Días atrás los familiares de nuestros héroes de Malvinas viajaron a Puerto Argentino para finalizar el proceso de reconocimiento de 90 soldados enterrados en el cementerio de Darwin como “soldado argentino sólo conocido por Dios”. Al colocar las placas con los nombres de sus seres queridos pudieron finalmente cumplir con el derecho internacional humanitario de los familiares de los caídos en conflictos armados, a identificar sus cuerpos.

Al despedirlos, el Canciller Faurie planteó que el logro de la tarea humanitaria realizada por el Comité Internacional de la Cruz Roja fue resultado del diálogo con el gobierno británico y que por esa vía se iban a lograr más resultados sin abandonar el reclamo de soberanía.

Por supuesto que coincidimos en que el diálogo es el único camino para abordar la cuestión. La continuidad de las políticas sobre Malvinas también es de suma trascendencia. Evitar mencionarlas o no destacarlas provoca un recorte de la realidad acerca de esta política de Estado que deja mucho que desear.

La identificación de los soldados fue posible, en primer lugar, gracias al impulso que le dieron al tema los excombatientes y los familiares de los caídos en la guerra. A ello hay que agregar la decisión del entonces gobierno nacional que en 2012 propuso la participación de la Cruz Roja para que intercediera ante Gran Bretaña y que no tuviera otra opción que permitirle hacer lo que el derecho internacional humanitario dispone. Aunque esta semana pocos lo hayan mencionado, los fueguinos recordamos bien ese momento, porque la presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo anunció en Ushuaia, durante el acto central por los 30 años de la guerra.

La perseverancia en el reclamo ajustado a derecho y la continuidad de una política pública fueron claves para lograr resultados concretos.

Durante estos días, algunos se han preguntado si este paso indispensable para cerrar una parte del capítulo más triste de la historia de nuestras Islas tiene alguna relación con el proceso de desmalvinización durante la actual gestión nacional. Si el cumplir con las normas básicas del derecho humanitario no ha sido una suerte de concesión de los británicos porque el gobierno de Macri acepta avanzar en la ampliación de los vuelos a las Islas según los requerimientos de los kelpers, o porque acepta comenzar la “cooperación científica” vinculada a la pesca mientras continúa el saqueo de nuestros recurso hidrocarburíferos y depredación de especies marinas que constituyen parte de nuestros recursos naturales.

Es evidente que en la política nacional sobre Malvinas hay continuidades y hay retrocesos. El camino del diálogo sigue siendo el único posible, y esa siempre es una buena noticia, tal vez la única contínua del 83 a la fecha. Ahora, las concesiones permanentes que se realizan a la hoja de ruta planteada por Theresa May a pocos días de asumir su mandato al presidente Macri, son un retroceso, y eso nos preocupa. Digo concesiones porque son acciones u omisiones que tienden a consolidar la ocupación británica y a debilitar nuestra posición en el diferendo por la soberanía. Han venido a sustentar lo que desde diversos sectores de la oposición hemos denominado desmalvinización, una constante durante el gobierno de Cambiemos.

Además de las cuestiones a las que me refería más arriba en cuanto a los vuelos y a los recursos naturales, vimos con preocupación desde un comienzo la degradación del área que se ocupa de la cuestión Malvinas en la Cancillería, medidas simbólicas como el cese de la emisión del billete de 50 pesos con el motivo de las Islas Malvinas y otras menos públicas pero en esa misma línea como el bajísimo perfil para plantear en ámbitos bilaterales y multilaterales la posición histórica de Argentina de reivindicación de soberanía y de la necesidad de que los británicos se sienten a discutir ese tema.

También llamamos oportunamente la atención por la tardía y tibia reacción ante el avance de la militarización del territorio ocupado por el Reino Unido, el inicio del desmantelamiento del Museo Malvinas en la ex ESMA, el decreto presidencial que vetó parcialmente la ley sobre jubilaciones para los ex combatientes de Malvinas, la desactivación de los Grupos de Apoyo o Solidaridad con la Cuestión de las Islas Malvinas que impulsaban las misiones diplomáticas argentinas alrededor del mundo y hoy brillan por su ausencia.

El hito más preocupante en este proceso de desmalvinización, por contenido y por implicancia política, han sido los acuerdos que el 13 de septiembre de 2016 bajo la modalidad de Declaración Conjunta firmaron las cancillerías argentina y británica. Es cierto, como han dicho los voceros del gobierno, que es una hoja de ruta, y preocupa enormemente que la estén siguiendo al pie de la letra, porque comparte el contenido con la carta de May a Macri a la que hacía referencia anteriormente. Cuando sostenemos que es un acuerdo que abre las puertas a la cesión de soberanía en varios aspectos es porque dice por ejemplo que “se acordó adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos”.

Para darse cuenta que esa declaración conjunta es un acuerdo no hace falta ser un experto, lo dice varias veces el texto. Pero si consultamos a cualquier jurista internacional nos va a explicar que un documento firmado por autoridades de dos países que suponga compromisos para ambos constituye un tratado internacional. Aunque los negociadores hayan utilizado un eufemismo a la hora de redactarlo, fue la propia Cancillería quien incluyó el texto en la biblioteca de tratados de su sitio web, donde se pueden encontrar todos los acuerdos que tiene la República Argentina con otros países ya sea en el ámbito bilateral o multilateral.

