Tierra del Fuego y el resto del país atraviesa una crisis económica y social sin precedentes. El cierre de las fábricas, una enorme restricción (casi absoluta) a la actividad comercial, la falta de vuelos regulares; la imposibilidad de cumplir con la enorme mayoría de los trabajos y servicios regulares ha golpeado a la gran mayoría de la población.

De hecho, no vendrán turistas en la temporada invernal y todo el sector que brinda servicios tiene un panorama muy complejo por delante. El comercio, también seriamente impactado, mantuvo sus puertas cerradas sin posibilidad de generar ingresos, a excepción de los pocos rubros exceptuados.

Una similar situación sufrieron los trabajadores independientes, tanto autónomos como monotributistas o quienes están dentro del empleo informal por la imposibilidad de generar ingresos por la cuarentena, a la vez que se han cortado las cadenas de pago y, por ejemplo, la efectivización de las obligaciones fiscales.

De allí que es importante atender que las medidas de protección sanitarias deben acompañarse con nuevas políticas para proteger a la población de los costos económicos que esto generó, en especial para quienes tuvieron afectación en sus ingresos.

Sobre todo, porque que hay que evitar que la paralización de actividades genere desempleo o disminuciones de ingresos que afecte la condición de vida de los sectores más vulnerables.

Ante esto, el Estado a nivel local también tiene herramientas para complementar los planes de acción aplicados eficientemente desde la presidencia de la Nación. Por ejemplo, los servicios de agua y energía son resorte del Estado en Tierra del Fuego, administrados de diversa manera en las tres ciudades. Y es aquí donde pueden pensarse medidas de excepción para acompañar a los usuarios a nivel residencial y comercial. Del lado del comercio, las empresas y la industria, salvo algunas excepciones, pagan el agua como una tasa regular por la cantidad de metros cuadrados relevados, tenga amplio o escaso consumo. Para las viviendas es el mismo esquema de facturación en cuanto al agua.

La energía, por su parte, tiene esquemas de medición, pero toda actividad tiene algún tipo de consumo a pesar de no poder tener sus puertas abiertas. Al mismo tiempo, seguramente la cuarenta obligatoria obligó a un mayor consumo residencial por la obligación de permanecer en los domicilios.

En este escenario de menor ingresos y de incrementos o sostenimiento de gastos, el Estado enfrenta el desafío de proteger a los sectores más golpeados con medidas que produzcan resultados efectivos.

Ante esto es posible instrumentar medidas de contención para proteger empleos, acompañar a los sectores golpeados y asistir a las personas que no tuvieron ingresos o que los vieron gravemente afectados.

En primer lugar, es factible, a través de la aprobación de un sistema de tarifas sociales, amparar a las personas afectadas económicamente y con dificultad de pago para los servicios de agua y energía, con un descuento significativo en la facturación de sus consumos. Se trata de ayudar a las personas inscriptas en el padrón social del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación o su equivalente en la provincia. También, a quienes forman parte de planes de empleo transitorios, como aquellos inscriptos en los sistemas de ayuda asistencial y quienes están registrados en los padrones de asistencia alimentaria de origen nacional, provincial o municipal. Con el mismo criterio, favorecer a quienes están inscriptos en los regímenes del Monotributo y el Monotributo Social y también las cooperativas de trabajo. Asimismo, a las personas incorporadas en el Régimen Especial de Seguridad Social para empleados del Servicio Doméstico.

De igual modo, la política tarifaria de servicios públicos debe resguardar al sector privado. Es que en estos momentos la prioridad es sostener a quienes generan puestos de trabajo en el medio de una crisis sin precedentes a nivel provincial. ¿Puede un hotel o una agencia de turismo continuar pagando regularmente sus gastos de agua y energía cuando no existen turistas? ¿Qué tipo de ingresos ha podido generar el sector de las concesionarias de autos? ¿Cuántos clientes ingresaron a los comercios fueguinos desde el inicio de la cuarentena, a excepción de la venta de alimentos y otros rubros excluidos de la cuarentena?

Por lo tanto, como medida extraordinaria, es posible pensar en exceptuar del pago de la facturación, durante un lapso determinado, a quienes necesitan mantenerse en pie y sostener a su plantilla de trabajadores. La idea no es nueva: Se implementó a través de la ley provincial 1118, cuando se exceptuó del pago de agua y energía a la Cooperativa Renacer, con el propósito de asistir al emprendimiento de trabajadores auto organizados. En este caso, solo sería necesario ampliar la escala a los establecimientos fabriles y comerciales que efectivamente bajaron notablemente sus ingresos.

La prioridad la deben tener los sectores más golpeados. Allí es donde debe hacer foco el Estado con políticas efectivas. Además, es el momento justo para tomar medidas de excepción para afrontar problemas que no teníamos antes del inicio de la pandemia. Si se aprobaron procedimientos públicos especiales por la contingencia, también deben llevarse adelante acciones extraordinarias desde los gobiernos para asistir al sector privado. Desde luego, todo resguardando la transparencia y la información pública en detalle.

Porque ahora es momento de tomar decisiones correctas para asistir a quienes reciben los mayores embates de la crisis más importante que afecta a Tierra del Fuego en las últimas décadas.

Y el Estado, en todos sus niveles, es el único actor con capacidad de poner un escudo protector sobre las personas y los sectores más perjudicados. En definitiva, ante el riesgo hay que construir medidas de protección. ¿Quién más que los gobiernos pueden proteger a la población en momentos como estos?

(Fotografía: Oleo de Eduardo Nicolai, ¨Canilla¨)