La ley antidopaje para funcionarios públicos de Tierra del Fuego es una trampa desde los pies hasta la cabeza, desde su génesis hasta su imposible aplicación, desde su intencionalidad hasta su fundamentación.

El humo que emana desde las entrañas de este asunto es tan denso, que no deja ver la realidad, y por eso es propósito de estas líneas despejar aunque sea parcialmente semejante cerrazón.

Empecemos por impulsar una leve brisa que vaya corriendo la neblina de algunas barbaridades conceptuales.

La primera gran falacia es posicional. Sin ningún debate previo, pareciera que la ley ubica a quienes se atrevan a cualquier análisis del tema. Los que estén a favor de la norma, de inmediato se convierten en paladines de la transparencia institucional, rescatadores de adictos perdidos y líderes mundiales del combate al narcotráfico. Por el contrario, quienes se opongan son enviados de una patada a la vereda de los poco transparentes, drogadictos y narcotraficantes.

Por piedad digamos que la mayoría, aunque en realidad todo el arco político fueguino se enredó en ese dislate conceptual.

Medio gobierno está en contra de la ley y nadie se atreve a dar la discusión para evitar ser tratado de cocainómano o monaguillo de Escobar Gaviria.

¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver la transparencia con someterse a un examen que conculca los derechos más elementales a la privacidad de las personas? ¿No se puede seguir pensando que el narcotráfico es un flagelo y admitir que el Estado no puede convertirse en guardián de la moral privada?

El médico, científico y profesor universitario especializado en Toxicología Carlos Damin, aseguró ayer en FM Centro que el principal error de la ley antidoping para funcionarios es situar al problema en el ámbito de la seguridad, en lugar de hacerlo en el de la salud.

El titular de la cátedra de Toxicología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, además de jefe del servicio de Toxicología del Hospital Fernández, explicó que cuando un efectivo de la policía de Buenos Aires da positivo en un narcotest, se lo considera como un “enfermo”, se le proponen medidas para superar la adicción (si es que la posee) y se lo reintegra a la fuerza, en lugar de echarlo.

¿Por qué aquí se cesaría automáticamente de la función pública al funcionario que consumió drogas? ¿No sería mejor curarlo? ¿Pensar esto me convierte en agente de prensa del Cartel de Cali?

Por otra parte, Damin dio un dato lapidario. El 75% de los argentinos consumen alcohol y solo el 2,4% cocaína. La ley serviría para descubrir a consumidores de algunas drogas ilegales, pero dejaría afuera de cualquier control a la enorme mayoría de consumidores de drogas legales. No solo el alcohol, sino los psicofármacos que, como se sabe, pueden producir efectos aún más devastadores que el de algunos estupefacientes ilegales.

Mientras que el funcionario consumidor de un porro será exiliado al país de los faloperos, el desayunador de puré de Rivotril seguirá guiando los destinos de esta provincia “libre de drogas”.

Me permito ahora soplar un poco más al cielo a ver si se despejan las nubes de humo y podemos tantear un poco algunos inconvenientes de la ley, desde el punto de vista legal.

El abogado constitucionalista, sociólogo y académico Roberto Gargarella afirmó al Diario del Fin del Mundo que la norma es “constitucionalmente inaceptable”.

El experto explicó que el consumo personal (de estupefacientes) es “una acción privada, y como tal, mientras no afecte a terceros de modo significativo, no debe ser objeto de ninguna intervención externa”.

El argumento de Gargarella es categórico: si un funcionario evidencia algún tipo de exaltación o problema de conducta debido al consumo de drogas, se lo debe juzgar por ese desempeño irregular, pero no de manera preventiva por el mero hecho de consumir la sustancia.

Porque el consumo es un acto privado, y lo público, en todo caso, es la consecuencia de ese acto para la función que se desempeña.

Es decir, el Estado debe velar porque ese funcionario cumpla su tarea en forma adecuada, pero no puede entrometerse en los actos previos a ese cumplimiento de funciones, como de la misma forma no podría regular que un funcionario sea feliz en su pareja o en su familia para que entonces vaya a trabajar contento.

Pasemos un trapo al vidrio empañado por el vapor de las mezquindades y la hipocresía que rodean el tratamiento público de esta ley, y detengámonos en aspectos de la aplicabilidad de la normativa.

Supongamos que todo lo pensado anteriormente es falso y la ley se debe aplicar. Muy bien. ¿Dónde se tomarán las muestras de orina a los funcionarios? ¿Irá una comitiva del Ministerio de Salud (o de la Policía) a los domicilios particulares de las autoridades? ¿Cómo se garantizará que no haya contaminación adrede o cambio de muestras? ¿Alguien va a entrar al baño a ver como orina el ministro?

Si en cambio se los citara a un centro de salud o al hospital, ¿se lo haría por turnos? ¿Entonces cómo se evitaría que el funcionario deje de consumir una semana o diez días antes para evitar un resultado positivo?

¿Acaso los estudios serán sorpresivos en los lugares de trabajo? ¿con un escribano público que de fe del pis depositado en el frasquito?

La ley incluye a “jueces, magistrados, y funcionarios del Poder Judicial y Ministerios Públicos”. También sostiene que en caso de dar positivo corresponde la cesantía. ¿Y qué sucedería con un juez que tiene inamovilidad garantizada por la Constitución? ¿Lo echarían sin un jury de enjuiciamiento?

¿Alguien se preguntó por el costo económico de esta ley?, ¿alguien aunque sea lo analizó? Si como se especula, un análisis costara cerca de $10 mil y el análisis abarcara a 2000 funcionarios (porque está incluida toda la Policía y el Servicio Penitenciario? ¿estamos dispuestos a invertir en este tema 20 millones de pesos al año? ¿No sería mejor destinar esos recursos a la prevención del consumo de drogas, como también aconsejó Damin?

La imagen más nítida que se puede observar detrás de esta humareda monumental es la falta de interés real de que esta ley llegue aplicarse.

Por eso no se promovió un debate previo, ni se convocó a expertos ni se discutió en comisión, sino que se votó sobre tablas.

Por eso todos los protagonistas entraron en el juego de “avalar la ley” sin estar de acuerdo con ella.

Por eso todos sobreactúan y fingen una convicción que no tienen.

Porque esta ley hecha de humo está destinada a esfumarse con el paso del tiempo.

La van a reglamentar el día del arquero y se va aplicar el día que las vacas vuelen.

Volvimos a la época del virreinato. La ley se “acata pero no se cumple”.

Puro humo. Y nada más.