La terminología de moda en la política nacional del último tiempo es “la grieta”, entendiéndose por ello a la división para algunos ideológica, para otros económica o política, que atraviesa a los argentinos. Esa manifiesta diferencia, sin embargo, nos encuentra en algunos temas, muy pocos, por cierto, como sobrevolándola, estando más allá de las diferencias, en muchos casos histórica.

Todos los argentinos reivindicamos la revolución de mayo como el hecho trascendente de nuestra independencia, como el 9 de julio la consolidación de aquel hecho inaugural, la gesta sanmartiniana nadie se atrevería a negarla, como tampoco el heroísmo de Belgrano, ni la importancia de la Constitución Nacional de 1853. Seguramente en el afán de memorar podríamos incluir muchos otros acontecimientos que superen esa grieta. Y entre los hechos más recientes, nadie que conozca niega el valor y desinterés político de los soldados héroes de Malvinas. En esos temas pareciera que no existe el negacionismo.

Lamentablemente sí existe esa actitud, que consiste en la negación de hechos históricos recientes y muy graves que están generalmente aceptados. Como el desastre del golpe de estado de 1976, y la tragedia represiva de detenciones ilegales, desapariciones y torturas que conllevó aparejada.

Intentar eliminar el pasado es inútil, no sirve cerrar ojos, tapar bocas o hacer oídos sordos, la realidad existe pese a quien le pese.

Así esta teoría sirve no solo para proteger a los actores de crímenes atroces, a sus cómplices, a sus difusores, mentores, sino también para alimentar y sostener a sus herederos ideológicos.

En realidad, quiero llegar y no sé muy bien cómo hacerlo, un poco por incredulidad y otro poco por vergüenza, a contar que una jueza Federal de Tierra del Fuego suspendió, sine die, las indagatorias a militares imputados de cometer torturas, a los soldados que tenían a su mando, durante la guerra de Malvinas. 

El argumento esgrimido por la señora Jueza, es la falta de estructura edilicia y de personal, para cumplir con su obligación de poner a derecho a los imputados y dar inicio a causas sobre hechos ocurridos en 1982. No obstante reconocer la importancia de la causa, la expectativa que genera la misma y que requiere una especial atención, la solución que encuentra la señora Jueza es la suspensión del primer acto defensista que asiste a todo ciudadano imputado de un delito.

Supongo no se exploraron alternativas, si no la resolución las mencionaría, tales como ampliación de horarios, habilitaciones de días inhábiles, o en lo edilicio solicitar espacio a organismos de seguridad federales y provinciales que seguramente lo cederán gustosamente. Mientras, se podía continuar con el reclamo, seguramente justo, ante las autoridades del Consejo de la Magistratura y la propia Corte Suprema.

Mientras tanto, con esta medida, la señora Jueza está incumpliendo su misión esencial de satisfacer la garantía de los individuos, ciudadanos, a la jurisdicción, lo que supone básicamente el incumplimiento por parte del Estado de una de sus funciones.

La garantía implica que los derechos no queden indefinidamente sin aplicación en perjuicio de quienes los invocan (en este caso las víctimas) además de afectarse gravemente la defensa en juicio (para los imputados) y el derecho a tener una decisión judicial. Esto en términos similares lo tiene dicho la Corte, la jurisprudencia de los tribunales, la doctrina y hasta la Convención Americana de DDHH que en su art. 8 inc. 1 garantiza a toda persona, el derecho a ser oída en un plazo razonable por un juez o tribunal competente.

No es intención de esta breve nota hacer un análisis jurídico de la posibilidad de que la Jueza este incurriendo en conductas ilícitas, tales como denegación y retardo de justicia, incumplimiento de deberes o prevaricato, esa materia seguramente será analizada por las partes que interpondrán los recursos y adoptarán las medidas que la estrategia jurídica les indique.

La motivación que ocurre ante quien escribe, es la necesidad de que los aberrantes hechos que se denuncian sean investigados, para determinar si realmente ocurrieron. Además de terminar con la impunidad obteniendo condenas justas y reparaciones si así se estableciese, está la necesidad de poder contar los acontecimientos sucedidos tal y como se logre probar que sucedieron, porque si nadie lo hace se corre el riesgo de que queden sin contarse, sin conocerse.

La tortura, en la mayoría de los casos fue utilizada como medio para la obtención de información, pero ha quedado demostrado en las causas de lesa humanidad que en gran medida también fueron el uso infamantemente cruel de la maldad. En el caso de Malvinas, se torturó, si se probara en juicio los relatos de las víctimas, a la propia tropa. No era “inteligencia” lo que se hacía, era cobardía y maldad, ni siquiera sobre detenidos (que es igualmente injustificable) sino sobre subalternos, utilizando la jerarquía que da el mando, el poder que da la dominación.

En este tiempo en que pareciera que el silencio pretende apoderarse de la verdad, que florecen las manos duras, que se instala mediáticamente los intereses del poderoso, el retardo injustificable de justicia, especialmente en causas de interés humano, se parece mucho a la impunidad.

(*) Ex Fiscal General Federal de Corrientes.