sábado 18 de agosto de 2018 - Edición Nº269
Dar la palabra » Política » 19 jul 2018

Control de drogas para funcionarios

Demagogia inconstitucional (Por Osvaldo López)

No se ve cuál es “el problema” que resuelve la ley de antidoping para funcionarios de Tierra del Fuego, cuál es “la demanda” social a que responde. Nadie en su sano juicio puede pensar que apunta a mejorar la política, la gobernanza, las instituciones de la democracia (todo lo cual más bien se vulnera, como a la letra misma de la Constitución), ni mucho menos que apunta a combatir el narcotráfico.


“Las acciones de la vida privada de las personas están exentas de la autoridad de la ley y del Estado, reservadas a Dios y a la propia conciencia” (Artículo 19 de la Constitución Nacional).

La citada es la cláusula primera, en tanto piedra basal, de todo el derecho, el cual no sería posible sin ella. Nada más. Ni nada menos. Vale afirmar que el derecho, como ciencia del orden social, existe porque la persona humana es libre. Y para asegurar esa condición.

La libertad es la regla. Sin perjuicio de las excepciones. De allí se desprende, por ejemplo, una definición bastante popular, cual es la de que “todo lo que no está expresamente prohibido se entiende que está permitido”. Una hipotética concepción de “el derecho al revés”, como puede predicarse de escenarios como sociedades autoritarias, se afirmaría sobre la negación de la libertad como esencia primera del ser humano y de las sociedades que conforma: “todo lo que no está expresamente permitido, se entiende que está prohibido” (la libertad deja de ser la regla para convertirse en la excepción).

Este inteligencia del artículo 19 de nuestra Ley Fundamental también fue receptada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Arriola” resuelto en agosto de 2009, declarando la inconstitucionalidad de la penalización de la tenencia (de estupefacientes) para consumo personal.

Los y las gobernantes sólo pueden ser castigados (política o judicialmente) por sus decisiones y acciones en el marco de la función y políticas públicas de que son responsables.

¿Un aumento del 1500% en las tarifas de los servicios públicos básicos para la vida digna “está bien” porque el gobernante que lo dispuso no había consumido ninguna droga ilegal? ¿La nacionalización del sistema previsional está mal porque la dispone un gobernante que fuma marihuana? ¿Y de la ejecución de “gastos reservados” que no se pueden justificar, por sumas millonarias, en plena campaña electoral, qué diremos? Y la lista podría seguir, si se tratase de redundar en ejemplos de cómo las acciones de la función política pueden ser buenas o malas según los intereses que representan o defienden, con independencia de lo que sus decisores hagan en la vida privada.

No se ve cuál es “el problema” que resuelve la ley de antidoping para funcionarios de Tierra del Fuego, cuál es “la demanda” social a que responde. Nadie en su sano juicio puede pensar que apunta a mejorar la política, la gobernanza, las instituciones de la democracia (todo lo cual más bien se vulnera, como a la letra misma de la Constitución), ni mucho menos que apunta a combatir el narcotráfico.

Los narcotraficantes celebran este tipo de medidas porque les ratifican en su tranquilidad de que el enfoque sobre el problema del que hacen sus negocios sigue siendo errado, culposamente por parte de quienes no lo comprenden, dolosamente por parte de quienes se benefician de que el negocio siga intacto mientras se persigue, estigmatiza y mata de vez en cuando, sólo, al último y más débil eslabón de la cadena.

Aunque cediéramos por hipótesis que la intromisión del Estado en la esfera de reserva de las personas no compromete el principio libertario que basamenta nuestro sistema constitucional, tenemos que la sumisión a un test implicaría una “obligación de hacer”, de la cual al menos los abogados y las abogadas que fungen de asesores, legisladores o gobernador/a debieran saber que, a diferencia de las “obligaciones de dar”, esencialmente son insusceptibles de ejecución forzada (arg. art. 777 Cód. Civ.); más cuando “el hacer” en cuestión se dirige al cuerpo de la persona obligada, cuya inviolabilidad e intangibilidad conforman la integridad, que es derecho humano meritorio de especial tutela.

Si los niveles de mezquindad, hipocresía y sobreactuación se morigerasen un poco, tal vez se recabarían testimonios de cómo en diferentes épocas y lugares el narcotráfico financia a la política; o tal vez, investigaríamos de dónde provienen los fondos de la campaña de Cambiemos cuyo origen no pueden justificar e intentan blanquear usurpando identidades de falsos aportantes, por dar algún ejemplo del yerro en el enfoque.

Da la sensación de que como provincia venimos “dando la nota” últimamente, desde el vergonzante ejercicio de ir a contramano de debates nacionales y mundiales que a través de duras décadas van empujando la evolución hacia la ampliación de derechos. Cuando la movilización nacional y feminista va ganándole la batalla al aborto clandestino, Tierra del Fuego da un mensaje contrario a través de una intrascendente institución del día de los derechos del niño por nacer. Y cuando la lucha contra el narcotráfico va lentamente logrando encauzar el foco hacia la protección de las víctimas y la regulación y el control del negocio privatizado en el campo de la clandestinidad y del crimen organizado, Tierra del Fuego hace demagogia con una ley inconstitucional e impracticable.

Esto es lo preocupante: el deterioro constante de la democracia fueguina, y las consecuencias de tal deterioro, que van desde el estancamiento y el atraso a los debates a tiempos que debiéramos superar, pasando por el perjuicio, la estigmatización y la re victimización de personas concretas, llegando hasta el beneficio a quienes eligen el malestar general como mercado para su negocio clandestino y delictivo que, como se ejerce “de guantes blanco”, eluden la persecución.

Y es doblemente vergonzante si computamos que se lo hace desde un artero “golpe bajo” que bloquea el debate porque, como afirma una nota de Dar la palabra, “medio gobierno está en contra de la ley y nadie se atreve a dar la discusión para evitar ser tratado de cocainómano o monaguillo de Escobar Gaviria”.

Debemos tener muy baja la autoestima social si aceptamos que no nos merecemos representantes políticos que se animen a decir y defender lo que piensan en vez de especular con “los costos” de enfrentar el oportunismo, la irresponsabilidad y la demagogia. Se trata de una dirigencia política que atrasa y ante esto ningún pueblo debiera permanecer impávido, porque asistimos, nada más ni nada menos, que al fracaso de la democracia, que más tiene que ver con la verdad y con el progreso que con estas lides.

Provocar a la sociedad a que obligadamente opte entre sufrir la estigmatización cual “el adicto que critica la ley” o a que deba fingir estar de acuerdo o callarse la boca, es enfermizo. La dirigencia política, sobre todo la institucionalizada, debiera poder pensar y actuar saludablemente, sin miedo ni especulaciones que obstaculicen el avance hacia la verdad y la resolución de los problemas que aquejan a las sociedades.

Es triste y frustrante que a cada tanto tengamos que resignarnos en la afirmación común de que “todo pueblo tiene los representantes que se merece”.

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