Lo dijimos en 2018 y lo repetimos en 2021: el gobernador Gustavo Melella puede ser inocente o culpable de la acusación de haber abusado sexualmente de tres obreros de la construcción entre 2016 y 2017, cuando era intendente de Río Grande.

Esa conclusión depende de un proceso judicial en el que deben valorarse pruebas concretas, de acuerdo al principio de la “sana crítica” con el que tienen que desenvolverse los jueces, en cualquier jurisdicción.

El escándalo protagonizado -una vez más- por la Justicia de Tierra del Fuego, y por sus obscenos contactos con la política, consiste en haber desvinculado a Melella sin haberlo investigado, y en haberlo hecho en medio de una trama de intereses particulares mutuos, como si fuera una mera transacción comercial.

Vamos a desmenuzar un poco estas consideraciones.

El juez penal de Río Grande Raúl Sahade rechazó el requerimiento de instrucción, es decir que ni siquiera consideró que había mérito para presumir la existencia de un delito en su instancia más básica.

Después de más de dos años de trámites, Sahade solo se focalizó en investigar a las presuntas víctimas (sus versiones de lo sucedido, sus paraderos, su perfil psicológico, sus contradicciones) pero nunca avanzó en llamar a indagatoria al gobernador.

Quiere decir que el juez se compuso un cuadro completo de situación, reconstruyó lo ocurrido y arribó a conclusiones definitorias, sin haber escuchado nunca la versión de Melella, sin haberlo tenido en frente, sin percibir si mentía o decía la verdad.

Es más, el único paso en ese sentido fue haber ordenado una pericia psiquiátrica sobre el mandatario, que no llegó a realizarse porque el propio magistrado la dejó sin efecto al momento de desvincularlo de la causa.

Pero no solo eso. El juez decidió archivar la causa sin decir una palabra sobre cómo llegaron los obreros a la provincia, quién los trajo y con qué objeto. Tampoco ahondó en las transferencias bancarias de Melella a los trabajadores, en la profusa lista de comunicaciones telefónicas con ellos, en las promesas de trabajo que les realizaron.

Según el juez, el hecho de que uno era el intendente, y los otros simples obreros, no configuraba una relación de poder que puede haber influido en el sometimiento a una relación sexual.

Sahade tampoco valoró las pericias psiquiátricas realizadas a los trabajadores (ni siquiera las menciona en su fallo) de donde se desprende supuesto daño psicológico derivado de los hechos y hasta intentos de suicidio.

Otro aspecto llamativo es el valor otorgado al testimonio de los denunciantes, múltiples y coincidentes, y sin embargo denostados por argumentos como que “no se resistieron” o “no hubo violencia”.

Imaginemos por un momento si se hubiera seguido el mismo razonamiento, pero con víctimas mujeres. ¿Qué hubiera sucedido?

Insistimos en la idea original: Melella puede ser culpable o inocente, pero el caso ofrecía la suficiente evidencia para ser investigado, y no para un archivo prematuro.

Ahora bien, es imposible opinar sobre este pronunciamiento judicial, sin considerar la cadena de acontecimientos concretos y verificables, que lo rodearon y entretejieron con intereses políticos y particulares.

Veamos.

El juez Sahade mantuvo la causa en un estado de parálisis, casi sin mayores novedades, durante prácticamente dos años. Tanto que aún hoy sigue sin pronunciarse sobre la recusación que le planteó la querella. Es insólito e inaudito que un juez sea recusado y siga interviniendo en el caso sin pronunciarse. Pero así pasó.

Sin embargo, en este interregno de inacción, el juez fue denunciado por la propia Cámara de Apelaciones, tras la aparición de pericias telefónicas que lo vinculan con el presunto arreglo de causas y la venta de fallos. Por este caso hay una causa penal en trámite y un expediente en el Consejo de la Magistratura.

Ante el avance de ambas instancias, a finales del año pasado, Sahade desempolvó la “causa Melella”, citó a los denunciantes y ordenó la pericia psiquiátrica del gobernador. ¿Fue un mensaje a quienes lo investigan por el arreglo de fallos? Si no lo fue, se pareció bastante.

Por otro lado, Melella recibió la selección del camarista Ernesto Loffler como nuevo juez del Superior Tribunal de Justicia (ampliado de tres a cinco miembros durante la pandemia).

Loffler fue elegido por el Consejo de la Magistratura en medio de una catarata de irregularidades y en el contexto de un pacto político-judicial que abarcó a todos los sectores.

Para algunos, la ratificación del Poder Ejecutivo es solo una formalidad, pero lo cierto es que un decreto de la ex gobernadora Fabiana Ríos (nunca derogado) abre la posibilidad de una revisión del nombramiento.

Como fuera, el gobernador demoró la designación de Loffler en la Corte, al mismo tiempo que el Consejo de la Magistratura dilató la situación de Sahade (por la venta de fallos) y mientras seguía pendiente la causa contra Melella por los casos de abusos.

Para pasarlo en limpio, podemos inferir este cuadro de situación:

-Sahade desvincula a Melella de la causa de los abusos (esto acaba de ocurrir)

-El Consejo de la Magistratura desvincula a Sahade de la denuncia por la venta de fallos (esto es muy posible que ocurra)

-Melella designa a Loffler en el Superior Tribunal de Justicia (esto es muy posible que ocurra)

Si la deducción fuera cierta, estaríamos ante la presencia, ya no del cierre de dos investigaciones y la designación de un juez del máximo tribunal de la provincia, sino de un escandaloso intercambio de favores multipoder. Es decir, de un reacomodamiento de intereses cuyo fin último es la impunidad.

Los protagonistas de esta historia cuentan con algunas ventajas del contexto histórico: la pandemia, el desinterés ciudadano por los temas judiciales a gran escala y el mapa político fueguino carente de oposición y enfrascado en un acuerdo de distribución del poder sin fisuras.

Pero ningún muro es enteramente sólido ni totalmente impermeable a las gotas de verdad que siempre encuentran resquicios para filtrarse.

Es cuestión de tiempo para que esa mayoría silenciosa y muchas veces apática (lo admito) comience a manifestar su asco e intolerancia ante este tipo de prácticas de su clase dirigente.

Algunos no entienden nada pero otros comprenden todo. Y están ahí, mirando en silencio. Leyendo esta nota y esperando el momento de actuar.