domingo 25 de septiembre de 2022 - Edición Nº1768
Dar la palabra » Política » 5 may 2022

La degradación política del Poder Judicial

PODCAST. Justicia Adicta. Capítulo 5: La violación más larga del mundo 3 y final (Por Gabriel Ramonet)

Faltaba algo más. Ya no era simplemente que cualquier empleado, funcionario o juez pudiera ganar más sueldo que el gobernador de turno. Se trataba de evitar la aparición de nuevos planteos en el futuro. De enviar un mensaje que convenciera a cualquier dirigente, de cualquier extracción política y en cualquier tiempo, que intentar postular la vigencia del artículo 73 inciso 4 de la Constitución, tenía un costo. Y así fue.


En una serie de podcast que hoy terminan venimos contando cómo la clase dirigente de Tierra del Fuego se las arregla para violar el artículo de la Constitución que impide a funcionarios de cualquiera de los tres poderes, percibir sueldos superiores al del gobernador. Como ello comenzó en 1993 y continúa hasta hoy, posiblemente se trate de la violación más larga del mundo.

Los primeros en violar el precepto constitucional fueron los jueces del primer Superior Tribunal de Justicia de la provincia, al diferenciar magistrados de funcionarios. Después, a partir de 2011, otros fallos de la Corte, con jueces distintos, interpretaron que el sueldo del gobernador está indeterminado, porque se compone por ítems que no figuran en el recibo de haberes, y a partir de allí empezaron a ganar sobre el tope empleados públicos de los más diversos ámbitos.

Se podría decir que el tope salarial constitucional quedó enterrado para siempre.

Pero el poder siempre corona sus victorias con un aire aleccionador. Faltaba algo más. Ya no era simplemente que cualquier empleado, funcionario o juez pudiera ganar más sueldo que el gobernador de turno. Se trataba de evitar la aparición de nuevos planteos en el futuro. De enviar un mensaje que convenciera a cualquier dirigente, de cualquier extracción política y en cualquier tiempo, que intentar postular la vigencia del artículo 73 inciso 4 de la Constitución, tenía un costo. Y así fue.

En 2020, la propia Justicia que viola todavía el tope constitucional, dictó condena contra el ex legislador Manuel Raimbault, por haber aplicado el límite constitucional a los salarios en 2009 y 2010. Parece increíble, pero así sucedió.

Raimbault había presidido la Cámara legislativa durante la gestión de Fabiana Ríos, y en ese entonces había resuelto no pagarle a ninguno de los empleados y autoridades del cuerpo, un sueldo superior al que percibía, por ese entonces, la gobernadora en ejercicio.

Dos integrantes del parlamento accionaron judicialmente contra la medida y la causa recayó en el Juzgado Laboral de Ushuaia, a cargo del juez Guillermo Sebastián Penza, quien al momento de resolver ya contaba con el antecedente del Superior Tribunal sobre la “indeterminación del sueldo” del gobernador.

Penza hizo lugar a la acción de los empleados legislativos y estableció las costas del juicio “por su orden”, es decir, cada parte (la Legislatura y los empleados) se hacía cargo de las suyas.

Los empleados apelaron lo decidido sobre las costas del juicio, y la Cámara de Apelaciones les dio la razón, estableciendo que las costas debían ser pagadas en su totalidad por la Legislatura.

Tanto en el juicio de los empleados contra la Legislatura, como en el incidente de las costas, Raimbault no fue parte, porque ya no era funcionario, por lo que no pudo establecer si las decisiones se recurrían o se aceptaban, ni pudo fundamentar por qué había aplicado el tope.

No obstante, el Tribunal de Cuentas de la provincia inició un nuevo proceso civil, esta vez contra Raimbault, para cobrarle el “perjuicio fiscal” consistente en las costas pagadas por la legislatura a raíz de su decisión de aplicar el tope en 2009 y 2010.

En esa causa, que se tramitó durante seis años, un fallo de primera instancia dictado por el juez Civil Gustavo González, y otro que suscribieron en 2020 la mayoría de los miembros de la Sala Civil de la Cámara de Apelaciones, condenaron a Raimbault al pago de las costas en el juicio de los empleados legislativos, establecidas en $23.057,59 de la época más los intereses desde el momento de la sentencia.

Según el argumento del juez González, y después de los camaristas Josefa Martín y Ernesto Loffler (el camarista Francisco De La Torre votó en disidencia) aunque en el momento que aplicó el tope salarial todavía no se había dictado el fallo del Superior Tribunal sobre la “indeterminación” del sueldo del gobernador, Raimbault debería haber previsto que eso iba a suceder.

“El accionado no tuvo presente lo manifestado (…) por los organismos que habían demostrado la necesidad de precisar el tema, ya sea legislando o guardando mesura en la interpretación.  En este contexto, debió hacer un análisis de juicio de probabilidad pertinente, al dictar las resoluciones cuestionadas”, escribió la camarista Martín.

“Eso es imponer como estándar la inseguridad jurídica. Yo debería haber hecho magia para imaginarme el fallo que todavía no había dictado el Superior Tribunal, sobre un tema que aún hoy no está cerrado y que en todo caso tiene diferentes interpretaciones jurídicas”, sostuvo Raimbault al conocer el fallo de Cámara.

El ex legislador también cuestionó que se lo haya condenado a raíz de un juicio en el que nunca fue parte ni pudo defenderse.

“Me condenan por el resultado de un juicio en el que no participé, y por la responsabilidad que conllevaba un cargo en el que no estaba al momento de la conducta exigible”, aseguró el ex funcionario.

En relación a las costas, el abogado fundamentó -además- que “constituyen una contingencia del proceso judicial, pero no de la aplicación del tope salarial.

“No son una consecuencia del acto que yo dicté, sino una contingencia de un litigio posterior”, advirtió el letrado, e incluso mencionó que para condenarlo se tuvo en cuenta como fecha de prescripción de la acción, el momento del pago de las costas por parte de la Legislatura, en lugar de la fecha en que dictó las resoluciones aplicando el tope.

“Me demandaron empleados que ganan más que el gobernador, usando como argumento dictámenes del Tribunal de Cuentas cuyos miembros ganan más que el gobernador, y me condenaron jueces que ganan más que el gobernador. Es un claro mensaje de la clase política. No solo siguen sin aplicar el tope después de casi 30 años, sino que ahora dan un paso más y condenan a quienes nos atrevimos a aplicarlo”, aseveró Raimbault.

La condena contra el ex legislador fue recurrida en casación ante el Superior Tribunal de Justicia, cuyos integrantes también ganan más que el gobernador y son los mismos que convalidaron la inaplicabilidad del tope salarial constitucional.

Esa parte del proceso se encuentra todavía sin resolver, aunque el mensaje, ya fue enviado: No te metas con el poder.

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