Me encontraron justo escribiendo una carta. “Señor gobernador de la provincia, Gustavo Melella. Ushuaia, 11 de mayo de 2023”. Pasen, pasen nomás. Que yo les leo. Es pública la carta en este caso.

“El motivo de esta misiva es expresarle lo que pienso de su gestión. Lo quiero hacer hoy porque es la última oportunidad que tengo antes de las elecciones del próximo domingo, en que buscará ser reelecto en el cargo”. Punto.

“Esta carta podrá parecerle un poco dura, coma, lo admito, pero no busca menoscabar ninguna de sus condiciones personales. Se trata, ni más ni menos, que de un análisis periodístico, espero que fundamentado, de su desempeño como político en los últimos años”.

“Escribo estas líneas con la libertad que yo mismo me he propiciado, y con la vocación de romper la cadena de silencios y complicidades en que se ha convertido Tierra del Fuego, entre otros motivos, gracias a su forma de hacer política. Punto”.

“Eso que usted ha bautizado con el eufemismo de paz social, no es otra cosa que la consecuencia de un consenso prebendario construido por su gestión a lo largo de cuatro años. Los fueguinos han dejado de debatir, de protestar, y algunos de pensar incluso, pero no por convencimiento propio, sino por el miedo a quedar fuera de los privilegios y de las migajas de poder que usted se ha dedicado a repartir como si el Estado le perteneciera.

Usted irrumpió en la política como un “radical K”, es decir, como un producto de la transversalidad impulsada por Néstor Kirchner. Pero fue más allá que el Pingüino y decidió usar ese mismo método para su propio armado político y llevándolo al extremo. Así alcanzó la gobernación en 2019 y así propone mantenerse en el poder.

Ya durante la gestión comenzó a tejer una red que no termina nunca: opositores, sindicatos, organizaciones sociales, jueces, periodistas y organismos de control. Todos fueron cayendo en la telaraña de su paz social bancada con fondos públicos.

Como un orfebre de las conveniencias mutuas, usted, señor gobernador, fue dándole forma al diseño de una sociedad callada. Y así construyó también su nueva candidatura, con la que volverá a disputar la gobernación este próximo 14 de mayo, con el apoyo inédito tanto de Alberto Fernández como de Cristina Fernández de Kirchner; con el respaldo de intendentes de La Cámpora y una vicegobernadora que responde al ala “derecha” del conservador Movimiento Popular Fueguino (MPF); con un primer candidato a legislador de Juntos por el Cambio; y con una justicia provincial adicta al poder que construyó mientras en simultáneo exigía el juicio político a los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por su “falta de independencia”.

Cuando era intendente de Río Grande, usted mantuvo su alineamiento kirchnerista, al tiempo que comenzó a distanciarse de la entonces gobernadora peronista Rosana Bertone, a quien acusó de “consustanciarse” con las políticas del ex presidente Mauricio Macri. Así comenzó a edificar su propia candidatura a gobernador, aunque también dio muestras de una forma pragmática de construcción del poder. Mientras agitaba las banderas de “Néstor y Cristina” selló una alianza con el MPF, en particular con el ala comandada por la familia Loffler, conocida por sus influencias en la política, la justicia y el empresariado local.

Damián “Loly” Loffler llevaba entonces cinco mandatos consecutivos como legislador provincial y manejaba los hilos del parlamento. Ernesto “Nené” Loffler era camarista Civil y se lo definía como el “jefe en las sombras” del Poder Judicial. Otros hermanos manejaban empresas contratistas del Estado. De allí salió el nombre de la compañera de fórmula, la mopofista Mónica Urquiza. Se concretó así la alianza entre el discurso nacional y popular y la derecha conservadora vernácula.

Pero funcionó. Porque en 2019 usted se impuso a Bertone en primera vuelta con el 50,9% de los votos. Tenía 48 años y su diseño transversal parecía a la medida de la sociedad fueguina.

La provincia arrastraba oleadas de conflictos de todo tipo. Los empleados estatales y, en especial, el combativo sector docente, pugnaban por recomposiciones salariales después del atraso acumulado durante la gestión de Bertone. Las entidades ambientalistas se mantenían en alerta luego de haber enfrentado al gobierno anterior por el intento de construir una ruta costera sobre el Canal de Beagle e impulsar proyectos de cría de salmones. Prevalecía una atmósfera de confrontación y usted encontró en ese caldo de cultivo una oportunidad inigualable: eligió al sector público como su principal aliado. Subió salarios aún a costa de tener las cuentas públicas en rojo, sedujo a los sindicalistas más rebeldes con cargos en el gobierno y horas cátedra. Lo mismo pasó con las entidades ambientalistas, otrora intransigentes, y desde entonces sumidas en un paciente silencio alimentado también con la contratación de algunos de sus referentes en dependencias del Estado.

