viernes 25 de septiembre de 2020 - Edición Nº1038
Dar la palabra » Política » 14 sep 2020

La anómala normalidad fueguina (Por Guillermo Worman)

Ampliar la Corte en medio de la peor crisis social y laboral de la corta historia fueguina. Hacer un concurso sin exámenes técnicos, y pretender democratizar el Poder Judicial a través de un organismo que en su Ley de funcionamiento dice que sus sesiones son reservadas. Además, intentar cumplir la Ley Micaela con un Consejo de la Magistratura solo integrado por hombres.


Por:
Guillermo Worman

Cuatro ministerios eran la estructura de gobierno de la novela ¨1984¨, de George Orwell:Paz, Abundancia, Amor y, probablemente el más importante, el Ministerio de la Verdad. Allí se instrumentaba un aparato formidable para el control de la población, basado en el uso de las palabras. Así lo explica el propio autor: “Y si todos los demás aceptaban la mentira que impuso el Partido, si todos los testimonios decían lo mismo, entonces la mentira pasaba a la Historia y se convertía en verdad. El que controla el pasado -decía el slogan del Partido-, controla también el futuro. El que controla el presente, controla el pasado”.

O sea que este área de gobierno se encargaba de presentar “verdades alternativas” o versiones rectificadas de la realidad. Por decirlo de otro modo, era la institucionalización de la mentira. Algo nada distante a nuestra realidad cercana.

 

“Estamos tranquilos con el trabajo que se hace”, dijo el legislador Federico Greve (FORJA) sobre el proyecto de ley para ampliar los miembros del Superior Tribunal de Justicia hace pocos días, a pesar de que no se vislumbre que la Legislatura vaya a democratizar y transparentar el sistema de selección de jueces y magistrados.  

 

Greve lo dijo en franca contradicción con el gobernador Gustavo Melella, que se había pronunciado en marzo en sentido inverso. Melella objetó por entonces el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, alertando que “en la selección de jueces, la idoneidad de la persona tiene que ser el criterio máximo a tener en cuenta y no si es amigo del gobernador, del ministro o cualquier otra persona”. Fue a fondo aun más el mandatario. Dijo en aquel momento: “tenemos que poner sobre la mesa el mismo criterio de autonomía, el mismo criterio de transparencia, que quizás muchas provincias lo han plasmado en sus procesos, siento que en nuestra provincias tenemos que dar ese paso de transparencia”, y agregó que “por ahí la persona que es elegida juez, es una persona capaz, transparente, pero por los procesos a veces queda la duda establecida, y no está bueno que eso suceda, por lo tanto debemos avanzar en esa discusión”.

 

Tampoco se quedó ahí el gobierno de FORJA. Melella volvió a hablar sobre la ampliación de la Corte en junio. Esta vez, todavía sin ninguna persona fallecida en la ciudad de Río Grande por Covid-19, el mandatario sentenció que “no es el momento económico y habría que ver el impacto presupuestario de la ampliación” (del Superior Tribunal).

 

El proyecto de armar una nueva Corte no es un hecho aislado. Mientras la Legislatura se apresta a aprobarlo por unanimidad, el gobernador Melella está imputado desde hace casi dos años en una causa en donde se lo investiga por el presunto delito de ¨abuso sexual coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad o de poder”, según requirió el Fiscal a cargo de la instrucción.

 

A ello se le suma que el juez de la causa, Raúl Sahade, sigue sin tratar el pedido de recusación presentado en su contra, a pesar de que la Cámara de Apelaciones le ordenó al magistrado que se expida sobre el pedido de apartarse de la causa.

 

No termina allí la tranquilidad alternativa de Greve.  Parte de la causa donde está imputado el Gobernador llegó finalmente en junio al Superior Tribunal de Justicia (que impulsa la ampliación de sus miembros), y desde entonces no toma ninguna decisión sobre la conducta del juez que tiene imputado al propio jefe del gobierno.

