Vamos a hablar de robos bancarios, pero no de corrupción. No de gobiernos que otorgan créditos sin garantías a los amigos del poder. Tampoco de negociados con bonos, de fondos residuales, de contratación de fuerzas de cobro o de lavado de dinero.

Vamos a hablar de robos más artesanales, sin violencia y también sin aparatos protectores cuidando las espaldas. Robos más osados, más silenciosos, más de plan de película que de asociación ilícita gubernamental.

Vamos a hablar de algunos ejemplos de robos a bancos de Tierra del Fuego, perfectos, impunes, algunos, y también fallidos, en otros casos.

Empezamos por 1996. La sucursal del Banco Nación en Ushuaia compensa importes de dinero con sus pares del Banco de Tierra del Fuego. Lo llamativo es que el traslado del efectivo se realiza a pie, adentro de un maletín, sin seguridad y sin que lo lleven a cabo empleados de mayor jerarquía. Todo va bien hasta que se pierden en el camino 230 mil pesos/dólares de la época.

Según las crónicas periodísticas, el principal apuntado es un ordenanza, un empleado raso al que le suelen asignar la tarea de trasladar el dinero.

En la causa judicial que investigó lo ocurrido, consta que el ordenanza retiraba cifras millonarias de una cuenta especial del Banco Nación, denominada “Cámara Compensadora del Interior”, y se las llevaba a los cajeros del BTF sin que el dinero pasara por Tesorería.

“El ordenanza dejaba el maletín al costado de la caja, y si el cajero estaba ocupado y no tomaba la plata, el maletín quedaba ahí, hasta que lo tomara”, admitió Sergio Gómez, un ex subtesorero del Banco fueguino procesado y luego sobreseído por el delito de “malversación culposa de fondos públicos” -junto a otros ex funcionarios- luego de la pérdida del envío de los 230 mil pesos, que todavía sigue impune.

Un dato. Tras alejarse del Banco de Tierra del Fuego, el ex subtesorero Gómez consigue trabajo en la empresa de caudales Brinks, donde se desempeñó como supervisor.

Diciembre de 2001. 250 mil pesos/dólares que eran transportados desde Río Grande a Ushuaia en un camión de caudales, desaparecen en el camino.

La plata es sustraída de una de las bolsas llevadas por el camión. Unas 10 personas habían tenido contacto con el cargamento de efectivo, pero no se sabe cuál de ellas tiene algo que ver con el robo.

La Policía y la Justicia incluyen en el círculo de sospechosos a quienes despacharon el camión de caudales perteneciente a la empresa Brinks, a las tres personas que viajaban en el vehículo y al personal bancario que intervino en la operación.

El dinero era transportado desde Río Grande a la sucursal de Ushuaia del Banco de Tierra del Fuego.

Era, además, el último viaje de la empresa Brinks, porque las autoridades de la entidad crediticia habían resuelto la contratación de una empresa de la competencia.

Luego de la entrega de los bolsones con los billetes, el tesorero del BTF descubre que uno de ellos había sido violentado y constata el faltante de la plata.

Según el testimonio de un efectivo policial, el camión se había detenido en las proximidades de Tolhuin, por razones no establecidas.

La jueza María Cristina Barrionuevo ordena varios allanamientos y pericias. Busca huellas en el bolsón abierto por él o los ladrones. Esas bolsas eran consideradas de máxima seguridad. Una vez cerradas, se sabe si fueron violentadas en el trayecto.

Pero la plata nunca aparece. Y los culpables tampoco.

Marzo de 2012. El famoso mito urbano según el cual un cajero bancario hizo una fortuna quedándose con los centavos de cientos de cajas de ahorro, tiene su capítulo en Ushuaia, sólo que el protagonista no es un cajero sino un supervisor del Banco de Tierra del Fuego, y las sumas extraídas no llegan a ser millonarias porque el sujeto es descubierto, juzgado y sentenciado por la Justicia.

El empleado es Miguel Ángel Paillacar Andrade. Tiene 34 años en 2006, cuando se desempeña como “supervisor operativo a cargo de la Contaduría de la sucursal Ushuaia del BTF”.

Mediante una maniobra que descubrió luego la Gerencia de Operaciones y el área de Auditoría Interna de la entidad, Paillacar Andrade logra quedarse con el dinero depositado en cajas de ahorro “inmovilizadas”, porque sus titulares habían dejado de operar en ellas por períodos de tiempo prolongados.

Durante el proceso judicial se demostró que Paillacar Andrade identificaba primero las cuentas bancarias de clientes cuyos saldos se encontraban inmovilizados.

Los casos eran variados, pero en general se trataba de personas que ya no vivían en la provincia, y que por algún motivo habían dejado saldos favorables en las cuentas. Un ejemplo es el de una mujer que había hecho un reclamo al ANSES y luego, por haber cambiado de empleo, jamás se enteró de un depósito realizado por la entidad nacional a su nombre mucho tiempo después de efectuada la solicitud.

En otros casos, un hombre vivía desde hacía siete años en Chiloe, Chile, otro en Córdoba, otros tenían domicilios desconocidos o ignoraban que su cuenta siguiera en vigencia.

Lo cierto es que el supervisor, utilizando su clave informática de identificación en el sistema del banco, da de alta a las cuentas inmovilizadas fingiendo un depósito de 100 pesos, que nunca tenía lugar realmente.

Con posteridad, se acerca a la línea de cajeros y les dice a algunos de ellos que el cliente de la cuenta se encuentra en Contaduría pretendiendo extraer el saldo. El cajero le da el dinero en efectivo y dos comprobantes, uno de los cuales es regresado por el supervisor al día siguiente, con una firma falsa del cliente.

Durante el juicio se dio por probado que ese procedimiento, basado en la confianza, era común entre los empleados bancarios.

Usando el mismo “modus operandi”, Paillacar Andrade se fue haciendo de dinero en efectivo regularmente. Su método era paciente y sostenido.

“Las extracciones se efectuaban de manera informal (…) el imputado se acercaba a las cajas solicitando la extracción de dinero de una determinada cuenta, aduciendo para ello que era de un amigo o de otra persona que estaba en el sector de Contaduría, razón por la que los cajeros le entregaban el dinero y dos comprobantes”, escribió el juez Maximiliano García Arpón en los fundamentos de la sentencia.

La Justicia condenó al hombre a dos años y diez meses de prisión en suspenso, más cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, por el delito de estafas reiteradas.

A Lucio Urtubia, un albañil y militante anarquista español, le adjudican haber pronunciado en 1931 una frase que, con el paso del tiempo, fue ganando en popularidad: “¿Qué delito es el robo de un banco, comparado con el hecho de fundar un banco?”