni licitación) le adjudicaron en forma directa la facultad de gestionar las pólizas de seguro con cada adjudicatario de vivienda social de la provincia.

Igual que sucedió con la “ley de sepelios”, los titulares de créditos que ya tenían un seguro anterior contratado tuvieron que salir a demostrarlo y a pedir que le “dieran de baja” a la póliza de SMG, y quienes no tenían seguro perdieron la posibilidad de contratar a otras compañías del mercado, incluso con precios más bajos.

Pero no solo eso. El 30 de marzo de este año, quien se presentó por nota ante la presidenta del IPV, Leticia Hernández, para cobrar las primeras “4802 pólizas” por un total de “$9.503.158” fue “Alejandro Martín Deanes”, como “productor asesor de seguros” y en nombre de SMG.

Deanes publicita su empresa aseguradora en las redes sociales como “Loffler Deanes Asesores de Seguros”, junto a Juan Matías Loffler, uno de los cinco hermanos de la familia con más influencia en la política actual de la provincia. De hecho, Damián “Loly” Loffler es legislador provincial desde 1999 y es el actual vicepresidente primero de la Legislatura, mientras que su hermano Ernesto “Nené” Loffler es juez del Superior Tribunal de Justicia.

Lo cierto es que Deanes y Juan Matías Loffler tienen numerosos vínculos. Por ejemplo, ambos fueron secretarios del Concejo Deliberante de Río Grande en 2011. Deanes secretario legislativo Loffler secretario administrativo.

Por otra parte, son socios en la empresa Maloy SRL, dedicada a la explotación integral de establecimientos gastronómicos.

Por si faltaba algo, al firmar la nota de solicitud de pago ante el IPV, Deanes consigna el domicilio 11 de Julio 798 de la ciudad de Río Grande, una propiedad asociada a varios emprendimientos de los Loffler: allí funcionó el estudio jurídico de la familia y el ex Café Balcarce, entre ellos.

Por ejemplo, al momento de presentar su currículum ante el Consejo de la Magistratura de la provincia, para postularse a juez del Superior Tribunal, Ernesto Loffler admitió haberse desempeñado en un estudio jurídico “de mi propiedad” ubicado en “11 de julio 792”, o sea la misma construcción que la aseguradora de su hermano y Deanes.

Seguro obligatorio

En la actualidad, el IPV posee unos 8000 créditos activos de viviendas sociales. Los adjudicatarios de viviendas firman cada uno un convenio con el organismo, que en su cláusula decimosexta los obliga a contratar un segundo contra incendios en el término de 30 días.

Como según el organismo, la mayoría de las personas no cumplía con la contratación del seguro, se resolvió encarar una solución integral imponiéndoles las pólizas a los ocupantes de los departamentos.

Lo curioso es que, en lugar de realizar un concurso de precios, licitación pública o privada, el organismo optó por firmar un “Convenio de Cooperación” con la empresa SMG, de forma directa.

Ese documento establece que la empresa realizará un censo de adjudicatarios y les “ofrecerá” a cada uno la póliza, mientras que a quienes ya la posean se les propondrá ampliarla con un seguro de vida.

De esta forma, lo que fue presentado como una “cooperación” entre el IPV y la compañía, fue en realidad una contratación directa y millonaria, ya que en los anexos del mismo convenio se estableció el precio del seguro en $1980 por cada unidad habitacional. Si se considera un universo de 8000 viviendas sociales, el negocio potencial es de $15,8 millones mensuales y $190,08 millones anuales.

En la práctica, una vez suscripto el convenio, el IPV comenzó a notificar a los adjudicatarios sobre la obligatoriedad de contratar el seguro, en incluso comenzó a enviar las boletas para realizar el pago de las pólizas.

Los usuarios que ya tenían un seguro contratado tuvieron que pedir la “baja” del nuevo, y se conocieron casos de personas que igual tuvieron que pagar ambas prestaciones.

Mientras tanto, otras aseguradoras locales ofrecían en promoción, el mismo seguro, a un valor de $1023 mensuales.

Antes del comenzar a aplicar el convenio, el IPV acudió en consulta al Tribunal de Cuentas de la provincia. El organismo de control advirtió en un informe que no se podía obligar a los adjudicatarios a contratar un seguro de vida, cuando el convenio solo imponía la obligación de un seguro contra incendios. Pero, lo que es más importante, el tribunal dejó en claro que la operatoria involucra una contratación entre terceros ajenos al Estado, donde el IPV es un “mero intermediario” y no debe hacer frente a ninguna erogación económica.

Pese a ello, la posibilidad de un perjuicio al Instituto apareció cuando SMG pretendió cobrar la totalidad de los seguros facturados, con independencia de que hubieran sido pagados o no por los adjudicatarios de las viviendas.

Ante ello, el propio Área Financiera del IPV advirtió en documentos internos la inconveniencia de hacer pagos que no hubiesen sido efectivamente percibidos por el organismo.

Uno de esos documentos, al que accedió este medio, señala que teniendo en cuenta que “en los últimos 10 años” el IPV tuvo que hacer frente a “seis reconstrucciones” por incendios, el pago de seguros (haciéndose cargo de la mora de los usuarios) implicaría afrontar una erogación “once veces mayor al inconveniente que se pretende solucionar”, razona el informe interno del área Financiera.

Broker y funcionario

Una última singularidad de la operatoria de seguros contra incendios del IPV la constituye que Deanes, el bróker que firma la nota solicitando el pago de las pólizas, es funcionario del Gobierno Nacional.

En ese efecto, el socio de los Loffler en Río Grande ocupa el cargo de delegado de la Comisión Nacional Reguladora del Transporte (CNRT) en la provincia.

Es decir que mientras cobra un sueldo como funcionario nacional, y controla el transporte en la provincia, Deanes también aprovecha su tiempo libre para dedicarse al negocio de los seguros, no solo en el ámbito privado, sino a través de contrataciones millonarias con el Estado como es el caso del IPV.