Relato esta historia en primera persona porque yo estuve ahí. Esta vez, no me la contaron.

Eran las primeras horas del escrutinio oficial, el 24 de junio de 2007. En la radio transmitíamos un programa especial con la cobertura de las elecciones provinciales. Hacía rato que había oscurecido y ese dato, sumado al cansancio propio de tantas horas al aire, redondeaba una jornada agotadora, aunque siempre excitante y fuera de lo común.

Me acuerdo que nos encontrábamos en pleno dúplex con un colega de la ciudad de Río Grande, analizando los primeros resultados del ballotage entre Fabiana Ríos y el entonces gobernador y candidato por el Frente para la Victoria, Hugo Cóccaro.

De repente, la contundencia de los números achicó los márgenes de error hasta niveles que no permitían más cavilaciones.

Se produjo un breve silencio, de los característicos que preceden a los anuncios rimbombantes.

Y mientras el colega hablaba de tendencias irreversibles y de inminentes repercusiones en los bunkers partidarios, es que tomé cabal conciencia de la victoria de Fabiana Ríos, de lo que significaba desde el punto de vista institucional, por un lado, por su condición de mujer, pero más todavía por el mensaje de revolución democrática que implicaba para la dirigencia política tradicional, a partir de lo que esta dirigente y su partido habían pregonado en los últimos años de actividad política.

Pese a su subrepticio crecimiento en el ámbito provincial, el ARI fueguino seguía siendo en 2007, apenas un partido político diminuto cuya cantidad de afiliados no superaba el medio millar. Sin equipos técnicos ni más proyecto colectivo que el de combatir la corrupción estructural que habían impuesto en la Isla las sucesivas administraciones al cabo de los últimos doce años.

Sus credenciales eran modestas pero contundentes. No habían gobernado ningún poder ejecutivo. Proclamaban la honestidad y la ejercían a través de sus representantes. Era poco, pero parecía mucho con solo levantar la vista hacia el resto de los desgastados referentes partidarios.

Ríos había proclamado su segunda candidatura a gobernadora para esas elecciones provinciales de 2007, y para confirmar que sus aspiraciones eran serias, sumó como compañero de fórmula al ex jefe de fiscales Carlos Bassanetti, un hombre que se había transformado en símbolo de la lucha contra la corrupción desde su función judicial y que para coronar su buena imagen (sobre todo en Ushuaia) se había negado a jubilarse a la fuerza de acuerdo a los designios del régimen previsional anticipado montado por el ex gobernador Carlos Manfredotti y su troupe.

Necesitaba darle contexto a la historia que sigue porque, por primera vez, elegí ser parte (aunque sea por un año) de ese gobierno provincial. Lo hice aceptando el cargo de Secretario de Comunicación.

Y era secretario cuando me enteré que esa misma gestión iba a designar a un juez del Superior Tribunal de Justicia, el máximo órgano judicial de la provincia, con los mismos vicios y en medio de irregularidades similares a las cometidas por otros gobiernos corruptos.

El elegido era Javier Muchnik, un abogado por entonces camarista penal, que no acreditaba demasiados pergaminos académicos, pero sí uno más importante. Era el hermano de la socia del estudio jurídico en el que se desempeñaba el entonces ministro de Gobierno, Guillermo Aramburu.

Muchnik nació en la Ciudad de Buenos Aires, el 28 de julio de 1963. Estudió once materias de Derecho en la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) entre 1987 y 1988, y completó la carrera en la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) en agosto de 1993. En el currículum que presentó ante el Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego en 2009 cuando se postuló para ser juez del Superior Tribunal de Justicia, figura una especialización en Derecho Penal cursada entre 2000 y 2001 en la Universidad Austral. También 40 participaciones en seminarios, jornadas y cursos de capacitación, en algunos de los casos en calidad de expositor.

Su carrera laboral comenzó como auxiliar en el juzgado Criminal y Correccional 1 de Mar del Plata, en 1989; continuó como oficial mayor en la secretaría de la Cámara Federal de la misma ciudad y luego como secretario de ese organismo hasta febrero de 2003.

El mismo año, el funcionario judicial que ya había vivido en Tierra del Fuego (entre 1971 a 1980 y entre 1982 y 1984) fue elegido juez de la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones de Río Grande y a partir de allí también desempeñó tareas docentes en la sede local de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES).

Con estos antecedentes, Muchnik se impuso en el concurso para llegar a la Corte fueguina, nada menos que al reconocido penalista y profesor Hernán Gullco, entre otras cosas doctor en Derecho por la UBA.

La elección final tuvo lugar el 2 de julio de 2009, y Muchnik logró seis votos favorables en la tercera ronda de votaciones del Consejo. Votaron por él, el juez del Superior Tribunal Gonzalo Sagastume, la representante de los abogados de Ushuaia Teresa Lopardi, su par de Río Grande José Luis Paños, los legisladores provinciales Mónica Urquiza y Ricardo Furlan y el ministro de Gobierno de la gestión Ríos, Guillermo Aramburu.

