Cuántos movimientos políticos se autopostulan como la única forma de cambiar la realidad. Cuántos medios de comunicación se ufanan de imponer agendas. Cuántos dirigentes de todo tipo se especializan en minimizar el impacto social de las actividades artísticas.

Esta historia sirve para corroborar el supremo poder del arte, y por eso empieza con la exhibición de una película de cine, en la provincia de Corrientes, en el año 2005.

Los que están viendo “Iluminados por el fuego”, el filme de Edgardo Esteban y Tristán Bauer, llevan 23 años de silencio. No pudieron o no quisieron hablar. O tal vez nadie se ha tomado el tiempo y las ganas de indagar en su pasado de horror.

Son ex combatientes de la guerra de Malvinas y fueron convocados por la Subsecretaría de Derechos Humanos de Corrientes. Nada demasiado especial hasta ahí. Un evento más, recordatorio del dolor de la guerra, y de la justicia del reclamo soberano.

Sin embargo, algo pasa. Algo que no estaba previsto. Que nadie tenía en los planes. Al final de la proyección, varios ex combatientes que estaban en la sala se quedan sentados en sus butacas, visiblemente conmocionados y con lágrimas en los ojos.

Al principio todos lo toman como una reacción natural. La respuesta lógica del cuerpo tras la evocación de un conflicto que los tuvo como protagonistas. Actores que hacen de ellos mismos. Realidad y ficción mezcladas y superpuestas.

Pero no era solo eso. El subsecretario de Derechos Humanos correntino, Pablo Vassel, capta de inmediato los alcances de la escena. Habla con ellos. Los invita a charlas posteriores más privadas. Indaga y descubre. El llanto no era solo por evocar la guerra, sino porque en la película, tal vez por primera vez desde 1982, se hace referencia a torturas aplicadas a soldados por parte de oficiales y suboficiales de su propia tropa. Un secreto que todos compartían, y que ninguno se animaba a violar.

La insistencia del funcionario logra resultados. Primero un testimonio, después otro. Vassel recorre la provincia en busca de más relatos. Le lleva dos años reunir 25 historias, y entonces se convence de que ya tiene los elementos para llevar el caso a la Justicia.

Viaja a Tierra del Fuego, y formula la denuncia ante el Juzgado Federal de Río Grande, por entender que se trata del organismo con jurisdicción sobre las Islas Malvinas.

Así nace, en 2007, la causa Nº 1777/07, caratulada “Pierre Pedro Valentín y otros sobre delitos de acción pública”. Y así nace también una batalla todavía inconclusa, para llegar a la verdad de lo ocurrido.

Uno se pregunta: ¿cómo puede ser que 14 años después de aquella denuncia, todavía la Justicia no haya podido, ni siquiera, indagar a la totalidad de los presuntos responsables?

Tuvieron que pasar 11 años, hasta 2018, para que un juez subrogante, Federico Calvete, llamara a prestar declaración indagatoria a los primeros 18 imputados, del total de 95 que acumula el expediente.

Pero ni siquiera ese presunto avance aceleró la investigación. De los 18, solo declararon cuatro en diciembre de 2019: Eduardo Luis Gassino, Miguel Ángel Garde, Belisario Gustavo Affranchino Rumi y Gustavo Adolfo Calderini.

Un año después, en febrero de 2020, la jueza Mariel Borruto los procesó por “imposición de tormentos”. Otro año más tarde, en marzo de 2021, la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia confirmó tres de los procesamientos, y dictó una falta de mérito.

Mientras tanto, la jueza Borruto convocó a otras seis indagatorias. Primero las suspendió porque adujo que el juzgado no contaba ni con la infraestructura ni con el personal para asumir esos procedimientos. Después se postularon razones vinculadas con la pandemia de coronavirus.

Finalmente, las indagatorias se iban a hacer en abril de 2021, pero uno de los involucrados, nada menos que el ex general de brigada Omar Edgardo Parada, se descompensó cuando lo trasladaban a la videoconferencia, y al día siguiente, la jueza volvió a postergar las demás declaraciones, esta vez con el argumento de que el defensor público de los ex militares quería estar personalmente en Buenos Aires, cuando sus asistidos declararan.

Parece una historia de nunca acabar. Una película que se repite en las mentes de las víctimas, como tal vez les pasó en 2005, en Corrientes.

Ese día, mientras miraban la pantalla, algunos se deben haber acordado de los soldados Jorge Ramón Diez, Carlos Raimundo Rodas, Elvio Emilio Nis, Antonio Horacio Gallardo, Román Orlando Solís y José Rubén Suárez, quienes llegaron a sustraer y comerse una oveja, y por ello fueron “obligados a sentarse en el interior de un pozo, para luego ser enterrados hasta el cuello, sin abrigos y sin cascos, entre nueve y diez horas”, según puede leerse en la causa.

O se habrán acordado del soldado Mario Roberto Sauco, a quien obligaron a “colocar sus pies cerca del fuego, con sus borceguíes y medias, ordenándole que no se moviera durante un día, para luego ser obligado a volver a su posición, circunstancia que le produjo ampollas en los costados de los dedos grandes”.

Alguno tal vez recordó al conscripto Carlos Argentino Pereyra, que fue “estaqueado por un plazo estimado de ocho horas bajo una nevada, ello a modo de castigo por un supuesto hecho de robo de comida”, o a Edgardo Oscar Arnoldo, que fue “estaqueado durante 4 o 5 horas en las que estuvo atado de manos y pies con un nylon cubriéndolo durante un bombardeo nocturno” por “robar comida perteneciente a sus superiores”.

Otros soldados, Daniel Martínez González y Rosendo Prado, también fueron obligados por sus superiores a “realizar movimientos vivos sobre el barro con hielo bajo la nieve mientras   sufrían amenazas de ejecución”. “Con posterioridad, en circunstancias en que no se podían levantar debido al cansancio y al frío, sus superiores les habrían efectuado entre 6 y 7 disparos entre sus piernas y los habrían hecho parar en posición de firme mientras les pegaban con una barra de acero que se utilizaba para limpiar los caños de los fusiles. Por último, fueron estaqueados, atados de pies y manos durante 10 o 12 horas”, indican las actuaciones judiciales.

Al soldado Juan de la Cruz Martins, “le habrían sumergido la cabeza en agua fría mientras lo golpeaban por haberse quedado dormido en la guardia”, y a Julio César Mas lo “estaquearon de pies y manos sobre la tierra helada a la intemperie” una semana antes de producirse la rendición, el día 14 de junio de 1982.

La sustracción o búsqueda de comida aparece como el motivo de las torturas en el resto de episodios que analizan los investigadores, mientras que entre las consecuencias de esos actos hay casos más graves, como el del soldado José Alberto Yanevich a quien sus superiores habrían agredido verbalmente y posteriormente habrían estaqueado “junto a los soldados González y Guayare por más de dos días, así como le habrían roto la nariz de un culatazo”.

Mientras estaba estaqueado, Yanevich fue alcanzado “por la deflagración de una bomba que le produjo una ceguera momentánea que habría derivado en una permanente”.

Según las denuncias de otros conscriptos, a los soldados Mario Sánchez y Ramón Salvador Caballero, también los alcanzaron bombardeos durante el estaqueamiento, y ambos fallecieron.

La pantalla se funde a negro en Corrientes. Termina “Iluminados por el fuego”. Hay gente sentada en sus butacas. Hay recuerdos desperdigados por toda la sala. En quienes habrán pensado, antes de ponerse a llorar.

Cuánto tardarán en darse cuenta de que la película, todavía, sigue proyectándose.