domingo 25 de septiembre de 2022 - Edición Nº1768
Dar la palabra » Sociedad » 6 abr 2022

La degradación política del Poder Judicial

PODCAST. Justicia Adicta. Capítulo 1: 2007-2021, una historia tan grave como la primera (Por Gabriel Ramonet)

Si me hubiesen preguntado a finales de 2019, la comparación histórica del funcionamiento de la justicia era favorable al período 2007-2019, respecto de lo ocurrido desde la creación del Poder Judicial, a fines de 1993, y hasta 2007. Sin embargo, todo lo acontecido en apenas dos años, desde los últimos meses de 2019 a los últimos de 2021, equiparan la segunda etapa con la primera


Desde la primera entrega del libro Justicia Adicta, en 2007, la pregunta se reiteró en foros de todo tipo: ¿cuándo va a salir la segunda parte?

Y la respuesta fue casi siempre la misma. El trabajo ya está hecho. Fue muy desgastante. No se van a repetir otra vez episodios de tanta gravedad institucional. Me gustaría escribir ficción.

Con el tiempo descubrí algo. Aquella pregunta con guiño de cordialidad, de saludo por la tarea realizada, escondía una preocupación: cuidado porque todo sigue igual.

A fines de 2007, en forma simultánea con la presentación del libro a sala llena en el subsuelo del hotel Cap Polonio, Tierra del Fuego atravesaba una etapa de ilusión y de expectativas a prueba de malos augurios.

La inminente asunción de Fabiana Ríos como gobernadora, primera mujer electa en ejercer ese cargo en el país, en dupla con un hombre “del palo” de la Justicia, como el ex fiscal Carlos Bassanetti, invitaban a una esperanza sin límites.

Ríos y Bassanetti sintetizaban la propuesta del ARI (Afirmación para una República Igualitaria) un partido pequeño que había sumado adhesión popular a partir de su militancia en favor de la transparencia institucional y de la lucha contra la corrupción.

Unos meses más tarde, dentro de un despacho de la Casa de Gobierno y siendo yo secretario de Comunicación de aquella gestión, un ministro trataba de convencerme de lo que iban a hacer.

Pensaban designar a dedo a un integrante del Superior Tribunal de Justicia. No era cualquiera, sino el hermano de la socia del estudio jurídico del ministro Coordinador (o jefe de gabinete) del propio gobierno provincial.

También iban a valerse del mismo sistema de selección de jueces, arbitrario y discrecional, que tanto habían criticado en otras épocas, y que tenían la oportunidad histórica de modificar.

Los años ayudan a ver en perspectiva. Durante la administración de Ríos quizás haya sido el momento en que el Poder Judicial funcionó con mayor independencia. También fue el período en que más avanzaron las causas de corrupción, y cuando más ex funcionarios involucrados en esos desfalcos públicos, terminaron presos.

No hay contradicción entre un párrafo y otro. La realidad es más compleja que la tabla del cuatro. Hay momentos en que todo sucede a la vez.

Lo que no pudo lograrse en aquella etapa crucial fue una verdadera reforma que dispersara los factores de poder atrincherados detrás de la Justicia. Y entonces, la maquinaria siguió haciendo lo que más sabe: abroquelarse, conseguir y mantener privilegios.

Por ejemplo, interpretando a su antojo el artículo 73 inciso 4 de la Constitución provincial, para que no solo los jueces, sino también los funcionarios, los empleados judiciales y, más tarde, cualquier empleado público, pudiera ganar más que el gobernador, a pesar de la prohibición expresa del texto constitucional.

Después avasallaron la libertad de expresión. Mediante una serie de fallos de primera instancia, avalados por la Cámara de Apelaciones y finalmente por el propio Superior Tribunal, pretendieron generar un silenciamiento de las voces disidentes, que empezaban a escasear o a autoreprimirse.

Con jueces jubilados que reclamaban seguir cobrando haberes millonarios, y con magistrados en actividad cada vez menos comprometidos con las causas judiciales de interés público (por ejemplo las de corrupción) la Justicia retrocedió a una etapa de escándalos de todo tipo.

Denuncias por firmas falsas en expedientes, fallos copiados, jueces con estudios jurídicos particulares y defensores que cobraron electrodomésticos a sus asistidos, entre otras maravillas institucionales, decoraron años en donde el juzgamiento de los poderosos terminó siempre en impunidad.

La gestión de la ex gobernadora Rosana Bertone, que al menos no había prometido hacer una reforma judicial, inauguró una etapa de silencios públicos. Sin debates y sin explicaciones, se crearon nuevos juzgados y otra cámara de apelaciones en Ushuaia. Con el mismo e intocable método de selección, sin modificarle un ápice de influencia al devaluado Consejo de la Magistratura.

Con todo, si me hubiesen preguntado en ese momento, a finales de 2019, la comparación histórica del funcionamiento de la justicia era favorable al período 2007-2019, respecto de lo ocurrido desde la creación del Poder Judicial, a fines de 1993, y hasta 2007.

