No siempre ocurre, pero a veces, la corrupción se desnuda ante los estímulos más inverosímiles. Se trata de tirar del hilo del sistema, de provocar una fisura, y de esperar.

Un caso particular con estas características ocurrió en marzo de 1999, a partir de que un grupo de once chicos con discapacidad, asesorados por la oficina local del Instituto Nacional Contra la Discriminación (INADI) exigieron ser admitidos en una escuela primaria para adultos de Ushuaia, donde no los dejaban inscribirse.

Los alumnos querían estudiar en la Escuela Provincial Yejan Akainix para jóvenes y adultos. Los directivos se negaban con distintos argumentos técnicos y pedagógicos. Básicamente decían que la escuela no estaba preparada, que hacían falta maestros especiales, que podía interferirse en el normal desarrollo del ciclo lectivo de los demás estudiantes.

El INADI patrocinó a los chicos y fracasados los pedidos ante las autoridades de la escuela y del Ministerio de Educación de la provincia, presentó una denuncia penal ante la Justicia, por presunta discriminación.

Ante la repercusión pública de los hechos, finalmente los funcionarios educativos tuvieron que ceder y admitieron a los nuevos alumnos, aunque la causa judicial siguió su curso.

El expediente llevó el número 4953 de ese año y se lo caratuló “Neiman y otros sobre denuncia”.

Hasta entonces se trataba de un episodio sin mayores connotaciones políticas, más allá de su repercusión local e incluso nacional, pero para entender lo que pasó después conviene pasar lista a los involucrados.

La causa recayó en el Juzgado de Instrucción de Primera Nominación de Ushuaia, a cargo del entonces juez Leandro Alvarez y del entonces secretario Maximiliano García Arpón.

Los funcionarios imputados eran el ex ministro de Educación de la Provincia, Francisco Alvarez, el antiguo coordinador del mismo Ministerio y ex secretario Legal y Técnico de la Gobernación, Daniel Mandolini y la directora de la escuela.

A todos los acusaban del presunto delito de incumplimiento de los deberes de funcionario, al haber retrasado el ingreso de los chicos con discapacidad al establecimiento educativo.

La causa avanzaba a partir del requerimiento de instrucción suscripto por la entonces fiscal Marcela Bragulat, aunque todo cambió a partir de un curioso intercambio de favores que tomó estado público y que derivó en un escándalo mayor.

El juez Alvarez estaba siendo investigado por el Consejo de la Magistratura, a partir de presuntas irregularidades cometidas en causas de corrupción.

El ministro de Educación, Francisco Álvarez, integraba el Consejo de la Magistratura en representación del Gobierno de la provincia.

A partir de esos datos, se produjo la siguiente secuencia de hechos:

-El juez Álvarez rechazó la investigación penal contra los funcionarios gubernamentales en la causa de los chicos con discapacidad. La medida alcanzaba, por supuesto, al ministro de Educación.

-Tres días después, el Consejo de la Magistratura desestimó el jury de enjuiciamiento contra el juez Álvarez, y quien aportó el voto definitivo para que ello ocurriese, fue el ministro Álvarez.

-En el organismo de selección de jueces hubo una votación muy dividida: votaron a favor de investigar al juez Álvarez, el entonces juez del Superior Tribunal Omar Carranza y el abogado de Río Grande Juan Carlos Dimitroff. Votaron a favor de desestimar el pedido de jury (o sea a favor del juez) el ex legislador mopofista Enrique Pacheco, la abogada Elena Mora y el ex ministro Álvarez. Por eso la votación terminó con un ajustado tres a dos, ya que otros dos consejeros no participaron de la sesión.

El intercambio de favores fue tan obvio y grotesco que la prensa lo bautizó como el “escándalo Álvarez-Álvarez”, y otros dirigentes de la época lo catalogaron como “vergonzoso”.

La causa penal contra los funcionarios tuvo después algunos otros capítulos. La Cámara de Apelaciones revocó la resolución del juez Álvarez y ordenó continuar la investigación. De hecho, los funcionarios fueron indagados en abril de 2000, aunque el caso nunca llegó a la etapa de juicio oral y público.

Igual, ya era tarde para remiendos, para explicaciones, para sobre argumentar. La historia dirá que los chicos fueron a la escuela, y que los funcionarios, como casi siempre, quedaron impunes.

Pero algo mayor y más profundo trasciende aquellos episodios perdidos en el almanaque. Nunca un reclamo es menor. Nunca se sabe qué pasa cuando se tira del hilo. Y lo más importante, la corrupción está por todos lados, solo hace falta vocación por encontrarla.