El Laboratorio del Fin del Mundo (LFM) incineró medicamentos que había comprado y se le vencieron, por un total de 2.654.960 dólares. Se trata de 48.272 frascos del medicamento Atazanavir 300 mg contra el VIH-Sida que se compraron en 2018 para ser vendidos al Ministerio de Salud de la Nación. Tras una investigación realizada por el Tribunal de Cuentas de la Provincia, la gestión del gobernador Gustavo Melella resolvió iniciar ante la justicia una demanda civil contra el ex presidente del directorio del Laboratorio, Carlos López, y los ex directivos del organismo María Clara López Ríos y Santiago Villa, a quienes apuntan como responsables de las operatorias fallidas que terminaron con la incineración de los remedios. El tema es polémico porque si bien las operatorias tuvieron lugar durante la gestión de la ex gobernadora Rosana Bertone, los medicamentos se vencieron y fueron incinerados ya durante el mandado de la actual administración del propio Melella.

Además, el Tribunal de Cuentas de la provincia condenó a 6 ex directivos del LFM al pago de $44.993.795,14 por considerarlos solidariamente responsables del perjuicio fiscal que le produjo al Estado la operatoria de venta de medicamentos contra el VIH-Sida al Ministerio de Salud de la Nación en 2019. Según el organismo de control, el Laboratorio adquirió los remedios a un valor y después los vendió a menor precio, debido al desfasaje que se produjo en ese momento por la fluctuación del valor del dólar. 

La denuncia

El LFM es una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria creada por la provincia de Tierra del Fuego durante la gestión Bertone.

Los directivos actuales revelaron que en la administración anterior se compraron 67 mil frascos del medicamento Atazanavir 300 mg con el objetivo de concluir su producción en el laboratorio y luego venderlos al Ministerio de Salud de la Nación, en el marco de un convenio suscripto en 2018 para la provisión de remedios a través de un programa federal de asistencia a enfermos de HIV.

En noviembre de 2018 se adquirieron “67.008 botellas de Atazanavir 300 mg. a un valor de 55 dólares cada una, totalizando 3.685.440 dólares”, pero “48.272 frascos (el 72%) se vencieron e incineraron, produciendo una pérdida de 2.654.960 dólares”, señala la denuncia judicial realizada ahora. 

También menciona que la adquisición de los medicamentos resultó “desproporcionada” e “imprudente”, fruto de una “ineficaz planificación”, del “descuido del patrimonio que administraban y la ausencia de un análisis racional de las circunstancias a las que se enfrentaban”.

La presidenta del Laboratorio del Fin del Mundo, Marcela Andina Silva, explicó que en 2018 la sociedad adquirió dos lotes de unos 60 mil frascos de Atazanavir al laboratorio Bristol Myers Squibb (BMS).

“Por el primero se pagaron 4,2 millones de dólares y se vendieron a la entonces Secretaría de Salud de la Nación por 3,8 millones, es decir que se trató de una operación a pérdida objetada por el Tribunal de Cuentas de la provincia que condenó a los ex directivos al pago solidario de ese perjuicio”, sostuvo Andina Silva.

También agregó que, con posterioridad, las autoridades nacionales avisaron que dejarían de adquirir el remedio porque “de acuerdo a informes de entidades internacionales, se estaba dejando de prescribir a pacientes con HIV y se lo estaba reemplazando por otras drogas”.

“Igual se volvieron a comprar 66 mil frascos más a sabiendas de que el Ministerio de Salud ya no iba a adquirirlos. Cuando asumimos nosotros en 2020, los frascos tenían vencimiento próximo. Hicimos gestiones para devolverlos, o venderlos a otros clientes, pero la realidad es que eso ocurrió con muy poca cantidad y la mayoría tuvo que ser incinerada, generando el perjuicio del que hablamos”, señaló la titular del laboratorio público fueguino.

La demanda judicial entablada por las actuales autoridades del organismo, a instancias de un dictamen de la Secretaría Legal y Técnica del gobierno provincial, dio origen a la causa 29.169 que tramita en el juzgado Civil Nº2 de la ciudad de Ushuaia, a cargo del juez Gustavo González, precisaron los voceros judiciales consultados.

La causa involucra al ex presidente del LFM, Carlos López, a la ex vicepresidenta, María Clara López Ríos y al ex director Santiago Villa.

Los tres ex directivos también fueron condenados en un juicio de responsabilidad realizado por el Tribunal de Cuentas al pago solidario de 44,9 millones de pesos, según la resolución 012/22 del organismo de control que fue recurrida judicialmente por los involucrados.

Ambas causas, la de la incineración de los medicamentos y la que trata la sanción administrativa a los ex directivos, podrían ser unificadas y resueltas en forma conjunta por el Superior Tribunal de Justicia de la provincia, según anticipó el abogado Félix Santamaría, defensor del ex presidente López y de la ex presidenta López Ríos.

(en Audio, la entrevista completa del autor a la presidenta del Laboratorio del Fin del Mundo, Marcela Andina Silva, en el programa Periodismo, de Radio Provincia)