Esta historia es interesante por lo anacrónico que resulta repasarla hoy, en pleno auge de los derechos de identidad, cuando cualquier persona puede cambiarse el nombre de su documento en función de la identidad autopercibida, o hacer constar un sexo no binario, es decir, que se lo catalogue ni como hombre ni como mujer.

Pero a fines de 2007, cuando transcurrieron los hechos que vamos a contar, el contexto era otro, y ni siquiera estaba legalmente permitido el matrimonio igualitario, o sea entre personas del mismo sexo.

Todo comenzó cuando el entonces rector del colegio técnico de Ushuaia declaró a la prensa que a esa institución educativa concurría a dar clases “un hombre vestido de mujer”, y que ello había originado “inquietud” en un grupo de padres.

El rector aclaró que esta persona pedía que lo llamaran por su nombre femenino, aunque en el listado elevado por la Junta de Clasificación Docente, para participar del acto público donde había tomado tres horas cátedra de Historia, el jueves 16 de agosto de 2007, figuraba una identificación masculina.

Según el directivo, el postulante tenía “título, puntaje y merituación” que lo habilitan para acceder al cargo. Además “ya trabajó en otros colegios y no podemos restringir su derecho a ejercer la profesión hasta tanto no evaluemos el desempeño”, afirmó.

La docente contó que el día del acto público donde había tomado las horas, las autoridades de la escuela le habían comunicado que por orden “de arriba” debía confesar a los estudiantes su identidad masculina. Dijo que se negó a hacerlo, y que a raíz de aquel incidente habían comenzado sus problemas en la escuela.

También sostuvo que se consideraba transexual y no travesti, porque si bien no se había sometido a la operación de cambio de sexo, la diferencia consistía en su convencimiento de asumir una identidad femenina en todas las facetas posibles, y no solo a través de un mero cambio de vestimenta.

La docente tenía entonces 27 años. Había nacido en la base militar de Puerto Belgrano, en la ciudad bonaerense de Punta Alta. La madre había fallecido cuando ella tenía apenas ocho meses de vida, y el padre cuando tenía siete años. Desde entonces se había criado con sus tres hermanos mayores, a quienes cocinaba y se ocupaba de las tareas domésticas.

Durante la adolescencia, ya convencida de su condición, había estudiado el secundario y luego el profesorado de Historia con especialización en Ciencias Sociales para dictar clases en los niveles EGB3 y Polimodal, al tiempo que trabajaba en Bahía Blanca.

En abril de 2006 se había mudado a Ushuaia. Había hecho los trámites para incorporarse al listado legal de aspirantes a acceder a horas cátedra y había aguardado su oportunidad de tomar horas. En el ínterin había dado clases particulares. En el momento de la polémica tenía tres horas de Historia en la escuela técnica y tres en el colegio José María Sobral, en ambos casos con alumnos de séptimo año. También había accedido a otras dos horas en el Colegio Provincial Los Andes, en este caso del espacio Formación Ética y Ciudadana para estudiantes de primer año del Polimodal. Y antes había cubierto una suplencia en el Colegio Polivalente de Arte.

Los directivos de estos establecimientos sostenían que su desempeño profesional era “irreprochable” y que en varios casos había superado con creces las observaciones de rutina a las clases que realizaba personal especializado de los colegios.

Sin embargo, cuando la situación se hizo pública, enseguida surgieron voces a favor y en contra de que continuara dando clases. Algunos decían que podía ejercer como docente, pero que su condición sexual debía ser comunicada a los padres con anterioridad.

Otros padres, cuyos hijos habían sido alumnos de la profesora, defendieron públicamente su desempeño profesional.

“Los chicos lo toman con naturalidad, sobre todo cuando el adulto no se paraliza, ni se alarma o intenta ponerle palabras extrañas al tema”, dijo la mamá de una estudiante. También contó que su hija le comentó en una oportunidad que “la profesora se viste de mujer pero es hombre”, aunque después se fue olvidando de la identidad sexual de esta persona y terminó valorando que explicaba muy bien.

