Permítanme una breve alusión personal. Hace unos días estaba buscando una noticia de los años 90`en el archivo del diario Prensa Libre, que fue el primer medio gráfico donde trabajé como periodista en Tierra del Fuego.

Hojeando las páginas amarillentas ya, por el paso de los años, me encontré con una nota de opinión firmada por mí. O mejor dicho, por otro yo que en ese momento tenía cara de niño y barba negra y tupida. Me dio cierta nostalgia releer esos párrafos escritos con mucha pasión y poco oficio.

Sin embargo, de la manera que podía en ese momento, la nota decía hace veintipico de años, lo mismo que sigo pensando hoy. Y eso, además de nostalgia, me produce cierta dosis de orgullo. No por mí solamente, sino por los compañeros de aventuras que supieron defender esas mismas ideas durante tanto tiempo, en algunos casos muriéndose con ellas, y en otros, como el que vamos a contar hoy, pagando el precio y las consecuencias de no haberse vendido nunca a las mieles del poder.

Ya sé que conté esta historia otras veces. Desde Prensa Libre hasta un podcast, en este mismo espacio, pero en julio del año pasado.

Cada vez que lo hago trato de ser un poco mejor, de ser más claro, de traducir de una forma más precisa los menjunjes legales, de persuadir a la mayor cantidad de gente posible acerca de cómo la clase dirigente fueguina se las arregla para cometer un hecho de corrupción continuado, desde hace casi 30 años.

Voy a empezar por la novedad. Por el último acto. En otro despropósito de la Justicia de Tierra del Fuego, el jefe de fiscales Oscar Fappiano, dictaminó en estos días a favor de la ratificación de la condena a uno de los pocos funcionarios en la historia de la provincia, que se animó aplicar el tope salarial constitucional.

¿Qué es el tope salarial constitucional?

La Constitución fueguina, sancionada en 1991, establece en su artículo 73 inciso 4, que ningún funcionario de cualquiera de los tres poderes podrá cobrar, “por todo concepto”, una remuneración mayor a la del gobernador. Pero como les decía, hace 30 años que la clase dirigente elude esa imposición.

El ex legislador y vicegobernador interino Manuel Raimbault aplicó ese tope salarial a los empleados de la Legislatura provincial, entre 2009 y 2010. A raíz de esa medida, dos trabajadores legislativos fueron a la Justicia y lograron que se revirtiera la aplicación del tope.

La Justicia, adivinen qué. En efecto, le dio la razón a los empleados que querían ganar más que el gobernador. Pero no solo eso. También estableció que las costas de ese juicio las debía pagar la Legislatura.

Es por eso que el Tribunal de Cuentas, cuyos miembros también ganan más que el gobernador, inició una causa contra Raimbault por el “perjuicio fiscal” de las costas del proceso.

Fíjense entonces como el poder fue invirtiendo las cosas, de manera que ya no solo era legal cobrar por sobre el tope, y violar la Constitución, sino que ahora perseguían a los pocos que se animaban a aplicar el tope, o sea, a cumplir con la Constitución.

Ahorremos trámites judiciales y digamos que Raimbault fue condenado civilmente a pagar las costas del juicio que le hicieron a la Legislatura por aplicar el tope salarial, y que el caso, casi una década después, se encuentra a resolución del Superior Tribunal de Justicia.

Una aclaración que no por obvia resulta innecesaria. Todos los jueces que intervinieron en el juicio contra el tope, violan el tope, al ganar sueldos superiores al del gobernador. Y los jueces del Superior Tribunal que deben decidir ahora, también están en la misma situación.

Volvamos al dictamen del fiscal Fappiano, que es previo a la resolución que debe tomar el Superior Tribunal de Justicia.

Fappiano escribió que antes de aplicar el tope constitucional, Raimbault debería haber consultado a los empleados de la Legislatura. Y que al no hacerlo, actuó de manera “autocrática”.