Quiero decir: no se había formado una justicia con jueces de pasado corrupto, ni se la había desguazado años más tarde por un sistema de jubilación anticipada obligatoria, ni aparecían personajes como Ricardo Klass (jefe judicial de la etapa más oscura del Poder Judicial) ni se elegían jueces que no podían jurar porque estaban presos o debían renunciar por sus lazos con la mafia brasileña, como sucedió en la etapa fundacional de la Justicia fueguina y como conté en la primera parte de Justicia Adicta.

Sin embargo, todo lo acontecido en apenas dos años, desde los últimos meses de 2019 a los últimos de 2021, equiparan la segunda etapa con la primera.

La alianza tejida por el gobernador Gustavo Melella con la facción del Movimiento Popular Fueguino comandada por la familia Loffler, para ganar las elecciones de 2019, tuvo derivaciones institucionales impensadas.

Al llegar al poder, el propio Melella arrastraba una situación judicial delicada: lo acusaban penalmente del “abuso sexual coactivo” de tres obreros de la construcción, mientras había sido intendente de Río Grande, en una causa donde también se entremezclaban presuntos negociados con la obra pública.

El juez que debía investigar al gobernador, Raúl Sahade, terminó implicado en un caso de supuestos arreglos de causas en su juzgado.

Y Ernesto “Nené” Loffler, el mayor de la dinastía, pugnaba por coronar su creciente influencia en la Justicia, ascendiendo desde camarista Civil a un lugar en el Superior Tribunal.

La pandemia de coronavirus fue apenas un imponderable, porque en pocos meses, el poder descomprimió lo que parecía imposible: la denuncia contra Melella fue desestimada, igual que la que involucraba a Sahade, el juez de su causa.

La Legislatura amplió el Superior Tribunal de tres a cinco miembros y en apenas sesenta y nueve días, el Consejo de la Magistratura le puso la alfombra a Loffler para su llegada a la Corte.

El poder se concentró tanto como nunca había sucedido desde la provincialización. Se apagaron las voces opositoras y reinó un silencio de cementerio. Fue peor que en otras ocasiones, porque esta vez, casi nadie dijo nada.

Los enemigos de siempre suelen acusarme de haberme obsesionado con el Poder Judicial. Me cuestionan por qué no hablo con la misma precisión de los demás poderes, de los organismos de control y de los lobbys privados.

Tengo muchas respuestas para eso, pero la más elocuente me fue apareciendo con la relectura de Justicia Adicta, tanto de la versión 2007 como la que está por publicarse. No es verdad que estos libros se refieran solamente al funcionamiento del Poder Judicial fueguino. Aparecen aquí descriptos episodios cruciales de la vida política, desempeños legislativos y decisiones fundamentales adoptadas por los diferentes gobernadores. Son protagonistas de muchas de estas páginas las distintas cabezas de organismos de control, igual que la dirigencia gremial y varios empresarios.

Por lo tanto, no será este (ni el anterior) un libro sobre la Justicia. O solamente sobre la Justicia. Es más, pienso que describirá bastante los dilemas que tenemos los habitantes de esta provincia para conformar una sociedad estable. Los conflictos que nos atraviesan. Las pinceladas de nuestra incipiente identidad.

En 2007 se respiraba más libertad en Tierra del Fuego. Había debates sin miedos, y menos recelo en el cuidado de conquistas individuales o sectoriales. Había puja por la conquista de lugares de poder. Oficialismo y oposición. Contrapoderes.

La provincia atraviesa en 2021, una de sus etapas más oscuras. El poder se acomodó de tal forma en los mullidos sillones oficiales, que casi ha prescindido de la confrontación pública. No se discute nada. Todo es distribución de privilegios en las sombras. Vos tenés ésto, pero no hablás. Vos tenés aquello, pero haces esto otro.

Cuidado, no es consenso. No es acuerdo democrático. Es negociación prebendaria. Es pura sujeción de intereses. Guerra solapada. Te mando mis trolls en las redes sociales. Te agredo en sitios anónimos. Te fabrico noticias falsas. Pero vamos todos juntos en la misma lista.

Hoy este libro está destinado más que nunca a la biblioteca de los pecadores. Leerlo, comentarlo, confrontarlo, constituye un acto de rebeldía. Hoy reina el silencio por todas partes, y especialmente en la esfera pública.  La crítica está mal vista. La realidad se ha vuelto una gacetilla oficial.

En medio de tanta confusión, cumplo con dejar testimonio de la época y de los acontecimientos que he podido reconstruir, habiendo renunciado hace tiempo a cualquier pretensión de cambio, pero con la vocación intacta de evitar el olvido de ciertos actos que me avergüenzan.

Imagino una pregunta recurrente en los próximos años: ¿cuándo sale la tercera parte?  Y una respuesta invariable.  Fue muy desgastante. No se van a repetir otra vez episodios de tanta gravedad institucional. Me gustaría escribir ficción.

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