El mundo está lleno de ejemplos acerca de cómo se fundieron sistemas previsionales, y nuestro país, bueno, es una especie de muestrario de recetas para cocinar el mismo plato.

Sin embargo, esas crisis de los aparatos jubilatorios siempre suelen tener causas múltiples, derivadas de economías estatales deficitarias que las arrastran, y por lo general difíciles de rastrear en el tiempo.

En Tierra del Fuego, en cambio, hay una causa fundacional para el quebranto de la Caja Jubilatoria. Haciendo un juego de palabras, podríamos hablar de “causa fundicional”.

No es que haya un único motivo para que los jubilados hayan cobrado durante meses sus haberes en cuotas, y que incluso al momento de escribir estas líneas todavía siga existiendo una razonable incertidumbre sobre cómo seguirá subsistiendo el sistema.

No obstante, en esta tierra sí pueden rastrearse con precisión los actos deliberados que llevaron a la Caja al sótano deficitario del que nunca más pudo recuperarse del todo.

Fue en la famosa década del 90´cuando todos pusimos nuestra cuota de fe para creernos que un peso argentino era lo mismo que un dólar estadounidense.

En ese tiempo, la Caja de Jubilaciones fueguina tenía un depósito de 200 millones de dólares en el Banco de Tierra del Fuego. Era el segundo mandato del ex gobernador José Estabillo, del Movimiento Popular Fueguino, y las autoridades bancarias comenzaron, con aval político, claro, un proceso de adjudicación de créditos blandos destinado, mayoritariamente, a la burguesía empresaria y comercial de ambas ciudades, dicho sea de paso, base del caudal electoral del Mopof.

Para entender la magnitud del saqueo a las arcas del BTF, hay que releer un pronunciamiento de la jueza María Cristina Barrionuevo en la causa “Dos Santos”, dictado el 27 de mayo de 1998, cuando la justicia puso la lupa en el despilfarro de préstamos a los amigos del poder.

Esa resolución de Barrionuevo es recordada por especificar, esta vez con el respaldo de pruebas concretas, la misma sospecha que se había instalado con creces en toda la comunidad: que el banco prestaba dinero sin garantía de devolución a los amigos del Gobierno.

Con palabras sencillas, la jueza explicó en esa oportunidad que:

-Los ex funcionarios involucrados “sólo pretendieron favorecer a sus amigos o conocidos más allegados, digitando propuestas o medidas “más flexibles” de las que se aplicaban en cualquier operación bancaria normal”

-Además, “permitieron y facilitaron que los deudores insolventes y muchos de ellos incobrables obtuvieran de la entidad una ventaja indebida -un lucro- sin concertar las debidas garantías del caso, y de tal forma, obligaron abusívamente a la institución, ocasionándole un serio desequilibrios financiero” (...) “con el consecuente pago de cargos por violación a las normas del Banco Central”.

La resolución de Barrionuevo analizó uno por uno los créditos que fueron refinanciados en condiciones presumiblemente irregulares durante el período cuestionado, para concluir asignándole responsabilidades directas a una serie de funcionarios, todos ex directivos de la entidad. Los funcionarios recibieron embargos por montos de entre 15 mil y 150 mil pesos dólares de la época.

“Legajos incompletos y desactualizados”, “inexistencia de balances y de otras constancias de constitución de garantías”, y “falta de formularios donde debía constar la opinión de las distintas líneas gerenciales respecto de la solicitud de créditos o refinanciaciones”, fueron sólo algunas de las abundantes pruebas citadas por Barrionuevo para fundamentar su decisión.

Para resumirlo todo en una sola frase, la jueza escribió esto: “Los ex funcionarios involucrados, sólo pretendieron favorecer a sus amigos”.

Pues bien, cuando Estabillo dejó su cargo y asumió su sucesor, Carlos Manfredotti, la conclusión de todas esas maniobras fue la siguiente: en el banco no estaban más los 200 millones de dólares depositados por la caja jubilatoria.

La gestión peronista, caracterizada por el ajuste y la corrupción, evaluó directamente la privatización del BTF y su entrega al sector privado. La idea no prosperó del todo por la resistencia de los trabajadores, y entonces se adoptó la solución de sanear las cuentas de la entidad, quitando del medio el pasivo de la Caja.

¿Y cómo se hizo? Se creó un Fondo Residual donde fueron a parar todos los deudores de categoría “incobrable”, aunque a decir verdad muchos de ellos tenían propiedades en garantía. Y el Estado provincial, o sea todos los fueguinos, asumió la deuda de 200 millones de dólares con el régimen jubilatorio. Es decir, se estatizó la deuda del BTF.

Como era de esperar, el Estado no pudo nunca hacer frente a semejante agujero negro. Se hicieron planes, cuotas, pagos parciales, fórmulas indexatorias, pero la Caja terminó recibiendo menos, siempre mucho menos, que su depósito original.

Es cierto, en el medio hubo leyes jubilatorias de privilegio, como los emblemáticos 25 inviernos que permitían jubilarse sin límite de edad. En el medio se dictó la ley 460 que permitió a los jueces jubilarse con solo 5 años de aportes al régimen previsional. En el medio, frente a cada dificultad económica, el gobierno de turno postergó el pago de los aportes y contribuciones. Todo eso pasó y agravó la crisis.

Pero de vez en cuando no está de más recordar, sobre todo ante los paladines de la administración eficiente, que en estas tierras, la principal causa de que se haya fundido el sistema jubilatorio, fue que un gobierno de vivos se repartió los ahorros de los jubilados en forma de créditos sin obligación de pago.

Fue la época del banco de los amigos, de la fiesta de unos pocos, que todavía seguimos pagando todos.