La falta de mayoría legislativa tampoco fue un obstáculo. La creación de estructuras super numerosas dentro del propio Poder Legislativo fue un buen incentivo para una oposición poco predispuesta al control y los debates. El presupuesto 2020 reveló que solo la vicegobernadora y presidenta de la Legislatura poseía una plantilla de 72 asesores. A ello hay que agregarle los asesores personales de cada legislador y la nómina de empleados del Poder Ejecutivo afectados a cada parlamentario, según contó la ex asesora (y ex legisladora del Partido Social Patagónico) Amanda del Corro.

Dentro del propio gobierno, el festival de designaciones también permitió alinear tanto a propios como extraños. Cargos inverosímiles destinados a punteros sin pergaminos para el ejercicio de la función pública llevaron a escándalos como el caso del ex Subsecretario de Obras y Servicios Públicos, Gustavo Gabriel Caro, acusado de integrar una banda de narcotraficantes con base en Río Grande, quien ingresó a la provincia 24 kilos de marihuana en plena pandemia. Caro fue condenado por la Justicia Federal a dos años y ocho meses de prisión por el delito de “confabulación en la comercialización de estupefacientes”. Y usted protegió a su funcionario y tan solo lo suspendió mientras se desarrollaba la investigación.

En junio de 2019, señor Melella, usted sorprendió a la opinión pública al declarar abiertamente su homosexualidad. Fue durante una entrevista con Nancy Pazos cuando dijo: “Soy gay y estoy en pareja hace 16 años, pero no pienso en casarme”.

En la provincia el dato se conocía extraoficialmente desde hacía años y su confirmación pasó casi desapercibida. Pero usted no lo hizo público para blanquear a los ciudadanos su elección sexual sino para defenderse de una denuncia por presunto abuso presentada el año anterior por dos obreros de la construcción que ya investigaba la justicia. Alfredo Suasnabar, un trabajador de la construcción de 55 años, y Damián Rivas, un carpintero de 48, se presentaron ante la justicia de Río Grande para denunciar que usted les había exigido “favores sexuales” a cambio de empleo y de cobrar trabajos que ya habían realizado para el municipio.

Sin embargo la Justicia nunca investigó el caso y desde que usted asumió su cargo en junio de 2019 la causa se paralizó definitivamente. Bah, definitivamente no, porque en noviembre de 2020 una novedad sacudió la modorra judicial: el juez de la causa, Raúl Sahade, fue denunciado por el supuesto cobro de fallos y arreglo de causas. Sahade estaba en apuros y desempolvó la causa por las denuncias de abuso. La primera resolución fue ordenar una pericia psiquiátrica sobre usted. La orden cayó como una bomba y motivó decisiones concatenadas y precisas. Sahade repentinamente suspendió primero la pericia, que nunca se llevó a cabo, y en febrero de 2021 lo desvinculó a usted de la causa. Poco tiempo más tarde la justicia desestimó las denuncias contra Sahade, a la vez que el Consejo de la Magistratura desestimó someterlo a un jury de enjuiciamiento.

Usted nunca fue absuelto porque ni siquiera tuvo una indagatoria. Lo que hizo Sahade fue rechazar el requerimiento de instrucción fiscal.

Librado de la imputación en la causa de los abusos, a través de toda esta ingeniería de intercambio de medidas, usted tuvo que cumplir el compromiso con sus aliados del MPF que responden a la familia Loffler. Fue así como en plena pandemia de coronavirus, impulsó la ampliación del Superior Tribunal de Justicia de tres a cinco miembros y luego firmó la designación de Ernesto Loffler como juez del máximo órgano judicial.

La conformación de una nueva Corte provincial, que más tarde se complementó con la designación de la jueza Edith Cristiano, cercana a los Loffler, inició una etapa distinta dentro del Poder Judicial, caracterizada por el liderazgo de este grupo de poder con extrema cercanía con la clase política. El poder de los Loffler sigue creciendo actualmente con la designación de funcionarios judiciales en diferentes áreas, al mismo tiempo que prolifera en la Legislatura con la influencia de Damián “Loly” Loffler, vicepresidente del cuerpo y candidato a su séptimo mandato consecutivo.

