Reducir una disputa pública a la esfera de lo personal, es degradar la calidad del pensamiento. Casi equivale a pasar a las manos ante la imposibilidad de mantener un intercambio de ideas de modo verbal. Es el fracaso de la razón.

Durante casi 30 años de carrera periodística he caído muchas veces en esa tentación. He fabricado enemigos personales con quienes apenas eran adversarios en un par de concepciones sobre temas determinados.

Me costó mucho entender que el éxito de una confrontación pública (si es que se puede hablar de éxitos) consiste en el mejoramiento de la idea sujeta a discusión, y no en la denostación de quien emite una postura contraria.

Eso que parece tan sencillo, y a su vez tan profundo y tan complejo de aplicar, va de la mano de otra cuestión igual o más difícil de asimilar. Las personas no somos un solo acto, una sola faceta, un color definido. Somos todo un universo, heterogéneo y muchas veces contradictorio.

Ningún corrupto se asimila como tal. Nadie se define como lobbista del poder o testaferro de la mafia. Todos tenemos explicaciones para nuestros lados oscuros. Y lo que es peor, solemos ser incoherentes entre la manera en que actuamos en ciertos ámbitos de nuestras vidas, con la forma en que nos desenvolvemos en otros.

No es ningún descubrimiento que hay ladrones buenos padres, estadistas abandónicos, miserables cariñosos y moralistas pedófilos.

En ese contexto, no sirve mantener una confrontación pública con alguien, reduciéndola a cuestiones personales. Porque uno estaría atacando aspectos de la vida de alguien que son completamente ajenos a la esencia de lo que se quiere demostrar. Y porque lo único que se conseguiría, es seguir demostrando que las personas tenemos contradicciones entres nuestros comportamientos, cuando se los compara en distintos radios de acción.

Por eso, cuando me ha tocado sostener, por convicciones personales pero apoyadas en evidencia comprobable, que algunas personas no podían (y no pueden) por ejemplo, ejercer cargos de responsabilidad en el Poder Judicial, no es que esté interesado ni en ensañarme en degradar sus capacidades intelectuales, ni en negar sus habilidades para determinada tarea, ni siquiera en menospreciar su contracción al trabajo, su trayectoria, su esfuerzo y dedicación.

Se trata solamente de un análisis de evidencia, subjetivo claro, pero del que surge a la vista la imposibilidad de que lleven a cabo determinado rol.

Hay personas que son intelectualmente brillantes, a los que solo un tonto podría negarles su ingenio o su capacidad de pensar.

Hay personas que además son constantes, perseverantes, luchadoras, capaces de perfeccionarse en un conocimiento determinado, hábiles para destacarse en su ámbito de desenvolvimiento.

Pero si esas mismas personas son también, “animales políticos” por naturaleza, máquinas de construir poder a su alrededor, empresarios sin escrúpulos y sin límites a la hora de acumular riqueza, dirigentes acostumbrados a la rosca política y especialistas en tejer contactos con todos los factores de poder. Si ello ocurre, esas mismas personas no están en condiciones de administrar justicia en el máximo nivel de un Estado.

Como se ve, este análisis no implica el menoscabo de las condiciones personales o profesionales del sujeto de quien se trata. No implica negarle su vocación de poder, sus éxitos individuales o su trayectoria. Tampoco significa cuestionar su vida familiar, sus costumbres o su moral.

Se trata nada más que de cumplir un rol periodístico, con la mayor honestidad intelectual posible y sin esconder ningún interés personal o sectorial detrás de ese juicio, para sostener, con total convencimiento, que la máxima jerarquía de la Justicia debería ser para personas con un perfil más independiente de los factores de poder que le tocará administrar cuando suscriba sus fallos y sus sentencias.

Porque es cierto que un juez tiene que ser alguien comprometido con el lugar en que habita, conocedor de su realidad y de sus habitantes, con una historia que sirva de respaldo y no, como ha ocurrido, un simple “ave de paso” con domicilio real en un hotel.

Pero peor que un catedrático foráneo, resulta uno autóctono que ha utilizado el profundo conocimiento de su tierra para generar una red de contactos, intereses económicos y políticos, que lo convierten en un administrador de lobbys, más que en un aspirante a conciliador razonable de conflictos.

Un juez no puede ser un asegurador de negocios para una clase dirigente enquistada. Tampoco un regulador de tiempos políticos ni el balance de reyertas partidarias. No puede usar el patrimonio, ni los derechos, ni la libertad de los demás, para poner en vereda la actitud de los opositores a sus designios.

Los dirigentes políticos, los empresarios, los lobbystas, los abogados comerciales. Todos tienen lugar en una sociedad civilizada.

El problema no es que sean más o menos inteligentes, más o menos constantes, más o menos sacrificados.

El problema es que, además, quieran administrar justicia.