Vamos a hablar hoy de jueces de Tierra del Fuego con pasado oculto. Comenzaremos por la historia de Mario Eduardo Basso, quien primero fue conocido en la provincia por protagonizar una serie de hechos escandalosos, y después se descubrieron sus antecedentes vinculados con la última dictadura militar.

Basso se postuló para ser camarista penal el 7 de diciembre de 1993, a poco de fundarse el Poder Judicial fueguino y cuando tenía 50 años.

Seis años más tarde, el 23 de diciembre de 1999, fue indagado en una causa penal, por el presunto delito de “privación ilegítima de la libertad”. Se lo acusaba, junto al ex camarista Héctor Reynaldo Yarade, de haber demorado sin motivo la liberación de Adan Gola y Mario “Lobito” Ampuero, dos imputados en el caso de un robo a un camión blindado de la empresa Brinks.

En su defensa, Basso confesó sin tapujos la estrategia que habían pactado en secreto los máximos referentes de la corporación judicial, y los referentes del gobierno justicialista de Carlos Manfredotti, que se disponía a asumir en el cargo a los pocos días.

Manfredotti quería producir una brusca renovación de la cúpula judicial para nombrar jueces afines, y varios de los magistrados querían jubilarse con un régimen de privilegio, dado que tenían muy pocos años de aportes al sistema previsional fueguino.

En ese contexto que Basso declaró ante el propio magistrado que lo juzgaba: “estuve, como integrante de la Asociación de Magistrados y Funcionarios, realizando un estudio para plantear la posibilidad de una ley de jubilaciones especial para aquellos que hayan cumplido cinco años trabajando en la provincia”.

Después de esta confesión, el camarista fue sobreseído en la causa penal, mientras que su jubilación prematura en el año 2000 (bajo el sistema que él mismo reconoció haber colaborado en escribir, instaurado por la ley 460) le permitió zafar de la investigación que había iniciado en su contra el Consejo de la Magistratura, por el asunto de los detenidos no liberados.

Según reveló la prensa, Basso percibe aún hoy una de las jubilaciones más altas de la provincia.

Pero vayamos al pasado oculto de ex magistrado.

Nació el 10 de marzo de 1943. Estudió abogacía y se recibió en la Universidad Católica de La Plata.

El 21 de mayo de 1976, dos meses después del golpe de Estado que instauró la última dictadura militar en Argentina, fue designado por el gobernador de facto de la provincia de Buenos Aires como “fiscal en lo Civil, Comercial y Penal” en el “departamento judicial de San Martín”.

Un año después, el 24 de mayo de 1977, se convirtió en juez del Tribunal de Menores Nº2 de la misma jurisdicción, a través del decreto 1174/76 acompañado por la firma de Jaime Smart, entonces ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Meses más tarde, la Policía le trajo a una chica de 3 años y a una bebé de 4 meses que deambulaban solas por una plaza de Villa Ballester.

Las pequeñas resultaron ser Tatiana Ruarte Britos y Malena Jotar Britos. La madre de ambas, Mirta Graciela Britos, acababa de ser secuestrada por un grupo de tareas de la dictadura en la plaza donde jugaban sus hijas. Los militares no se percataron de la presencia de las niñas y se marcharon del lugar. Era el 31 de octubre de 1977.

El padre de Tatiana, Oscar Ruarte, había sido secuestrado en la provincia de Córdoba el 17 de agosto del mismo año. Y poco antes del episodio de la plaza también se habían llevado al padre de Malena, Alberto Jotar.

Basso ingresó a las pequeñas como NN (sin identidad) a pesar de que Tatiana sabía su nombre, el de su hermana y el de su madre. No sólo eso, sino que dispuso su internación en diferentes asilos. Tatiana fue al Instituto Remedios de Escalada de Villa Elisa y Malena a la Casa Cuna.