 

El legislador Greve tiene razón: la situación no es escandalosa. Es obscena.

 

Existe otro escenario imposible de comprender razonablemente. La situación sanitaria de la ciudad de Río Grande es desastrosa. Desde el 30 de julio hasta el momento han fallecido más de 40 personas, con un lamentable promedio de una defunción diaria, sobre una población proyectada por el Indec de 95.889 habitantes (según el ipiec-Tierra del Fuego). Datos estadísticos que colocan a la ciudad entre los índices más graves de cantidad de defunciones por habitante del país.

 

En ese contexto, el proyecto de Presupuesto 2021, que debe contemplar un plan de gobierno para enfrentar la crisis sanitaria, enviado por el Poder Ejecutivo hace pocos días, muestra un dato desvergonzado: el gasto en personal del Poder Judicial supera al del Ministerio de Salud fueguino para el año próximo.

 

Por último, una incoherencia más. Sino todo, la gran mayoría del espectro político se enorgullece de la sanción de la Ley Micaela, y de los cursos de formación y los programas sobre paridad de género que se realizan. Pero, mientras que se habla mucho de la temática, algunos datos son absolutamente negativos en Tierra del Fuego. Por ejemplo, la periodista Natalia Caso publicó un informe en 2019 titulado ¨Abuso sexual, el delito más cometido en Tierra del Fuego¨. En la nota describe que ¨Según el Registro Nacional de Datos Genéticos en Tierra del Fuego hay 133 personas con condena firme por delitos contra la integridad sexual. Buenos Aires es la provincia que encabeza la lista con más de 6 mil casos, seguida por Salta con más de mil. Pero porcentualmente si comparamos con la cantidad de habitantes por provincia, Tierra del Fuego encabezaría la lista¨, alertó.

 

A pesar de esta información oficial, Tierra del Fuego encabeza el lastimoso ranking de infrarrepresentación de mujeres juezas del país. Es una noticia que alertó el Movimiento de Mujeres de Ushuaia en agosto, planteando que “el dato preocupante tiene que ver con que, en este proyecto presentado por el Superior Tribunal de Justicia, el mismo aumenta sus cargos de 3 a 5, sin incluir ningún planteo en relación a la paridad o perspectiva de género, ni siquiera en términos de un cupo femenino". Ahondando sus argumentos, dijeron: ¨Desde el Movimiento de Mujeres paritaristas vemos con preocupación que los cambios que se plantean como necesarios y fundamentales en la sociedad actual, no vean su camino a convertirse en realidad, sino que terminan siendo meros enunciados carentes de contenido o "políticas de banner"", expresaron.

 

 

Se instala así un clima de banalización del progresismo, basado en promesas sin contenido. Esta podría ser una formula actualizada de la conocida frase ¨se acata, pero no se cumple¨. El juez Gonzalo Sagastume esbozo una justificación precaria para pedirle a la Legislatura la modificación de jueces de la Corte que figura en la Constitución Provincial. Paso siguiente, los parlamentarios, sin ningún tipo de revisión crítica, tomaron el argumento como propio y pusieron el timón con ese rumbo.

 

Pero toda la puesta en escena se hizo pedazos con el correr de los días. Quedó en claro que los legisladores de FORJA van a aprobar una ley que el propio Gobernador objetó en varias oportunidades. Además, la cuestión de género (tan usada como discurso) quedó en evidencia que no es ninguna prioridad: El dictamen aprobado no contempla ningún tipo de medida para resolver la infrarrepresentación de mujeres. Tampoco existe ningún indicio que se quiera mejorar el cuestionado sistema de selección de jueces fueguinos.

 

Entonces, donde se dijo es ¨necesario ampliar el Superior Tribunal para ganar celeridad¨, debiera leerse ¨hay un acuerdo para meter a dos jueces que tienen nombre y apellido de antemano¨.

 

Pero la verdad suena tan fuerte que no puede ser admitida.

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