A mediados de la década de 1960, la resolución 2065 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) asestó un duro golpe en la línea de flotación de la diplomacia inglesa, logrando llevar la cuestión Malvinas al comité de descolonización, lo que significaba la aceptación del estatus de enclave colonial en el orden mundial y el blanqueo de la usurpación que obligaba al Reino Unido a negociar con Argentina la cuestión soberana.

Desde ese momento, la Argentina no ha cesado en reclamar y denunciar por vía diplomática la ocupación ilegal e ilegítima de aquellas Islas al Reino Unido de Gran Bretaña. El año 1982 marcó un punto de inflexión en tal rumbo, cuando el Gobierno de nuestro país decidió avanzar sobre el archipiélago ocupándolo por un breve tiempo, lo que inmediatamente dio origen a la Guerra de Malvinas.

Luego de la derrota militar, la política exterior argentina y su diplomacia estuvieron signadas por la imposibilidad de poder desarrollar una estrategia unívoca, coherente y programática con respecto al tratamiento que se debiera dar a la ilegal e ilegítima tenencia, por parte del Reino Unido de Gran Bretaña, de las Islas ubicadas en el Atlántico sur. Esta podría ser una de las causas por las que, hasta el momento, no ha podido lograrse avance alguno en un entendimiento bilateral que beneficie a ambas naciones o a la recuperación definitiva de las Islas Malvinas por parte de nuestro país.

La otra causa es aún más determinante. El Reino Unido continúa negándose en forma sistemática a sentarse en la mesa de discusiones de la ONU, tal como lo establece su resolución 2065, a pesar de recibir año tras año, por parte de la Argentina y un bloque importante de naciones que acompañan su reclamo, el pedido expreso de llegar a una solución con lo que es considerado un enclave colonial anacrónico y disruptivo de las relaciones internacionales.

La madurez política necesaria

Con la conformación de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur a principios de la década de 1990, un nuevo actor se sumó a los reclamos soberanos sobre las Islas Malvinas. En efecto, desde el primer momento de su constitución, la Provincia comparte con la Nación la lesión territorial del archipiélago. Pero hasta hace poco, la posición fueguina no contaba con un representante efectivo en la mesa de discusiones y negociaciones para definir las estrategias diplomáticas que la Cancillería argentina llevaría adelante con respecto a dichas Islas. 

Hoy, gracias a la iniciativa del conjunto de las fuerzas políticas locales amparadas en la firme decisión de la Gobernadora Rosana Bertone de lograr la inclusión de la Provincia en una cuestión que hace a su integridad territorial, por primera vez Tierra del Fuego va a contar con un representante que llevará la voz de los fueguinos ante la Cancillería, con capacidad de tener alguna injerencia en las decisiones que se tomen en relación a la defensa de la soberanía de nuestras Islas Malvinas.

Y esto es así porque el pasado jueves 7 de junio, como una muestra de madurez política e institucional que merece emparentarse con el espíritu de unidad demostrado por el Congreso nacional con motivo de la aprobación de la Declaración de Ushuaia ocurrida en el año 2012, la Legislatura en sesión especial aprobó por unanimidad el proyecto enviado por el Ejecutivo para crear la flamante Secretaría de Estado de Representación Oficial para la Cuestión Malvinas.

Es importante resaltar estos gestos porque son el producto final de un camino de entendimientos institucionales y partidarios que la población valora como un activo político indispensable, a modo de un contrato social formativo de la conciencia colectiva y de su identidad territorial. Ese compromiso incluye, desde ya, el no permitirse abandonar los sueños de la reparación histórica que significaría para la Provincia de Tierra del Fuego y el conjunto del pueblo argentino, recuperar los territorios usurpados por el invasor británico.

Son estos ejemplos y no otros, los que en definitiva dan fuerza a cualquier tipo de reclamo. Flaco favor pudiera hacerse a la causa por Malvinas si, en el interior de la Provincia, primaran los intereses sectoriales o los egos personales sobre los deseos más sinceros del conjunto del pueblo, que espera por una resolución favorable o conveniente del actual litigo que existe sobre las Malvinas.

Malvinas por encima de cualquier interés partidario

Sin embargo, un ejemplo que parece empeñarse a marchar a contramano de lo expresado en los párrafos anteriores, está dado por el cariz que está tomando el Consejo Asesor “Observatorio Malvinas” creado mediante Ley provincial 836 de 2010 y en el que el autor de esta columna oficia desde marzo de 2017 en calidad de consejero titular representando al Partido Justicialista.

En efecto, desde principios de este año –hasta diciembre de 2017, el Consejo funcionó con la normalidad y la cordialidad esperada–, algunos sectores políticos, ligados indudablemente a intereses partidarios directamente vinculados con la contienda electoral que se avecina para este 2019, parecen haber encontrado en la participación y cooptación del Observatorio, una ocasional tribuna desde donde poder propinar sesgadas críticas al Gobierno provincial, olvidándose quizá del hecho supremo a atender: la causa Malvinas. Una causa que debe unirnos y nunca dividirnos.

Pues bien, desde marzo de este año, se ha experimentado todo tipo de situaciones de tensión nunca antes vista en la institución, poniéndose de manifiesto una clara intencionalidad política partidaria de desvirtuar el espíritu y finalidad que le imprimiera la Legislatura con el objetivo de asesorar al Poder Ejecutivo Provincial. Muy por el contrario, las comunicaciones que realiza el Observatorio son de tono escandaloso, de confrontación directa con la estrategia que lleva adelante el Gobierno Provincial en su lucha por tener voz ante las decisiones que sobre Malvinas emanan del Gobierno nacional.

Es así como, respondiendo a una clara intencionalidad político-partidaria, están más atentos en generar escándalos y ventilar rencillas internas mediante gacetillas y declaraciones radiales agraviantes y sesgadas contra la política que sobre la cuestión Malvinas lleva adelante el Poder Ejecutivo provincial, que en proteger la institucionalidad del Observatorio, al que claramente están despojando de la seriedad y prestigio que supo tener en otros tiempos.

Es por eso que es esperable que los partidos políticos que envían sus representantes ante el Consejo Asesor Malvinas, por sobre todo aquellos que no fueron apoyados por el voto popular en 2015 y no cuentan con representación en la Legislatura, entiendan la importancia de no desvirtuar el rol que dicho cuerpo debe mantener en un futuro y no utilizar dicho espacio como una plataforma desde donde obsesiva y recurrentemente, criticar toda acción que lleve adelante el Gobierno provincial con respecto a la cuestión Malvinas.

Será entonces responsabilidad de todos los partidos políticos y sus sectores afines, ratificar el ejemplo supremo dado por el Poder Legislativo fueguino, cuyos integrantes fueron capaces de lograr un unánime entendimiento para habilitar la flamante Secretaría de Estado de Representación Oficial para la Cuestión Malvinas,  porque justamente lo que el pueblo fueguino espera y desea no es que la defensa de Malvinas quede bajo el fuego cruzado de la política partidaria, sino que siempre preferirá poder celebrar con satisfacción y orgullo la madurez de sus instituciones.

(*) Secretario de Acción Política del Congreso Provincial Justicialista