Fuera del Estado también hay empresas privadas de la familia. Los Loffler son propietarios de las dos franquicias de “Café Martínez” en Ushuaia. Sobre uno de esos negocios funciona una pantalla led de grandes dimensiones en la que se difunden avisos publicitarios. En 2021, la prensa reveló que el Instituto Provincial de Regulación de Apuestas (IPRA), presidido por un allegado a los Loffler, invirtió cifras millonarias de publicidad en ese cartel de Café Martínez.

Otro ejemplo de los vasos comunicantes entre la familia y el Estado es lo ocurrido en el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) con los seguros contra incendios. El IPV determinó como un problema que una gran cantidad de los 8 mil adjudicatarios de viviendas sociales no cumplieran con la obligatoriedad de contar con un seguro contra incendios. A partir de ello, firmaron un convenio de “cooperación” con una empresa en particular -“Swiss Medical Group” (SMG)- y sin concurso ni licitación le adjudicaron  la gestión de las pólizas de seguro con cada adjudicatario de vivienda social de la provincia. Pero no solo eso. Al poco tiempo, quien se presentó como “productor asesor de seguros” y en nombre de SMG para cobrar las primeras “4802 pólizas” por un total de “$9.503.158” fue “Alejandro Martín Deanes”. Deanes publicita su empresa aseguradora en las redes sociales como “Loffler Deanes Asesores de Seguros” junto a Juan Matías Loffler, uno de los cinco hermanos de la familia.

El año pasado usted avaló avaló una nueva modificación del sistema jubilatorio fueguino para el sector público, que había sido reformado a instancias de la ex gobernadora Bertone en 2016, luego de una severa crisis que impedía el pago en tiempo y forma de los haberes.

El nuevo mecanismo fue reglamentado por usted como un acto de campaña, a pesar de que ex funcionarios como el ex presidente de la Caja Jubilatoria, Rubén Banjhe, aseguran que el nuevo régimen tenderá al colapso en pocos años más.

Mientras tanto, el gobierno sigue utilizando una autorización legislativa para emitir Letras de Tesorería por más de 8 mil millones de pesos como “instrumento financiero” para paliar el déficit de las cuentas públicas y dispone de otro permiso para tomar un crédito de 145 millones de dólares destinado a obras de infraestructura energética. Es curioso porque usted llegó a la gobernación criticando el endeudamiento de 200 millones de dólares tomado por Bertone para obra pública y hasta prometió gestiones para renegociar esas obligaciones que se garantizaban con regalías hidrocarburíferas. Sin embargo, a partir de la pandemia, echó mano a los dólares para desafectarlos de las obras de infraestructura y usarlos para gastos corrientes. De los 130 millones que recibió, quedan menos de 10 millones depositados en el banco, según admiten los propios legisladores aliados.

Usted, señor gobernador, declaró públicamente que en Tierra del Fuego “no existe la grieta”. La lista de candidatos a legisladores provinciales por Forja, el partido oficialista, constituye una síntesis de su modo de hacer política. La nómina de diputados está encabezada por Federico Sciurano, hasta entonces legislador “opositor” del partido radical y referente de Juntos por el Cambio. Sciurano es un ex intendente de Ushuaia que formaba parte del armado de Martín Losteau y que criticaba medidas del gobierno nacional como el juicio político a los miembros de la Suprema Corte de Justicia. El mismo juicio político que usted suscribió expresamente. Cuando Sciurano quedó afuera del armado de Juntos por el Cambio, usted no dudó ni un segundo en convocarlo a las filas propias.

No es el único caso. En la lista aparecen dos referentes peronistas, como Ricardo Furlan y Miriam Martínez, que respondían a la ex gobernadora Bertone y que ahora se postulan por el espacio oficialista.

Usted se abraza en público con los intendentes de La Cámpora, Walter Vuoto (de Ushuaia), y con Martín Pérez (de Río Grande), con quien los separa más de lo que los une. Pero ahí están, dentro de un mismo frente que busca sus respectivas reelecciones.

Lo que yo quería decirle en esta carta, señor gobernador, es que con el silencio como telón de fondo, con la prebenda disfrazada de bandera del consenso, usted teje y teje una red de aliados ocasionales con un pragmatismo a prueba de todo.

Yo quería decirle, señor Melella, ahora que también ha logrado usted suprimir casi todas las críticas, y que todos de callen, y que tengan miedo de perder sus privilegios. Ahora que todos especulan y le chupan las medidas, quería decirle que estoy en la vereda de enfrente de su modo de hacer política.

Es posible que usted haya encontrado la fórmula para gobernar esta provincia chica y siempre insurrecta. Es probable que usted le haya encontrado el precio a los fueguinos. Pero hay algunos, señor, gobernador, que no estamos a la venta.

Atentamente, Gabriel Ramonet. Punto. Final