Una de las mayores concesiones del Poder Judicial de Tierra del Fuego respecto del poder político, fue la aceptación del inédito régimen de jubilación anticipada obligatoria instaurado en 2000, al comienzo de la gestión del ex gobernador Carlos Manfredotti.

Manfredotti impulsó la ley provincial 460 que incluía la jubilación anticipada de magistrados, con la idea de llevar a cabo el reemplazo de buena parte de la cúpula judicial, por jueces afines.

Los entonces miembros del Superior Tribunal de Justicia, lejos de plantear el principio de inamovilidad de sus cargos, y por lo tanto la imposibilidad de ser obligados a jubilarse, aceptaron el nuevo régimen y comenzaron a renunciar.

En realidad, algunos de los jueces de mayor jerarquía, como Tomás Hutchinson, habían participado de la redacción del sistema jubilatorio con el que luego se beneficiaron.

Pero más increíble todavía resultó que cuando el sistema jubilatorio finalmente colapsó, los mismos jueces jubilados de privilegio que habían contribuido a fundir el sistema, empezaron a presentar demandas judiciales.

La mayoría de esos reclamos estuvieron vinculados a la reforma previsional instaurada a través de un paquete de leyes sancionado por la Legislatura provincial poco después de la asunción de la ex gobernadora Rosana Bertone, a comienzos de 2016.

Por imperio de esas normas, los jueces jubilados fueron obligados a realizar aportes extraordinarios durante un período de emergencia, con el objetivo de generar un “Fondo Solidario” que ayudara a equilibrar las cuentas en rojo de la caja de previsión.

Las demandas de los magistrados apuntaron, por supuesto, a la ilegalidad de esas leyes, al reclamo de los importes descontados y al pago de retroactivos desde su entrada en vigencia.

Esa actitud contrastaba con el verdadero sacrificio que estaban haciendo otros sectores de la sociedad para intentar salvar al sistema. Porque los aportes al Fondo Solidario también habían sido impuestos para los trabajadores en actividad, y porque había jubilados necesitados que cobraban sus haberes en cuotas debido a que el organismo no podía reunir los fondos necesarios para el pago regular de los haberes completos.

En ese escenario, parecía casi una burla que quienes habían ostentado las máximas jerarquías del Poder Judicial, y habían accedido a las mayores jubilaciones de la provincia con apenas cinco años de aportes al sistema, demandaran al mismo Estado que los había privilegiado, sabiendo del contexto de crisis general.

De acuerdo a un relevamiento realizado por el propio sistema jubilatorio, en julio de 2017 ya eran 54 los ex magistrados demandantes contra el organismo por el mismo motivo. Todos ellos planteaban la inconstitucionalidad del Fondo Solidario, establecido por la ley 1062 de emergencia previsional.

Entre los casos más destacados de esas demandas se encontraban el del ex integrante del Superior Tribunal de Justicia Félix González Godoy, pero también el de algunos ex camaristas, como Mario Eduardo Basso.

Otro de los litigantes contra la constitucionalidad del fondo solidario fue el ex camarista Civil Francisco Javier de Antueno, titular de un jugoso haber pasivo y también beneficiario del régimen de jubilación anticipada. Y la ex jueza Civil de Ushuaia María Adriana Rapossi, quien había accedido a la jubilación en diciembre de 2013.

A los reclamos judiciales por no aportar al Fondo Solidario se sumaron también los juicios de magistrados en funciones, que pedían no ser incluidos en las nuevas normas jubilatorias.

Es que la reforma del gobierno de Bertone establecía requisitos más estrictos para acceder a la jubilación y nuevas formas de determinar el haber, menos convenientes que las anteriores.

En ese contexto, varios jueces argumentaban haber cumplido las exigencias jubilatorias con el régimen anterior, y requerían no ser jubilados bajo el flamante sistema.

Uno de los casos más llamativos fue el del ex integrante del Superior Tribunal de Justicia (y ya nombrado) Tomás Hutchinson.

Recordado por haber colaborado en la redacción de las jubilaciones de privilegio, el experto en derecho administrativo es, además, el jubilado mejor pago del sistema. Sin embargo, ello no le impidió demandar a la Caja de Previsión Social en 2019, para elevar aún más sus haberes.

Hutchinson se había jubilado en 2000, cuando tenía 59 años de edad y había aportado a la caja durante apenas 5 años y 2 meses. Es decir que en 2019 llevaba cobrados 222 meses de jubilación luego de haber aportado 62 meses al sistema.

De todos modos, le parecía injusto realizar los aportes extraordinarios fijados por las leyes de emergencia económica de la caja, y por eso inició acciones judiciales.

El ex magistrado planteó una demanda ante el Superior Tribunal que antes integraba, solicitando el cese de las retenciones –a través de una medida cautelar- pero también las diferencias no percibidas “desde enero de 2016 hasta el dictado de una sentencia”.

“El haber jubilatorio es de carácter alimentario y su reducción o suspensión importan grave daño”, aseveró el planteo del ex juez fueguino que ganaba, en aquel momento, el equivalente a tres sueldos de la gobernadora en funciones.

Su caso fue un símbolo, igual que lo había sido su jubilación.

Jueces que en lugar de proteger la Constitución salvaguardaron sus bolsillos, y que cuando colapsó el sistema jubilatorio, en lugar de comprenderlo, presentaron demandas lapidarias como si fueran pobres ciudadanos despojados de sus derechos.

Ese es el corazón de la justicia prebendaria. El alma de la Justicia Adicta que supimos concebir.