Uno de los períodos políticos más oscuros de Tierra del Fuego como provincia, acaso haya sido el que tuvo como máximo exponente al ex gobernador Carlos Manfredotti, entre 2000 y 2003.

Aquellos años se caracterizaron por la concentración del poder en pocas manos, y por el intento de ejercer un manejo completo y discrecional de las instituciones, casi sin voces disidentes. También porque se avanzó en la ejecución de un plan, cuidadosamente premeditado, que incluyó decisiones político-económicas de alto impacto social, y se implementó un esquema de corrupción estructural con impunidad asegurada a través de la justicia.

La derogación de leyes de carrera administrativa, el ajuste de los sueldos de los empleados públicos y la famosa ley 460, que instauró un régimen de jubilación anticipada donde quedaron incluidos los jueces, son apenas una muestra de la gravedad de los hechos que tuvieron lugar en esos años.

Sin embargo, aun cuando el poder cerró filas detrás de una recordada alianza entre sectores del PJ gobernante y del Movimiento Popular Fueguino (con algunos referentes siempre tan proclives a las roscas palaciegas) no se trató de una época exenta de arduos debates públicos.

Los gremios estatales todavía conservaban dirigentes de convicciones como el ex secretario de ATE Jorge Portel, y en Ushuaia se conformó una Asociación de Profesionales del Hospital Regional con voceros experimentados y capaces de oponerse a las medidas de ajuste, al menos, con argumentos sólidos.

En la Legislatura, debutaba en su banca Fabiana Ríos, con un discurso opositor al que después solidificó con fundadas denuncias de corrupción y con posturas favorables a la transparencia institucional. Eran los antecedentes que más tarde le valieron ser elegida diputada y dos veces gobernadora.

Además de Ríos, había algunos otros legisladores que de tanto en tanto se animaban a romper el cerco de los oficialistas y sus aliados, y lo mismo ocurría con algunos medios de comunicación.

El manfredottismo avanzaba imponiendo sus mayorías pero muchas veces pagando costos políticos elevados, tantos, que acumulados terminaron impidiendo la reelección del gobernador.

La gestión de Jorge Colazo y de Hugo Cóccaro (que sucedió a la de Manfredotti) fue oficialismo y oposición al mismo tiempo. Las interminables diferencias internas entre los máximos lideres de la alianza, el estilo alocado de gobernabilidad impuesto por Colazo (una muestra era la incesante rotación de ministros) y el carácter inviable de ciertas medidas de alto impacto económico, como el megapase de beneficiarios de planes sociales a la planta del Estado, hacían de la gestión un alboroto constante y un debate público interminable, aunque muchas veces también infértil. No había discusiones razonadas, por ejemplo, sobre planes de desarrollo a largo plazo, pero al menos había opositores activos, todo el tiempo.

Los gremios estatales, ya con otras conducciones más irreflexivas y totalitarias, coparon el debate público en buena parte de la doble gestión de Ríos en el poder. Los partidos políticos opositores, los medios de comunicación, y hasta referentes de organizaciones sociales, pudieron en estos períodos dar a conocer sus posiciones, generando debates intensos, y muchas veces acalorados.

Ya en la gestión de Rosana Bertone al frente del Poder Ejecutivo, entre 2016 y 2019, la dinámica política empezó a cambiar. La pobre actuación del oficialismo, sin referentes de peso para motorizar debates de fondo, instauró cierta política del silencio. La única vocera autorizada parecía ser la propia gobernadora. Los ministros eran casi inexistentes, y en especial el de Economía que no estaba autorizado a hablar aún en medio de la crisis económica devenida del ámbito nacional por las políticas macristas. Los legisladores bertonistas siempre fueron cuentapropistas de sus propios intereses, mal elegidos y peores representantes de la gestión.

Pero la oposición, en general, también optó por retirarse del debate público, inaugurando una tendencia preocupante. Hubo, sin embargo, algunas voces discordantes, provenientes -sobre todo- de los legisladores del Mopof Pablo Villegas y de la hoy vicegobernadora Mónica Urquiza. También del entonces intendente Gustavo Melella.

Todo a cuenta gotas, repleto de chicanas y casi siempre sin argumentos fuertes. Pero algo se debatía.

El espejo

En cambio, la etapa actual bien podría ser definida como la de menos debate público de la historia de la provincia.

A pesar de una legislatura multisectorial, con representaciones de cinco partidos políticos o alianzas, y de intendencias pertenecientes a fuerzas distintas a la de la gobernación, las disidencias se resumen a un puñado de chisporroteos de escaso nivel.

Los discursos que se escuchan por estos días llevan todos a una gran paradoja que por sí sola debería ser el único motivo de estas líneas: más distintos dicen que son unos de otros, más parecidos se los ve en el espejo.

Los que se pelean por estar más cerca del gobierno nacional, a nivel local aparecen aliados con los sectores más recalcitrantes y conservadores de la economía y la política.

Los que a nivel nacional hacen esfuerzos para distanciarse del gobierno de Alberto Fernández, a nivel doméstico apoyan las mismas reformas que le critican al Presidente.

La legislatura actual es un muestrario de ideología líquida, que fluye entre las bancas y se va acomodando a distintos recipientes. Los legisladores oficialistas de extracción gremial privada, hacen silencio ante el crecimiento de la burocracia estatal, y nada mal les parece, por ejemplo, que la presidencia de la Cámara tenga 74 asesores o que el gobernador haya descongelado los sueldos de los políticos a poco de asumir. Los legisladores, digamos, opositores, son una máquina de acompañar proyectos del gobierno. Pero no los de gestión de la crisis sanitaria o económica, sino los de reformas estructurales de fondo como la ampliación del Superior Tribunal de Justicia.

El Parlamento parece dirigido por los exponentes de facciones políticas minoritarias pero muy hábiles en conducir al resto. Los nuevos que se presentan como la renovación y blanden discursos de vanguardia, como todos los relacionados a la cuestión de género, en la práctica se comportan como mansos corderitos que no mueven un dedo sin la aprobación del jefe.

¿Dónde están los nuevos dirigentes fueguinos, alzando la voz contra lo instituido?, ¿dónde están los que querían una política distinta, más plural, menos corrupta y machista?

Alguien debería avisarles a todos, que atravesamos el período más oscuro de la política vernácula, donde el poder de los intereses sectoriales se impone por sobre lo colectivo, donde nada se discute y todo se reparte, donde nos acostumbramos al silencio y a la imposición, y donde oficialismo y oposición intentan tanto diferenciarse, que cada vez son más de lo mismo.