¿Saben qué significa actuar de manera autocrática?. Una autocracia, del griego “autokrateia” es un sistema de gobierno que concentra el poder en una sola figura (a veces divinizada) cuyas acciones y decisiones no están sujetas ni a restricciones legales externas, ni a mecanismos regulativos de control popular. La monarquía absoluta y la dictadura son las principales formas históricas de autocracia.

Según Fappiano, Raimbault actuó de manera autocrática por aplicar la Constitución dentro de un sistema democrático y siendo el vicegobernador provincial electo por el pueblo.

No solo eso. Según el fiscal, Raimbault aplicó un artículo de la Constitución que no es “operativo”, porque necesita de una ley reglamentaria.

¿Se dan cuenta cómo los que deberían defender la Constitución, son los que se encargan de pisotearla?

Fappiano es uno de los integrantes del Poder Judicial que más sueldo gana en la provincia, en la que además está muy poco tiempo. Su dictamen es otra muestra de la degradación del Ministerio Público. Una lástima para un hombre de su trayectoria y formación.

¿Saben por qué? Porque mientras Fappiano juega a las chicanas jurídicas, omite meterse en la historia de este famoso e incumplido artículo constitucional. No cuenta cómo ya en 1993, los integrantes del Superior Tribunal de Justicia hicieron una distinción que la Constitución no efectúa, para diferenciar “funcionarios” de “magistrados” y así es como se aseguraron ganar más plata que el gobernador. Y no recuerda cómo la misma Corte, con otras composiciones, fue equiparando con los magistrados a los funcionarios del Poder Judicial, y después a los empleados, hasta llegar al colmo de las interpretaciones, cuando dijeron en 2011, que el tope era directamente inaplicable para todo el mundo.

¿Saben por qué? Porque llegaron al absurdo de sostener que el sueldo del gobernador no se sabe cuánto es. Que está indeterminado. Porque una cosa es lo que dice el recibo de sueldo y otra lo que gana si se le suman la casa que habita, el teléfono que usa, el auto y el chofer.

Entonces, si no se sabe cuánto gana el gobernador, tampoco se sabe quién gana más o quien gana menos. Resultado: todos  pueden violar el tope y eso, es legal.

¿Se dan cuenta el despropósito? ¿la vergüenza en que han convertido la interpretación de las leyes y la Constitución?

Todo para ganar más plata. Acá no está en juego un derecho, una garantía o la defensa de un grupo vulnerable.

Estamos hablando de cómo se ponen de acuerdo para ganar más plata, todos los funcionarios de la provincia, y los empleados, y los jueces, durante 30 años, por encima de la Constitución.

Hace pocos días escuché al escritor Hernán Casciari, dar una respuesta brillante. Le preguntaron porqué se había embarcado en la idea de filmar una película, sin tener ninguna experiencia en la materia y sin tener recursos económicos de antemano, porque Casciari formó una especie de cooperativa de productores, una comunidad cuyo objetivo es cumplir el sueño de adaptar al cine la novela “La uruguaya”, de Pedro Mairal.

¿Saben que contestó Casciari? Que con estos proyectos conseguía asegurarse temas de conversación interesantes con sus mejores amigos. Que cuando los amigos se juntan y las anécdotas refieren a hechos de hace 20 o 30 años, la charla solo puede ser nostálgica. Pero que cuando se recuerdan acontecimientos recientes, la aventura sigue sucediendo, y la vida fluye.

¿Saben por qué nunca me voy a cansar de denunciar este tipo de injusticias? Porque tengo amigos que le ponen el cuerpo a estas mismas ideas desde hace 30 años. Y nunca se dejaron sobornar. Y porque cuando nos juntemos para hablar de este tema, no quiero recordar la nota de Prensa Libre, quiero comentarles este podcast. Y quiero planear con ellos cómo vamos arreglarnos para denunciar otra vez este mismo tema, y otros, y otros más.

Así, hasta que se nos acabe el tema de conversación.