Por esos motivos hemos exigido desde distintos bloques en la Cámara de Diputados que este acuerdo fuera discutido y, eventualmente, aprobado o rechazado por el poder legislativo, que es el facultado para cumplir con la ratificación de este tipo de instrumentos.

Entendemos que para asegurar la indispensable continuidad de la política de Estado sobre Malvinas deben dejar de querer evitar al Congreso de la Nación. No se puede seguir avanzando en las negociaciones con el Reino Unido si no se cuenta con el aval de un amplio espectro de las fuerzas políticas y si quedan dudas en parte de la sociedad de si se está actuando de acuerdo a la Constitución Nacional.

En ese sentido, hay que rescatar la experiencia de la Declaración de Ushuaia, aprobada por el Congreso de la Nación en 2012, a iniciativa de integrantes de las comisiones de Relaciones Exteriores de las dos Cámaras legislativas pertenecientes a distintas fuerzas políticas. Ha sido una cabal expresión de la política de Estado reivindicando la soberanía nacional, denunciando la militarización del archipiélago y del Atlántico Sur, y confirmando que el ejercicio pleno de soberanía incluye la explotación de nuestros recursos naturales.

A la hora de sentarnos a negociar con el Reino Unido, no podemos soslayar que estamos tratando con una de las potencias mundiales, que opera la base militar de la OTAN en el Atlántico Sur. Las Islas Malvinas se encuentran entre los territorios más militarizados del mundo, pero, paradójicamente, se ubican en la subregión, América del Sur, más pacífica del planeta, si consideramos los conflictos interestatales de los últimos dos siglos.

No ha habido foro internacional que no se pronuncie a favor de aceptar las resoluciones de Naciones Unidas que instan al Reino Unido y la Argentina a sentarse a dialogar sobre la soberanía de los territorios en disputa. Durante los últimos años, como consecuencia de una diplomacia activa se obtuvieron apoyos regionales y globales que se reflejaron en un contundente respaldo a nuestro reclamo: G-77 (conformado por 134 países en desarrollo) más China, Rusia, MERCOSUR, UNASUR, CELAC, la Cumbre Iberoamericana, los países árabes y los 54 países de África, manifestaron su apoyo a la posición argentina en el diferendo.

Este apoyo también se ha logrado en encuentros internacionales de otros niveles de gobierno, llevando la Causa Malvinas a las agendas locales. En agosto del año pasado, durante su participación en la XI Cumbre Hemisférica de Alcaldes que se realizó en la ciudad mexicana de Pachuca, el intendente Walter Vuoto sumó el apoyo de sus pares provenientes de 24 países a la posición argentina en la disputa de soberanía sobre las islas Malvinas.

Además del apoyo en foros regionales y globales, existen más de 40 resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, partiendo de la N° 2065, es decir aprobadas por casi la totalidad de los países del planeta, que reconocen la disputa bilateral de soberanía e instan a las partes a negociar y resolver el litigio sobre la soberanía de Malvinas.

Pero los británicos se siguen negando a dialogar sobre EL tema que nos incumbe.

Mientras tanto, las negociaciones bilaterales no deberían incluir cuestiones que fortalezcan o consoliden la posición británica en cuanto al ejercicio de soberanía. El Reino Unido quizás tenga la fuerza necesaria para no tener que dar explicaciones ante Argentina, pero no la suficiente como para resistir indefinidamente ante el devenir histórico. La descolonización es un proceso que no se detiene. Las pocas colonias que quedan van a dejar de serlo más temprano que tarde. El tema es cómo se llega a ese momento, qué cede nuestro país en el camino, y en qué cuestiones se mantiene firme.

La defensa de nuestra soberanía en Malvinas es una causa regional y global. Por eso además de conocer el sustento histórico y legal de nuestra causa tenemos la obligación de seguir haciéndoselo saber al mundo. En el apoyo internacional está nuestra fortaleza, y para ello debemos también reafirmar constantemente nuestra identidad local. Para poder salir a convencer a todos de que nos asiste la razón.

Todas y todos los fueguinos tenemos, además de amor por nuestra tierra, conciencia de la relevancia geoestratégica que tiene nuestra provincia.

Nuestra provincia ha tenido siempre un rol protagónico en la defensa de la soberanía argentina sobre Malvinas. Lo hemos hecho con la Ley Gaucho Rivero, que luego fue adoptada por todas las provincias con litoral marino. Lo hemos hecho levantando la voz más que en ningún otro lugar del país ante cada amenaza, ante cada avance en la militarización o en la apropiación por parte del Reino Unido de nuestros recursos naturales.

Pero seguimos siendo una provincia ocupada. La gobernadora, los legisladores y la justicia provincial no pueden hacer pleno uso de sus funciones, los vecinos de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin no pueden recorrer las islas que forman parte de nuestro territorio. La angustia que a todos los argentinos nos provoca la falta de parte del territorio para los fueguinos es particularmente dolorosa, por cercana, por cotidiana.

Desde los distintos poderes del Estado y en cada nivel de gobierno tenemos que seguir trabajando para consolidar la Causa Malvinas como política de Estado tal cual lo establece la Constitución Nacional.

Es un compromiso irrenunciable de todas y todos los argentinos, y una responsabilidad mayor para quienes representamos al pueblo de la Nación. Es una deuda con nuestros héroes de Malvinas, con los que quedaron allá, en Darwin o en el Atlántico Sur, con los que están entre nosotros y con los que ya no están.

(*) Diputado nacional