Es importante destacar que en nuestro país recién se mencionó en la Constitución de 1949  “la salud como un derecho para todas las personas”. Hasta ese momento legalmente se trataba de una cuestión de derecho privado y corría por obligación de cada una de ellas. Al concluir abruptamente este período, la integración del sistema sanitario resultó incompleta, quedando como rezago la coexistencia de dos  subsistemas de protección social en salud (el de la asistencia pública y el de las obras sociales). La particularidad en la argentina reside en la dificultad para construir puentes de integración entre ambos. Mientras cada uno atendía su juego, ambos perdían, porque sus costos operativos se  disparaban  al tiempo que se duplicaban  estructuras prestacionales. 

De la misma forma que las obras sociales (o sus dirigentes y beneficiarios) no se  preocuparon por el progresivo desfinanciamiento de los servicios públicos, las estructuras gubernamentales resultaron mutuamente insensibles al “descreme” de las obras sociales a favor del sector privado (proceso por el cual los mayores aportantes migraron a sistemas de cobertura más exclusivos y de financiamiento privado). De esta forma surge un tercer actor de cobertura sanitaria en Argentina:  el de las empresas medicina prepaga. Este sistema tuvo un gran crecimiento en los últimos 20 años a expensas de las falencias manifiestas de los dos sistemas antes mencionados. A las prepagas se adhirió progresivamente la mayoría de la clase media del país y el sector colaboró a instalar la creencia de que la medicina es una mercancía y no un derecho de  las personas.

Al quedar compartimentado en tres  el sistema de atención sanitaria, eliminó el concepto de solidaridad que se manifiesta cuando tanto ricos como pobres concurren  a los mismos servicios, y  representaría para las autoridades un alto costo político permitir el  deterioro de la calidad de las prestaciones que deben brindarse.

En contrapartida, si los servicios públicos sólo atienden a quienes resultan excluidos de las obras sociales o de las prepagas, los usuarios de los servicios públicos pasan a ser solo los  “carenciados”,  lamentablemente para muchas de las administraciones  pierde prioridad política y en la mayoría de los casos registra un deterioro progresivo. Cuando les toca gobernar a partidos políticos con poca vocación distributiva, las escuelas y hospitales públicos se desfinancian y decae la calidad de sus servicios. En esto también influye  que  los sectores más acomodados de la sociedad encuentran  una salida mediante la educación y la salud privada, resquebrajando su lealtad a la respuesta común. 

En la actualidad en Argentina nos toca vivir un momento sanitario muy complejo, donde el estado Nacional se desentiende de la obligatoriedad de solventar y administrar el sector público de asistencia sanitaria. Al descalabro también influyó el traspaso de los hospitales nacionales al ámbito de las provincias, cosa que no ha hecho más que agravar la falta de recursos y la desigualdad entre ellos. Donde las estructuras de las diferentes coberturas se encuentran compartimentadas sin aprovechar el concepto de complementariedad; donde el gasto global  de salud es alto y su nivel de respuesta bajo comparado con países similares; donde las prepagas están cartelizadas y habilitadas para aumentar la cuota a sus afiliados como mejor les parezca; donde el gasto en salud está mal distribuido y en muchos aspectos derrochado; donde los mayores costos recaen en el pago de precios exorbitantes de los medicamentos y en la creciente aparatología de alta complejidad; donde por una cuestión de rentabilidad sólo el sector público se ocupa de la prevención (vacunación, control nutricional, detección temprana de patologías, educación para la salud, saneamiento del medio ambiente, etc.) dejando grandes huecos por donde se cuelan riesgos y enfermedades que posteriormente deberán ser tratadas, teniendo  como consecuencia mayor morbi mortalidad, y al fin también mayores gastos. La forma en que  actualmente está planteado el sistema de salud es una clara expresión de la desigualdad que se vive en nuestra sociedad.

Tenemos por delante el desafío de retomar el camino correcto y  valorar la salud pública en su justa magnitud. Necesitamos que el estado cumpla el rol de regular el funcionamiento de los diferentes subsistemas, y que regule  tanto el valor de las prestaciones como el costo de los medicamentos, mediante el fortalecimiento de sus propios servicios. La Argentina debería tener la oportunidad de volver a discutir un seguro nacional de salud que incluya a toda la población. Es un anhelo que a quienes les toque tomar las decisiones que nos involucran a todos, se encuentren a la altura de las circunstancias, valoren adecuadamente la salud de la población y no se dejen doblegar por el poder económico  de  los que utilizan la salud solo como una mera mercancía.