miércoles 01 de diciembre de 2021 - Edición Nº1470
Dar la palabra » Política » 21 ago 2021

Creación de un Seguro de Garantía de Indemnización
 (Por Héctor ¨Tito¨ Stefani)

El propósito es constituir una política pública en materia laboral que permita promover la contratación de trabajadores argentinos en el sector privado, afianzar la inversión en tecnología y, sobre todo, reducir los costos laborales que rigen actualmente.


Por:
Héctor Stefani

Trabajamos en la creación de un sistema de indemnización para los trabajadores en el marco de la nomina salarial sin añadir, aumentar o inventar nuevos conceptos. Se hace a través de un fondo de capitalización que permite indemnizar a los trabajadores ante despidos y es acumulable en materia de antigüedad a lo largo de toda la vida laboral del trabajador sin importar el cambio de empleador.

En caso de despido, cese de actividades o renuncia, el trabajador recibe una remuneración mensual equivalente a su ultimo salario. Percibirá un total de cuotas de indemnización acorde a la cantidad de años trabajados a lo largo de su vida laboral.

El Estado actúa como garante de dicho cobro pero los aportes son destinados a una cuenta bancaria de tipo caja de ahorro a nombre del empleado que solo estará a disposición del trabajador en caso de cese laboral.

En caso de renuncia, la primera cuota se cobra 31 días después de dicha renuncia. En caso de despido, la primer cuota de indemnización siempre está a cargo del empleador.

El Seguro de Garantía de Indemnización es aplicable y acumulable aún en caso de retiro o jubilación. También es hereditario. Para esto, la formula de variación para el Seguro de Garantía de Indemnización tiene un piso y un techo para el empleador y se ajusta acorde a la antigüedad del trabajador.El PEN designará la Autoridad de aplicación en coordinación con la ANSES, el BCRA y la Superintendencia de Seguros de la Nación.

Conforma los el fondo del Seguro de Garantía de Indemnización sin inventar, añadir, aumentar o incorporar nuevos conceptos al costo laboral.

Por qué es necesario este proyecto

El propósito es constituir una política pública en materia laboral que permita promover la contratación de trabajadores argentinos en el sector privado, afianzar la inversión en tecnología y, sobre todo, reducir los costos laborales que rigen actualmente.

Actualmente, la tasa de desocupación oficial se encuentra en torno al 10,2% y afecta a más de 2 millones de personas mientras que la pobreza alcanza a un 42% de la población.

La Argentina cuenta con uno de los sistemas impositivos y cargas tributarias más pesadas sobre la producción en el mundo. Acorde a un estudio del Banco Mundial de enero 2019 la Argentina es el país con mayor carga tributaria sobre las pequeñas y medianas empresas y el más pesado del continente.

En 2019, se calculó que la diferencia entre el costo laboral total para el empleador y el salario neto del empleado alcanzaba el 34,6% mientras que países vecinos de la región como Uruguay, Colombia o Brasil contemplaban porcentajes inferiores. La carga laboral promedio de América latina y el Caribe es de 21,7% según la OCDE.

Según el mismo Ministerio de Trabajo entre febrero del 2020 y marzo del 2021 el empleo registrado cayó un 1% que significa aproximadamente unos 125.000 puestos de trabajo. Afecta principalmente al sector informal que alcanza un tercio de la población argentina.

En lo que concierne a las contribuciones a cargo del empleador, estos tributan mediante la plataforma virtual de la AFIPy según el Decreto 814/2001 modificado por la ley 27.430 de reforma tributaria 2018 un esquema compuesto por los siguientes elementos: Sistema Integrado Previsional Argentino (Ley 24.241; INSSJP-PAMI Ley 19.032; AAFF Ley. 24.717; Fondo Nacional de Empleo Ley 24.013 y la Alícuota Total Al régimen de la seguridad social (a lo que se le suma las obras sociales acorde a la Ley 23.660)

Este sistema hace que la pequeña empresa deba por cada empleado que quiera tomar afrontar un costo laboral de casi 57% del sueldo que se lleva en la mano el empleado, lo que produce que las empresas no tomen gente no por falta de voluntad sino por incapacidad de hacer frente a dicho costo.

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