Los convulsionados comicios de mediados de 2007 terminaron por catapultar a la gobernación a Fabiana Ríos, la primera gobernadora electa del país y, además, quien estuvo al mando de la provincia durante dos períodos consecutivos.

En ese proceso electoral había tres fórmulas principales que competían por la gobernación. En realidad, dos de ellas eran las favoritas para ganar las elecciones: la compuesta por el entonces gobernador Hugo Cóccaro en compañía de la entonces diputada Rosana Bertone, y la integrada por el ex intendente Jorge Garramuño y el dirigente radical Pablo Blanco.

En el Frente para la Victoria, la alianza era muy forzada. Se notaba a kilómetros de distancia que Cóccaro y Bertone se habían unido únicamente por una imposición del kirchnerismo nacional. Los candidatos ni siquiera aparecían juntos en los actos de campaña. El PJ estaba dividido puertas adentro y sólo los amuchaba un ansia desmedida por mantener el poder a cualquier costo.

El prometido aval K nunca llegaba de manera expresa. Siempre era por fotos, en Buenos Aires, sin demasiadas ganas de aparecer.

Pero eran el gobierno en funciones, nucleaban al aparato más movilizado de la política fueguina y tampoco iban a regalar la gobernación así porque sí.

El otro lado no era tan otro lado. Garramuño había conducido los destinos de la municipalidad de Ushuaia durante doce años. Y había sido ministro de Obras Públicas durante la gestión de Estabillo en los 90´. Eso le daba chapa para llenar el casillero de “experiencia comprobable”. Su punto fuerte era el orden administrativo y financiero. No había hecho un ingreso masivo de personal a la planta permanente de la comuna, como sí lo hizo el gobierno de Jorge Colazo y Hugo Cóccaro en la medida conocida como megapase, madre del quebranto de las cuentas públicas provinciales. Además, Garramuño contaba con cierto guiño de la Casa Rosada, que lo consideraba un posible aliado dentro del proceso gestado por Néstor Kirchner y que se había bautizado como la transversalidad.

Más atrás en el nivel de aspiraciones llegaba el ARI de Fabiana Ríos, un partido en plena expansión pero que seguía teniendo apenas un puñado de afiliados. Sus credenciales eran modestas pero contundentes. No habían gobernado ningún poder ejecutivo. Proclamaban la honestidad y la ejercían a través de sus representantes. Era poco, pero parecía mucho con solo levantar la vista hacia el resto de los desgastados referentes partidarios. Su principal capital era el ejército de seguidores anónimos que de a poco comenzaba a confiar en sus chances electorales. Y también el agregado a la fórmula de un hombre como el ex jefe de fiscales Carlos Bassanetti, que se había transformado en símbolo de la lucha contra la corrupción desde su función judicial y que para coronar su buena imagen (sobre todo en Ushuaia) se había negado a jubilarse a la fuerza de acuerdo a los designios del régimen previsional anticipado montado por el ex gobernador Carlos Manfredotti y su troupe.

La campaña transcurría con cierta normalidad hasta que ocurrieron dos acontecimientos que sacudieron el panorama electoral y lo modificaron para siempre.

El primero tuvo lugar el 5 de junio de 2007, a solo doce días de la primera vuelta electoral. En esa jornada, el abogado Alejandro De la Riva hizo público el contenido de una denuncia penal presentada ante la justicia de Ushuaia, que salpicaba directamente al entorno más cercano de Garramuño.

La denuncia incluía como prueba un video filmado con cámara oculta, donde se veía al entonces jefe de gabinete municipal y segundo candidato a legislador, Pablo Wolaniuk, aceptando 18 mil pesos a cambio de agilizar los pagos a una empresa contratista del municipio, la cooperativa Magi-Mar. El hecho había tenido lugar el 22 de mayo del mismo año en el despacho del propio Wolaniuk.

También había otras pruebas: más filmaciones sobre un encuentro anterior donde se habrían negociado los pagos, testimonios de empleados y llamadas telefónicas realizadas por los empresarios a los funcionarios que fueron monitoreadas por la justicia.

Wolaniuk negó los cargos y trató de darle otro contexto a las imágenes. Dijo que en realidad los miembros de la contratista estaban realizando un aporte de fondos para la campaña política.

Garramuño reaccionó sin titubeos. Ese mismo día convocó a una conferencia de prensa y anunció que su funcionario dejaba de ser candidato a legislador.