Otros padres no opinaban lo mismo. “A mí por lo menos me gustaría que me avisen”, sostuvo el papá de uno de los alumnos de la docente.

“No sé si mi pensamiento es distinto al de la mayoría, pero creo que si alguien que va a tratar con mi hijo adolescente adentro de una escuela pública, tiene esta condición, quiero enterarme antes y por carriles más oficiales, no de casualidad, ni por los medios ni de rebote”, afirmó.

Otro papá, de nombre Ricardo, fue más tajante: “es un hombre disfrazado de mujer. En el documento figura como hombre y de ese modo accedió al cargo. No existe otra posibilidad. Que dicte clases como varón o que se vaya”.

La discusión duró un tiempo, hasta que la docente se animó a dar una entrevista pública.

“No me siento un fenómeno extraordinario ni un caso para debatir. Trato de vivir con naturalidad y de no dar explicaciones sobre mi intimidad”, sostuvo. “Pensé que algo iba a pasar, pero no que se iba a armar semejante escándalo. Da la sensación de que tengo que explicar a cada rato quién soy”, se lamentó.

Melina Gutiérrez, como quería que la llamaran, sostuvo que los estudiantes siempre la habían tratado con respeto.

Un grupo de padres seguía molesto y amenazó con una denuncia judicial “en defensa de los derechos de los niños”. “Un hombre que acude a dar clases disfrazado de mujer falsea la identidad, y eso es ilegal”, acusó.

Este padre no puso en duda la “capacidad intelectual” de la profesora pero advirtió que su condición podría afectar a los estudiantes “justo en la etapa de su afirmación sexual”, dado que “los maestros enseñan también con el ejemplo”.

Pero la queja de los progenitores se topó con un fuerte respaldo institucional hacia la docente. El entonces titular de la Oficina Provincial de Defensa de los Derechos de los Niños y Adolescentes, Guillermo Gowland, aseveró que la permanencia de un transexual a cargo de un grupo de alumnos “no vulnera ningún derecho siempre y cuando cumpla adecuadamente con su función educadora. A los chicos habría que decirles que existe el derecho a la preferencia sexual”, razonó el funcionario, y agregó que los estudiantes “no tienen porqué enterarse la verdadera identidad de los docentes porque eso es una cuestión privada”.

Por su parte la entonces subsecretaria de Derechos Humanos de Tierra del Fuego, Fabiana Nodar, adelantó que en caso de que se le cercenara a Melina su “libertad de trabajo” podría “encuadrarse un caso de discriminación”.

El gremio docente de Tierra del Fuego también se pronunció en defensa “del derecho a la identidad” y “en contra de toda forma de intolerancia”. El sindicato recalcó que la elección sexual de la docente encuadra en el plano personal y destacó que “mientras no incida en el normal desarrollo de su rol pedagógico, queda absolutamente fuera de discusión”.

El caso conmovió, incluso, a la gobernadora electa de la provincia, Fabiana Ríos, quien a pesar de no haber asumido todavía el cargo igual salió en apoyo de la profesora transexual. “Las cuestiones de orientación o identidad sexual no afectan de ningún modo la función docente y son decisiones de índole privada. Lo que debe prevalecer es la capacidad, el mérito y el desempeño en la función, que en este caso, por las opiniones que hemos recibido hasta el momento, son por demás satisfactorios”, señaló Ríos, en cuyo mandado se realizó en Ushuaia el primer casamiento del país entre personas del mismo sexo.

La causa judicial contra Melina fracasó. Las críticas se fueron aplacando. Los derechos de género se fueron abriendo paso entre prejuicios y dogmas morales.

Hoy parece una discusión vieja, gastada. Casi nadie le prestaría atención. Una buena señal de que en algunos aspectos, hemos ido evolucionando como sociedad.