El proceso no solo tuvo los mismos niveles de arbitrariedad de otros anteriores (no hubo exámenes calificados por jurados académicos, ni valoración concreta de antecedentes y de la entrevista, ni fundamentación de los votos) sino que Aramburu se negó a excusarse de intervenir en el concurso. Debió hacerlo por razones de decoro, al hacerse público (como se ha señalado) que la hermana del candidato Muchnik, Verónica Muchnik, era su socia en un estudio jurídico de Río Grande. También porque Aramburu había designado al padre del candidato Muchnik, Sergio Muchnik, como personal de planta política en el Ministerio a su cargo, durante el período comprendido entre enero y junio de 2008. Y, en última instancia, porque Verónica Muchnik fue abogada de la propia gobernadora Ríos en el juicio entablado por la mandataria contra la obra social del Estado, por su despido arbitrario del organismo.

El único voto negativo contra la postulación de Muchnik fue emitido por el consejero y Fiscal de Estado de la provincia Virgilio Martínez de Sucre, quien de todos modos había votado de forma favorable en la primera de las rondas.

La relación de Aramburu con Muchnik había sido cuestionada desde el inicio del proceso de selección por la organización no gubernamental (ONG) Participación Ciudadana, que a través de sus autoridades solicitó la excusación del ministro, lo que fue desestimado por el Consejo de la Magistratura.

No obstante, las repercusiones del caso llevaron a la gobernadora Ríos a dictar el decreto 723, que creó una instancia de participación posterior al acto de selección del candidato a juez.

Durante esos meses, la entonces gobernadora Ríos fue consultada en varias oportunidades sobre el escándalo de la designación de Muchnik.

Sin embargo, de todos sus dichos sobre el tema hubo una frase que sonó muy desafortunada. Cuando le cuestionaron el comportamiento ético del ministro Aramburu, por no haberse excusado de participar del concurso para elegir al nuevo juez, Ríos dijo que "la ética del ministro, es la del ministro, no la mía".

Tal vez sin querer, la gobernadora encontró así el modo de sintetizar una verdad que no podía ocultar: su colaborador y mano derecha se había comportado de un modo que no permitía situarlos en un mismo plano ético. Si la “ética del ministro no es la mía”, entonces era el gobierno el que carecía de una línea de comportamiento coherente frente a un asunto tan sensible.

Meses más tarde, Ríos terminó respaldando el accionar de Aramburu y acercándose a su comportamiento ético. “Confío profundamente en la buena fe y la honestidad intelectual de Guillermo Aramburu. Su participación (en el Consejo de la Magistratura) era consultada conmigo y con otros miembros del gabinete. Y tiene que quedar claro que las causales de excusación están determinadas en la ley", declaró a la prensa.

También dijo que “en lo que a mi compete como Ejecutivo, establecí todos los mecanismos para que todas las voces pudieran ser escuchadas. Pueden cometerse errores pero hay un marco de ley y un modo de seleccionar jueces, cuestionado, que hay que respetar.

Lo cierto es que la gobernadora terminó firmando el 21 de septiembre de 2009, el decreto 2077 de designación de Muchnik como nuevo integrante de la Corte provincial.

Por esos días, además, fue difundida públicamente una escucha telefónica de origen ilegal, donde se oía una conversación entre Muchnik (todavía camarista penal) y un juez de Mar del Plata sin identificar.

En ese dialogo, el magistrado marplatense indagaba a Muchnik sobre el resultado de una causa que involucraba al entonces diputado nacional Rubén Sciutto, del Partido Justicialista. Y, lo que es peor, se escuchaba la respuesta, con la solución judicial que se le daría al caso. La causa "viene facilonga" porque "no es muy comprometida jurídicamente", decía la voz de Muchnik, aunque se preocupaba por "el efecto" ya que "alguno va a interpretar que le dieron una mano". También se ocupaba de aclarar que "el hombre es candidato en octubre y entra seguro" porque "está culo y calzón con el de Buenos Aires".

El día de su jura como nuevo miembro del Superior Tribunal de Justicia, Muchnik se refirió a las escuchas telefónicas ilegales y las calificó como “un golpe bajo”.

Fue el final de un arduo proceso en el que estuve particularmente involucrado y decepcionado, aunque ello sea lo que menos importe a los efectos de la reconstrucción de la verdad histórica.

Lo trascendente es que el gobierno arribado al poder para transformar a las instituciones, generar transparencia y combatir la corrupción, había puesto a dedo a un juez vinculado a su propio entorno y usando los mismos mecanismos que antes cuestionaba.

El resto es propaganda.