Hay una política del espacio. El resultado de esa política son las ciudades que creamos. Y las tramas urbanas con que las construimos son finalmente el mundo diario en el que estamos condenados a vivir. Así, indirectamente y aunque no esté clara la naturaleza de esta tarea, al hacer la ciudad nos hacemos a nosotros mismos. En función de esto es que a todos nos asiste consustancialmente un “derecho a la ciudad”, tal y como lo planteó Henrí Lefebvre. En este marco, las rebeliones urbanas ligadas a procesos previos de marginación, opresión y estigmatización, con las esperables consecuencias de iniquidad e injusticia en el acceso a los bienes y servicios de la ciudad, gozan de una legitimidad en origen indiscutible, ya que el “derecho a la ciudad” no es otra cosa que el derecho a la libertad de hacer y rehacer nuestras ciudades y a nosotros mismos.

Las ciudades desde siempre han sido la concreción geográfica de las condiciones y relaciones de producción imperantes y su particular manera de clasificar, tratar, gestionar y controlar a la población. Un vistazo rápido a Río Grande muestra algo de este tipo de procesos en relación a la expansión industrial. La zona norte de la ciudad acumuló en los años ochenta trabajadores trasplantados a monoblocks o khrushchyovkas y en los dos mil esa acumulación se hizo mayoritariamente en barrios marginales y asentamientos irregulares del otro lado del río.

Lo cierto es que no hay ciudades naturales ni espacios o distribuciones urbanas inocentes o casuales como se trata de instalar desde el discurso político. No hay desarrollo urbano que no responda a una planificación interesada o a su falta, también interesada. Por esta razón, las contradicciones de la ciudad no son contradicciones del espacio como tal. Son las contradicciones de la sociedad las que se plasman en el espacio, dando lugar a contradicciones espaciales. A nadie escapa, por ejemplo, que al mismo tiempo que se producían los asentamientos irregulares en la Margen Sur de Río Grande, a causa de la escasez insólita e inexplicable de tierras urbanizadas, se llevaban a cabo, en otras zonas por la misma razón, los más grandes negocios inmobiliarios de la ciudad.  

La rebelión vecinal de la Margen Sur expresa, entonces, el simple reflujo de conciencia de esas contradicciones. Aflora como la exigencia de mirar una trama urbana denigrada y denigrante y como la voluntad de crear una vida menos indigna, más significativa y gozosa. Reclaman los vecinos su "derecho a la ciudad", lo cual no supone otra cosa  que reivindicar algún tipo de poder configurador en el proceso de urbanización y una potestad sobre la forma en que se hace la ciudad donde se vive. Este "derecho a la ciudad" incluso está plasmado en una Carta Mundial de la ONU y, si se lee con atención, la Margen Sur de Río Grande  ha sufrido por lo menos dos procesos claramente condenados en este documento como son la segregación y la exclusión territorial.

Este tipo de insurgencia resulta entonces auspiciosa en términos de construcción de ciudadanía y por eso la respuesta desde los gobernantes es la automática descalificación lisa y llana. Se trata, sin embargo, de procesos de valorización donde las personas y los colectivos no se resignan a ser de segunda, a vivir segregados y sin valores sociales o estéticos y creen que son ellos los responsables de cambiar esa situación. Desde el poder suele pregonarse y auspiciarse la participación, pero cuando la voluntad de participación social es radical y auténtica, es decir, cuando la población busca caminos para participar de las decisiones y por lo tanto reclama potestad sobre los recursos, aparece el carácter conservador de los poderes de turno.

Asociado entonces  a la voluntad de adueñarse del propio espacio y de la propia historia, el “derecho a la ciudad” es mucho más que un reclamo de acceder a bienes y servicios urbanos. Y por eso la sobreactuación de último momento del municipio de Río Grande que busca ahora, con más apuro que criterio, mostrar que hace obras en un sector que históricamente trató como lugar de depósito de excedentes y residuos materiales y poblacionales, es inútil.  

El “derecho a la ciudad” se trata antes que nada del derecho a la autoposesión, es el derecho a cambiarnos a nosotros mismos cambiando la ciudad. Es, además, un derecho social antes que individual, ya que esta transformación depende inevitablemente del ejercicio de un poder colectivo para remodelar los procesos de urbanización. Es decir que la reivindicación del “derecho a la ciudad” supone un crecimiento en la toma de conciencia ya que esta cuestión siempre va ligada a preguntarnos qué tipo de ciudad queremos, qué tipo de lazos sociales queremos, qué relación con la naturaleza y qué valores estéticos deseamos.

De este modo, para que el proyecto vecinal de municipalización de la Margen Sur termine en algo que resulte un progreso será necesario que la forma política de construcción y sobre todo la manera de habitar sea diferente a lo que conocemos. Es decir, más allá del formato institucional que termine teniendo la reclamada autonomía vecinal, lo verdaderamente importante es el despliegue de un gobierno, más directo, comunitario y reflexivo.

(*) Secretario de Cultura y Extensión de la UTN