Dos veces desde que vivo en Ushuaia, me pareció estar en otro lugar. En ambos casos parecía un escenario de guerra. Con explosiones, corridas, heridos, muertes. Con sensación de desborde generalizado. La primera vez fue en Semana Santa de 1995, y la otra, de forma acotada al barrio San Vicente y sus alrededores, fue en la tragedia de Ingeniería Guerra.

Era el 13 de marzo del año 2000 a las 15 y 18, cuando comenzaron a detonar los 500 kilos de un peligroso explosivo, llamado gelamón, que estaban almacenados ilegalmente en el interior de la empresa.

Hubo tres víctimas fatales: el bombero Diego David Sánchez, de 19 años, el propietario de la firma demolida instantáneamente por la onda expansiva, Ceferino Guerra, que falleció en el Hospital después de varios días de agonía, y el operario Ariel Canderle.

Canderle realizaba trabajos de soldadura dentro del depósito y fue esa actividad la que habría originado un incendio y la serie posterior de detonaciones.

También hubo 42 heridos, algunos con consecuencias físicas permanentes, como el bombero Carlos Molina, que perdió un ojo y sufrió lesiones en un brazo y una pierna, o el bombero Daniel García, que soportó lesiones en un oído.

Si bien hubo una explosión inicial, como una bomba en un escenario bélico, se sucedieron después numerosas deflagraciones de distinto calibre.

En unos pocos minutos, todo se convirtió en un caos. Los vecinos de la zona fabril entraron en pánico antes, incluso, de tomar conciencia de lo que estaba pasando. Uno de los impactos destruyó los vidrios de las viviendas ubicadas en varias cuadras a la redonda de la fábrica, incluyendo los del edificio de la escuela 15, situada cerca de allí. Las ondas expansivas volaron chapas de los techos, restos del galpón siniestrado y objetos contundentes de todo tipo.

En la escuela, una catarata de vidrios destrozados comenzó a caer en el suelo de aulas y pasillos, lastimando a varios de los 260 chicos que tomaban clases, aunque a ninguno de gravedad. “Cayó parte de un cielorraso, maderas, vidrios, de todo”, relató por entonces Yolanda Sánchez, la directora del colegio.  También contó que entre los alumnos “hubo escenas de pánico y terror, sobre todo con los más chicos”.

Otro vecino de la zona mencionó que el sonido de la primera explosión fue “tremendo”. “Lo único que atinamos fue salir a la calle y correr para ponernos a salvo. Recorrí más de 1000 metros a pie con mi hijo en brazos”, recordó.

Mientras tanto, efectivos de la Policía, Bomberos y Defensa Civil recorrían en vehículos los barrios aledaños, en medio de los estruendos, el fuego y el humo. Les pedían a los vecinos que se alejaran de la zona de influencia, que treparan hasta la zona alta, sobre la avenida Héroes de Malvinas, y que buscaran resguardo.

El lugar se atestó de autos y de personas. La posibilidad de que explotara un depósito de gas contiguo a la empresa constructora se convirtió en la máxima preocupación. La gente fijaba su vista en la densa y cambiante humareda. Algunos se recostaban en el pasto, otros, descompuestos, pedían agua.

El municipio organizó un operativo de emergencia para liberar las calles al tránsito de ambulancias y de autobombas. Los semáforos fueron puestos en intermitente. Los vehículos de emergencia no daban abasto y muchos heridos llegaron al hospital trasladados en autos particulares.

La causa judicial para investigar lo ocurrido fue tramitada ante el Juzgado Federal de Ushuaia, a cargo del conjuez Carlos Tocagni, y se focalizó en determinar cómo se había producido la llegada del explosivo a la provincia. Hubo cuatro procesados: el conductor del camión en que llegó la peligrosa mercadería, Ernesto Zubeldía, uno de los propietarios de la empresa transportista, Javier Pavlov, el despachante de aduana Marcelo Straguzzi y el agente aduanero Ignacio Constanci.

Clausurada la etapa de instrucción, el caso fue elevado para su juzgamiento en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca.

Durante el juicio realizado en 2001, la fiscal María Cristina Manghera de Marra pidió penas de seis años de prisión para tres de los cuatro acusados: Straguzzi, Pavlov y Zubeldía, a quienes consideró culpables del delito de contrabando agravado.

En cambio, solicitó que a Constanci se lo condenara a una multa de 1.000 pesos, porque a su criterio sólo había incurrido en un acto culposo, es decir, sin intención.

La investigación demostró que el explosivo había sido cargado en una estación de servicio de Olavarría y que había llegado a Ushuaia declarados como matafuegos, posiblemente para abaratar los costos de flete.

Los cuatro acusados se proclamaron inocentes: Pavlov, dueño de la empresa de transporte, dijo que "no hubo nada malo, presenté la documentación correspondiente; fue una carga muy normal. No corresponde a nuestra empresa comprobar la naturaleza de la carga que transportamos".

El despachante de Aduana Straguzzi sostuvo que "no es mi trabajo contar los bultos, ni siquiera verlos. Mi función es presentar la carga ante la Aduana".

A su turno, el agente aduanero Constanzi reveló que su función es contar, medir o pesar los bultos. "Las normas legales para el transporte de mercaderías dentro del territorio nacional, impiden revisar o abrir las cargas", se defendió.

Por último, el camionero Zubeldía afirmó que "mi función fue trasladar la carga hasta Ushuaia, donde entregué el camión. Ahí terminó esta historia para mí", indicó.

Lo cierto es que el camión convertido en un verdadero polvorín ambulante recorrió medio país y atravesó dos veces puestos fronterizos argentinos y chilenos hasta llegar a su destino, sin que nadie lo interceptara ni lo revisara.

Sin embargo, los jueces Juan Leopoldo Velázquez, Gustavo Arturo Duprat y Raúl Hilario Fernández Orozco resolvieron absolver de culpa y cargo a los cuatro acusados.

Los magistrados consideraron que, en todos los casos “no resultó legalmente comprobada la materialidad del delito que se les imputaba”.

Apagadas las llamas y transcurrido el tiempo, el Estado fue desinteresándose hasta de los propios sobrevivientes.

El ex jefe del Cuartel de Bomberos Zona Norte, Eduardo Solari, reveló un año después de la tragedia que la situación económica de los bomberos era “muy mala” y que entre todos tuvieron que colaborar con el bombero Molina (uno de los heridos más graves) porque “nadie se hacía cargo” ni de su tratamiento ni de conseguirle empleo.

Pasaron los años y nada cambió demasiado. ¿Quién podría asegurar, ahora mismo, que se adoptaron todas las medidas para que no exista ningún otro polvorín clandestino enterrado o almacenado en el parque industrial de Ushuaia?

No debe ser casualidad que el nombre de la empresa fuera el mismo que la situación que desató.

No debe ser casualidad cómo terminó la investigación.

En todo caso, el cartel de la entrada debió decir: “Guerra e impunidad. Empresa destructora”.