Aun hoy, a casi 20 años del inicio del nuevo siglo, y a 35 de la reinstauración del sistema democrático en el país, es factible encontrarse con gente que pocos días antes de una elección, no tiene la más mínima idea de cómo decidir su voto.

Por lo general, estas personas viven ajenas a las actividad política, salvo por alguna medida o acontecimiento que las involucre directamente, como una variación salarial o algún cambio en el sistema jubilatorio.

No suelen consumir programas de actualidad en medios de comunicación y no le prestan mayor atención a los debates y contenidos políticos derivados de las redes sociales.

Algunos de ellos, con total desparpajo, no dudan en consultar a “personas que saben” cuando caen en la cuenta de la inminente realización de los comicios. En la categoría de “consejeros electorales” suelen ubicar a periodistas, a personas “bien informadas” o algún tipo de dirigente con vinculaciones, aunque más no sea indirectas, con organismos u órganos de decisión política.

Hay que decir que este grupo de ciudadanos, conscientes de su ignorancia, es mucho menos peligroso que aquel conformado por votantes convencidos a fuerza de manipulaciones de todo tipo.

Ubicamos en esta bolsa a los que carecen de un conocimiento profundo de las disputas políticas del lugar donde habitan, pero creen tenerlo, producto del consumo superficial de títulos de diarios, cadenas de Whatsapp y sitios apócrifos de Internet citados por Facebook.

A diferencia de los primeros, estos no asumen su desconocimiento, sino que reafirman su versión de la realidad en base a información endeble, y nunca se plantean la posibilidad de contrastar sus posiciones con otras distintas.

De todas maneras, la idea de estas líneas no es iluminar el destino  de almas electorales errantes, ni persuadir sobre modos de información más higiénicos a quienes no nos han pedido ningún consejo, y dicen no necesitarlo.

El propósito de esta reflexión es analizar, con quienes son un poco más conscientes de cómo funcionan los mecanismos del poder y, además de informarse por distintas fuentes, saben cómo no caer en burdas manipulaciones electrónicas, cuáles serían algunos aspectos importantes para considerar a la hora de encontrarle una orientación al voto.

Por supuesto que no se trata de juicios definitivos, ni dignos de aparecer en una especie de receta (en este caso electoral) como las que se pegan con imanes en la heladera, aunque sí es el producto de resumir algunos años de experiencia en la vida democrática de este país y de esta provincia.

Si bien una realidad compleja se compone, en cierta medida, de la suma de los pequeños mundos de cada habitante de un lugar, constituye un error muy difundido juzgar las políticas de un gobierno en función, únicamente, de la realidad personal.

“A mí me va bien”, dice por ejemplo un importador, un prestamista o un especulador financiero, mientras a su lado se derrumban los puestos de trabajo de la industria, se desploma el consumo y la gente sale a pedir dinero prestado o pone sus ahorros a plazo fijo para que no los carcoma la inflación.

Es decir, por distintas razones, a uno le puede ir bien en un contexto político, y eso no impide tener una mirada solidaria pero también racional, acerca de cómo ha sido el impacto de ciertas medidas en la mayoría de los habitantes de un lugar.

Unido a lo anterior, y más difícil de merituar, resulta cuando una medida me afecta personalmente pero sirve para equilibrar o salvar del quebranto a un sistema que, en caso de colapso, hubiese tornado inviable la subsistencia de ese mismo sistema.

En otras palabras, hay decisiones que aunque perjudiciales porque implican el recorte de beneficios personales, pueden haber cumplido el objetivo más general de salvaguardar los intereses de un colectivo mayor, donde nosotros mismos estamos incluidos.

¿Cómo era la situación social y política antes de la llegada al poder de una gestión determinada? ¿Qué grupos eran los más beneficiados por decisiones que se tomaban y cuáles son ahora los que reciben los mayores réditos? ¿Estamos de acuerdo con ello?

Otras preguntas también podrían ser: ¿quiénes ejercían el poder real, no el institucional solamente, sino que el forzaba las decisiones? ¿Cambió en algo esa situación? ¿quién decide ahora si los servicios públicos funcionan, si las escuelas abren o los hospitales atienden a las personas enfermas?

Desde el punto de vista de la transformación o el desarrollo de una población a largo plazo, ¿qué gestión tenía objetivos más claros y además dio muestras de poder llevarlos a cabo? ¿La gestión anterior, la actual, o la que nunca gobernó pero sus antecedentes indican que podría hacerlo?

En relación a las medidas transformadoras, una prueba teórica pero interesante consiste en preguntarse cuánto de lo realizado podría subsistir en el tiempo, por haber logrado un consenso social que impida grandes modificaciones, y cuánto podría ser borrado de un plumazo por la gestión venidera, sin ningún tipo de costo para sus funcionarios.

Esos cambios, que podríamos denominar “estructurales” son también una gran medida de la eficacia de un gobierno, y un buen orientador a la hora de direccionar el voto.

Entiendo muy bien que este tipo de ejercicios, y otros similares, pueden sonar aburridos cuando no perfectamente inútiles, para muchos que prefieren juzgar la apariencia física, la simpatía, la verborragia, la soberbia o la humildad de determinados candidatos.

“No lo puedo ni ver”, “es una gorda hija de puta”, “es un puto de mierda”, “es una yegua mal parida”, “es un nene bien que no puede hablar” y otras frases de índole emocional impulsadas por máquinas perfectas de marketing que operan a toda hora, riegan de odio las redes sociales, las mesas familiares y de café.

Sustraernos de ese simplismo decadente, y convertirnos en verdaderos ciudadanos pensantes, es el acto más revolucionario que nos plantea la actual vida en sociedad.