El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, tiene que sobrevivir.

Llegó al poder acorralado por una causa penal donde lo acusan del presunto “abuso sexual coactivo” de tres obreros de la construcción, cuando era intendente de Río Grande.

Para arribar a la gobernación, tuvo que forjar una alianza con el Movimiento Popular Fueguino, manejado por la familia Loffler.

Melella hizo pública su idea de transformar la Justicia y “separar a la política de la selección de jueces”.

Pero tuvo que aceptar la mayor interferencia política en el Poder Judicial de la historia de la provincia, como fue la ley que amplió el Superior Tribunal de Justicia de tres a cinco miembros.

Esa ley habilitó una ficción de concurso para que el Consejo de la Magistratura designe al camarista Ernesto Loffler (jefe de sus aliados políticos) como juez de la Corte provincial.

Mientras Melella se comportó de ese modo, la causa por abuso no se movió del cajón del escritorio, donde estuvo durante dos años.

Igual, el gobernador se guardó un as bajo la manga. Un decreto para ratificar (o no) el nombramiento de Loffler en el Superior Tribunal. No sea cosa que la causa se moviera.

El juez de Río Grande Raúl Sahade tiene que sobrevivir.

Llegó a su cargo merced a sus contactos políticos.

Le tocó investigar la causa por presunto abuso sexual donde está imputado el gobernador.

La tuvo dos años guardada en un cajón. Aguantó las embestidas de la querella para separarlo del caso. Lo respaldó el Superior Tribunal de Justicia.

Pero algo pasó.

La investigación contra una abogada, a la que le secuestraron el teléfono, reveló que mantenía comunicaciones polémicas con Sahade.

Los contactos entre la letrada y el juez explotaron cuando la causa llegó a la Cámara de Apelaciones.

Se sugería el pago de sentencias y el arreglo de causas.

El juez le suministraba a la abogada, escritos para presentar en causas de su juzgado.

La Cámara remitió los antecedentes al Superior Tribunal, y los jueces los enviaron al Consejo de la Magistratura.

Los consejeros pidieron el informe preliminar para el inicio de un jury de enjuiciamiento.

Sahade quedó acorralado, y tiene que sobrevivir.

Por eso ordenó un peritaje psiquiátrico sobre Melella, en la causa donde se lo investiga por el presunto abuso sexual de los obreros.

El peritaje no es de rutina. Pide saber si el Gobernador “presenta patología de índole sexual, síntomas de perversión en términos psicopatológicos, indicadores de desajustes o desviaciones de la lívido y/o en el área de la sexualidad”.

También se cuida en mencionar que la pericia debe determinar “el estado de salud mental de Melella, su estructura de personalidad, es decir, si presenta indicios de personalidad psicopática, perversa, sádica, impulsividad, violencia o si es peligroso para sí o para terceros.

Además, Sahade citó a las tres supuestas víctimas a declarar como testigos, en abril de 2021.

El juez tiene que sobrevivir.

Por eso está mostrando poder de fuego. Lo que puede hacer si se persiste en la idea de investigarlo por vender fallos y arreglar causas.

El pacto de impunidad estaba sellado y funcionaba como un mecanismo de relojería.

Melella inocente.

Ampliación del Superior Tribunal y designación de Loffler.

Cláusula de garantía de Melella con el decreto para revisar la designación de los nuevos miembros del Superior Tribunal.

Sahade con una próspera carrera judicial y haciendo tratos con su amiga abogada.

Pero algo salió mal.

Se resquebrajó el pacto.

Se abrió la grieta.

Todos quieren sobrevivir.

Los teléfonos arden.

Y hay miles de ojos que empezaron a mirar.