“Nadie puede aspirar a un cargo electivo si existen fuertes sospechas sobre su conducta. Las acusaciones son los suficientemente graves como para quedarnos esperando el veredicto judicial”, afirmó el intendente.

Sin embargo, el daño causado a la fórmula gubernamental parecía irreparable.

El canal 11 de Ushuaia puso al aire el video de la discordia. Viéndolo no quedaban dudas. En una parte, el funcionario aparecía reclamando a los representantes de la empresa el atraso “en un pago que habíamos arreglado”. Los integrantes de la cooperativa le contestaban que tenían dificultades para justificar la salida de 18 mil pesos mensuales y el involucrado le respondía que una posibilidad era hacerlo figurar como movimientos de camiones o alquiler de equipos. En otra secuencia de la filmación, se veía a Wolaniuk recibiendo el dinero, contándolo y metiéndolo en el interior de un bolso.

El mismo día en que se hizo pública la denuncia contra Wolaniuk, otro abogado, Juan Ladereche (ex apoderado de Cóccaro) presentó una denuncia penal aludiendo a supuestos hechos de corrupción en la gestión gubernamental.

Según precisó, los candidatos oficialistas habían alquilado el gimnasio Padre Bonichelli de la Misión Salesiana de Río Grande para hacer un acto político (un bingo el 25 de mayo) y el costo de 8 mil pesos había sido asumido por el Estado.

Ladereche también denunció que el candidato a intendente de esa misma ciudad, Abel Cóccaro (hermano del mandatario) se había beneficiado con un descuento extraordinario en el valor de la publicidad que se difundía por los canales oficiales. Dijo que mientras Cóccaro había pagado 30 mil pesos por cinco horas de pauta, el ARI había erogado 28.200 pesos por una sola hora.

Además, reveló presuntos sobreprecios en obras públicas y aseguró que uno de los partidos integrantes del Frente para la Victoria, llamado La Corriente, falsificó toda la documentación electoral, algo que podía demostrar porque “varias de las autoridades de esa fuerza política ni siquiera viven en la provincia”, afirmó.

En medio de ese clima enrarecido, tuvo lugar el segundo hecho que a mi criterio torció el resultado de la elección. Un blog anónimo de Internet  difundió una grabación clandestina realizada a la candidata a vicegobernadora por el Frente para la Victoria, la diputada nacional Rosana Bertone. Allí se podía escuchar la voz de la mujer conversando con un hombre y haciendo críticas despiadadas contra su compañero de fórmula, el entonces gobernador Cóccaro.

El jueves 14 de junio, cuando el asunto comenzaba a tomar vuelo y se dispersaba sin ningún obstáculo, alguien produjo un corte intencional en el tendido de fibra óptica y dejó incomunicada a la isla con el continente a través de Internet, según denunciaron directivos de la empresa Telefónica de Argentina.

La sospecha de que la interrupción del servicio estaba relacionada con el interés del gobierno porque no se difundiera el video clandestino, se instaló con fuerza en la sociedad.

Para peor, a las pocas horas, el hombre que fue sindicado como el autor de la grabación, Juan Carlos Ionfrida (un ex asesor del gobierno de Cóccaro) sufrió el viernes 15 de junio un extraño accidente de tránsito en la ruta 3, fruto del cual resultó con lesiones graves y debió ser internado en el Hospital Regional de Río Grande. Todo, a 48 horas de los comicios.

¿En cuánto influyeron estos acontecimientos en el resultado de la elección? Siempre será difícil de saberlo realmente. Lo concreto es que el 17 de junio de 2007, el Frente para la Victoria fue el partido más votado. Obtuvo el 32,15% de sufragios contra el 28,28% de la fórmula del ARI. Sin embargo, la noticia era que Fabiana Ríos había entrado al ballotage por primera vez, desplazando al tercer lugar al binomio liderado por Garramuño, que cosechó el 26,22 % de votos.

El domingo 24 de junio, en la segunda vuelta electoral, el ARI logró el 52,05% de votantes, contra el 47,08% de Cóccaro y Bertone.

Ríos asumió el gobierno con un 80% de imagen positiva. Le tocaba gobernar, y no le fue fácil. Pero esa es otra historia.

La que contamos hoy fue la historia del proceso electoral. La del video, las denuncias de corrupción y el corte de Internet. La que muchos todavía recuerdan.

La que será difícil de olvidar.