Entre agosto y octubre de 2014 tuvo lugar una situación increíble en la Justicia de Tierra del Fuego. Un prestigioso abogado de Buenos Aires, defensor de un ex funcionario acusado en la causa de corrupción denominada “Contabilidad paralela”, denunció la existencia de firmas falsificadas de dos jueces provinciales, plasmadas en distintos expedientes.

Más allá de la trascendencia de la denuncia, lo ocurrido fue más grave por el comportamiento de los diferentes organismos judiciales a la hora de investigar los hechos. Es decir, más escandaloso que la presunta falsificación de las rúbricas de los magistrados, resultó cómo se las ingeniaron las instituciones involucradas para no llegar nunca a la verdad de lo sucedido.

El denunciante fue Alberto Bovino, especialista en derechos humanos y conocido por su desempeño en el área de litigios del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

En 2014, Bovino había sido contratado para defender a Félix Donamaría, el ex Contador General de la provincia en el último semestre de la gestión gubernamental de Carlos Manfredotti, y condenado a prisión en el marco del conocido como “Escándalo de la contabilidad paralela”, un caso de corrupción de la época donde se investigó una serie de gastos públicos realizados por afuera de los mecanismos propios del Estado.

En el contexto del ejercicio de esa defensa, el profesional reveló haber accedido a los expedientes donde aparecían las supuestas firmas falsas.

Según el detalle de la denuncia, los jueces involucrados eran los entonces integrantes del Tribunal de Juicio de Ushuaia Roberto Jorge Magraner y Maximiliano García Arpón, aunque también el secretario del mismo tribunal, Jorge Novarino.

En relación a García Arpón, el caso se vinculaba a una década antes, cuando se desempeñaba como secretario del ex juez de instrucción de Ushuaia, Leandro Álvarez.

La que aparecía como supuestamente apócrifa en un escrito judicial (por lo menos) era la firma del ex juez Álvarez, por lo que la inconducta de García Arpón consistiría en haber dado fe (ya que su propia firma aparecía abajo en el escrito) de la firma falsa. La denuncia también requería que se investigara si había sido el propio García Arpón el que imitó la rúbrica del ex magistrado.

Por otra parte, en el caso de Magraner, fue presentada con la denuncia, la copia de un oficio donde su firma difería a simple vista de la estampada en otros escritos judiciales. De ello se desprendía que Magraner no estaba acusado de falsificar una firma, sino que le habrían falsificado la firma a él. De todas maneras, la denuncia requería investigar si el juez estaba en conocimiento de la situación. Y también se ponía en tela de juicio el accionar del secretario Novarino por haber dado fe de una firma que sería falsa o por haber sido el autor de esa falsificación.

Bovino aportó una pericia caligráfica privada donde se compararon las firmas de un modo específico.

El estudio realizado por Gastón Federico Latour, calígrafo público nacional y especialista en criminología, matriculado en el tomo IV folio 38 del Colegio de Calígrafos Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, aseguraba que las firmas eran falsas.

A comienzos de septiembre de 2014, el juez Gonzalo Sagastume dio a conocer un informe preliminar en el que, como presidente del Consejo de la Magistratura, propuso a sus pares desestimar la denuncia de Bovino sin la realización de una pericia caligráfica, postulando quedar a la espera de la resolución de la causa penal, donde se investigaba el caso de forma paralela.

Sagastume señaló en ese escrito que el ámbito penal era “el marco legalmente adecuado a través del cual finalmente, podría establecerse la veracidad de los hechos denunciados.

El Consejo de la Magistratura se tomó una semana antes de volver a sesionar y de resolver, en sintonía con el informe de Sagastume, el archivo de la denuncia de Bovino.

Esa sesión también es recordada porque incluyó otro papelón: los consejeros decidieron no autorizar la transmisión en vivo de las deliberaciones que pretendía realizarse por radio.

Agotadas las instancias en el organismo encargado de supervisar la actividad de los jueces, al caso de las firmas falsas todavía le quedaba la faz penal.

Así fue como, en octubre de 2014, la jueza de instrucción María Cristina Barrionuevo dictó una resolución desestimando la causa, es decir, sosteniendo la inexistencia de firmas falsificadas en los expedientes.

Lo llamativo es que, para llegar a esa conclusión, Barrionuevo evitó comparar caligráficamente dos de las rúbricas cuestionadas, y utilizó un mecanismo de razonamiento que, lejos de despejar las dudas existentes, generó una sospecha pública todavía mayor. Es que la jueza nunca mandó a comparar las firmas de una forma lógica.

Una explicación en términos sencillos podría ser: supongamos que tenemos dos firmas, una llamada X y otra Y. La jueza mandó a buscar expedientes donde existieran más firmas Y. Y le ordenó al perito que comparara Y con Y, pero nunca X con Y. De esta manera, por pura lógica, existe la posibilidad cierta de que el perito haya comparado dos firmas falsas, y haya llegado a la conclusión de que fueron realizadas por la misma persona. Como se dijo, ello no despejaba las dudas.

El caso de las firmas falsas, que finalmente no lo fueron según las pesquisas judiciales, merece ser recordado por varios motivos. Sin embargo, lo más emblemático sigue siendo la constatación de cómo el sistema de controles se abroqueló detrás de posiciones que parecieron más corporativas que oficiosas. Las formas se fueron amoldando al resultado y la búsqueda de la verdad dejó de importarles a todos. Como tantas otras veces.