Después, autorizó el trámite de adopción a favor del matrimonio integrado por Carlos e Inés Sfiligoy, quienes desconocían los pormenores de la historia y actuaron de buena fe. La pareja adoptó a ambas pequeñas debido a las sugerencias de algunos empleados del orfanato, que sabían que ambas eran hermanas.

Por entonces, una de las abuelas biológicas de las niñas visitaba asiduamente el juzgado a cargo de Basso, pero quien luego se convertiría en camarista de Tierra del Fuego le contestaba que no tenía información sobre el paradero de las chicas.

La periodista Graciela Mochkofsky, en su libro “Pecado original. Clarín, los Kirchner y la lucha por el poder” relata el momento del secuestro de las hermanas y la posterior intervención de Basso.

“Un grupo de militares de uniforme bajaron de un micro junto a la plaza de Villa Ballester en que jugaban (las pequeñas) y se llevaron a su madre encapuchada (…) quedaron solas en la plaza durante horas. Al caer la tarde, las encontró un policía. Tatiana le dijo su nombre y que la bebé era su hermana. El policía avisó al Juzgado de Menores Nº 2 de San Martín. El juez Mario Eduardo Basso separó a las hermanas en institutos de menores; las ingresó como NN, aunque Tatiana le dijo cómo se llamaban. Cinco meses más tarde las entregó en adopción a un matrimonio sin hijos anotados en las listas de adoptantes”, señala Mochkofsky en su libro.

También menciona que “una de las abuelas paternas de las niñas, que se había unido a las Abuelas de Plaza de Mayo, se presentó ante Basso con fotos y detalles de Tatiana y Laura, pero el juez dijo que por ahí no habían pasado”.

Otros dos periodistas, Franco Mizrahi y Jorge Repiso, publicaron una nota en la Revista Veintitrés, titulada “Jueces bajo sospecha: investigan a magistrados involucrados en adopciones ilegales”.

En la publicación del 8 de abril de 2010 puede leerse el siguiente párrafo: “El doctor Mario Eduardo Basso atendía el Tribunal de Menores Nº 2 de San Martín y tuvo en su poder la adopción de las hermanastras Laura Malena Jotar Britos y Tatiana Ruarte Britos, hijas de Mirta Graciela Britos, secuestrada en Villa Ballester en octubre de 1977. La labor de Basso está puesta en cuestión porque mientras se llevaba adelante la adopción de la segunda niña, su abuela paterna se presentaba asiduamente en el juzgado preguntando por su nieta. Siempre se iba con la misma mentira a cuestas: sin noticias”.

Según coinciden ambas fuentes, con el paso del tiempo Basso se arrepintió de lo que había hecho y en marzo de 1980 llamó a las abuelas de las niñas y luego al matrimonio adoptivo para informales que habían aparecido las abuelas biológicas.

“Fue el único juez que volvió sobre sus pasos para facilitar el reencuentro. El primero de todos. El que inició la serie que hoy llega a 101 nietos recuperados. La culpa lo hizo volver sobre sus pasos”, reflexionan Mizrahi y Repiso en la nota de Veintitrés.

Por su parte Mochkofsky agrega que el matrimonio Sfiligoy, que suponía algo de lo sucedido por el relato infantil de Tatiana, se prestó al encuentro con las abuelas y colaboró para la búsqueda de la verdad.

De hecho, las chicas permanecieron en casa de sus padres adoptivos y con su apellido, pero recuperaron su relación con la familia de sangre.

Después del episodio de 1977 con las hermanas Britos Ruarte y Britos Jotar, Basso ejerció el cargo hasta 1984. El 12 de abril de ese año recibió el “acuerdo constitucional” a su designación, ya durante el gobierno democrático de Raúl Alfonsín. Y el 7 de septiembre del ´84 renunció definitivamente al juzgado para dedicarse a la profesión en forma independiente.

Todo eso, antes de venir a Tierra del Fuego, a forjar otras historias oscuras, y a recibir una jubilación de privilegio.