Bastaron unas horas desde que se conociera la historia, para que el enlace fuera tendencia entre los grupos de WhatsApp. Minutos, hasta segundos, para que tuviésemos un veredicto al respecto: “qué impresentable la política fueguina”, “son capaces de cualquier cosa”, y comentarios en tono similar que descreen de la veracidad de una información. La fórmula era básica: campaña electoral, números a favor del contrincante = opereta. No hay que darle tanta vuelta al asunto.

Los periodistas fueguinos estamos tan mal acostumbrados al propagandismo político, que nos olvidamos a qué huele el periodismo. Y es que es necesario poner blanco sobre negro respecto de cómo analizamos este tipo de hechos desde el periodismo. Un periodismo atravesado por la cuestión política, sumidos en la pauta dependencia, y necesarios aliados de los poderes de turno.

Sería ideal separar medios de periodistas, pero en Tierra del Fuego los bajos sueldos y las magras condiciones laborales generan un efecto multiplicador de “emprendedores” que tienen un mismo proveedor: el Estado. El Estado en todas sus formas, desde los poderes ejecutivos hasta los legislativos, pasando por las dependencias de cada uno de ellos. Concejales, legisladores, intendentes; incluso abogados, estudios jurídicos. Todos ponen con cierto interés, y los periodistas terminamos inmiscuidos en esa tertulia que desequilibra la balanza de la moral.

Y es que la lectura meramente política de una situación resulta plana, lineal y poco enriquecida. Porque se aportan elementos cuya verosimilitud debería ser considerada para un buen análisis. Por el valor de los testimonios, por la delicadeza del caso, por el peso de los involucrados.

Es increíble, pero el periodismo parece ser una de las pocas profesiones donde sus miembros atacan a uno de sus similares por hacer algo que nunca quisieron o nunca pudieron. Porque también es verdad que no se puede investigar al jefe comunal de una localidad chica viviendo y siendo parte de la misma. Porque es más fácil y menos costoso señalar al otro periodista cuya investigación resulta dudosa “a priori”, que opinar o creer que el poder de turno hace cosas de tamaña atrocidad con fondos públicos.

¿O acaso un periodista que tuviese tal nivel de información como testimonios en cámara, acceso a la causa, etc., no hubiese publicado la historia? ¿O únicamente podemos pensar que una investigación significa millones para el bolsillo de alguien?

La investigación de Infobae encabezada por Mariel Fitz Patrick tiene todos los componentes pertinentes para ser periodísticamente potable, pero por conveniencia o auto protección nos resulta más fácil sentenciar la misma a una operación política.

Preferimos considerar que el prestigio de un periodista o de un medio tienen precio, porque entendemos el medio como una manera de lucrar con la noticia, y no como un faro de la verdad.  

Seguramente esta columna de opinión puede ser, para más de uno, una operación política, un pedido, un favor al que accedimos por una suma considerable a quien suscribe y a quien publica. Lamentablemente, sobre opiniones e interpretaciones no se puede hacer más que seguir opinando y multiplicar los puntos de vista. Quizás, con algo de suerte, se prime la búsqueda de la verdad por sobre el interés político, y se amplíe el cuadro de análisis en pos de conocer la realidad.