El Superior Tribunal negoció con el poder político su continuidad y les dio la espalda a los jueces y demás magistrados. Se portan más como dirigentes políticos que como jueces de un alto tribunal¨, dice uno de los abogados con mayor incidencia dentro de Tierra del Fuego. La definición es para un microclima fueguino, pero representa el funcionamiento de la cúpula de una elite desconectada de la situación social y sanitaria que vive la Provincia.

Muy a pesar del grave contexto sanitario, en estas horas se avanza en el acuerdo político de ampliar la Corte, e integrarla con el actual juez de cámara Ernesto Löfller, según todas las versiones que circulan en la Provincia.

Los jueces del Superior Tribunal no están preocupados por la cantidad de fallecimientos descontrolados en la ciudad de Río Grande, ni ante el posible cierre de la fabrica Brighstar, mucho menos por el colapso de camas en el sistema sanitario público. Tampoco les inquieta la gravísima situación que viven los empleados y prestadores del turismo fueguino. Su único foco es hacerse más fuertes en términos políticos e incidir cada vez más sobre las decisiones que se toman a nivel provincial. Eso sí: les gusta mostrarse (a la vez) como una Corte moderna, democrática y altamente progresista en materia de acceso a la Justicia. Y detestan ser vistos como jueces de una Corte politizada y que se mete en barro de la arena política.

Ante todo, hay que decir que las apariencias engañan: Tierra del Fuego tiene el sistema de selección de jueces más atrasado, contradictorio y discrecional del país. La Justicia fueguina es la que tiene el menor índice de representación de mujeres juezas de la Argentina, según datos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el mayor índice de violencia de género por cantidad de habitantes a nivel nacional. El Poder Judicial fueguino tiene, a su vez, el mayor presupuesto público en comparación al resto de las justicias provinciales. A contrapelo del espíritu de los tiempos, el sistema de selección de jueces está íntegramente conformado por hombres, y esa mayoría unánime masculina se compromete a evaluar con perspectiva de género.

En el Alto Tribunal saben que no pueden desligarse rápidamente del juez Raúl Sahade. El magistrado manipula la causa penal más sensible de Tierra del Fuego: tiene imputado al propio gobernador Gustavo Melella, y maneja el expediente a su antojo y con total apoyo del Superior Tribunal de Justicia. Tal es así que hace menos de un mes, la Corte lo volvió a ratificar frente al expediente en donde el juez era objetado por no resolver el pedido de apartamiento de la causa, pese a la instrucción directa de la Cámara de Apelaciones de resolver correctamente la situación.

Los mensajes telefónicos entre el juez de Río Grande Raúl Sahade y una abogada de esa ciudad pic.twitter.com/Uz13pLTfc5

— Gabriel Ramonet (@gramonet) October 19, 2020

"El futuro político de Melella depende del Poder Judicial y no de los electores. Sí en la causa por acoso sexual en donde está imputado producen las pruebas y llaman a declarar a los testigos, el gobierno empieza a titiritar en cuestión de minutos¨, ilustra un conocedor interno del Poder Judicial.

Melella sabe que sacar a Sahade de ese juzgado implica un cambio de juez de la causa en donde esta acusado. Por eso es tan sensible lo que podría hacer en las próximas horas el Consejo de la Magistratura.

Allí todo podría ocurrir. Es un órgano eminentemente político que tiene en sus manos el destino del juez más polémico de Tierra del Fuego por estos momentos. Por ejemplo, el ministro Agustín Tita es el representante del Gobierno en el Consejo, y su voto seguramente tendrá el condimento que Melella le indique. Lo mismo que el Legislador Pablo Villegas, que integra la coalición ¨Vamos a vivir mejor¨, que llevó a la formula Melella-Urquiza al poder formal hasta el 2023. Entonces, no será una decisión judicial, sino eminentemente política la que se adopte con Sahade.

Este viernes, el Consejo de la Magistratura analizará la conducta del juez Sahade https://t.co/KaQp0l21Qu

— AIRE LIBRE FM (@AireLibreOK) October 21, 2020

Se sabe que gobernar es ejercer el poder y no solo administrar. Y en estos momentos pasa más por la dinámica de un par de legisladores en acuerdo con el Superior Tribunal de Justicia que por las decisiones que dice tomar el Gobierno Provincial. Una verdadera mesa chica en donde se resuelven los destinos del poder. Mientras tanto, otro lote de legisladores no logra comprender el esquema de juego que están practicando, y pasan vergüenza al no poder explicar el sentido de alguna de las leyes que han votado. 

También se conoce que en breve van a declarar inconstitucional el Decreto Provincial vigente desde 2009 que le permitiría a Melella y a la ciudadanía tener algún tipo de intervención sobre las designaciones de los dos jueces que se nombrarán para finales de año. Esto será así porque saben que en San Martín al 400 no se toman las decisiones de fondo en estos momentos.  

Pretender plantear la inconstitucionalidad del escrutinio ciudadano en el proceso de selección de jueces en el 2020 es cuánto menos novedoso. O retrógrado. O ambas cosas. https://t.co/YiEtla1tzh

— Fabiana Rios (@FabianaRiosPSP) October 21, 2020

Este gran acuerdo permitió aprobar una Ley especial en tiempo record por unanimidad, y su promulgación urgente.Y, estando caliente el papel del Boletín Oficial, hicieron el llamado a concurso para cubrir las dos vacantes de la nueva Corte de Justicia sin contar con presupuesto para la ampliación. En el medio, se dieron cuenta que el Decreto de autolimitación dictado por la ex gobernadora Fabiana Rios les resultaba un obstáculo para honrar los tiempos en que se comprometieron, y once años después van por su nulidad. Aunque parezca mentira, van a declarar inconstitucional una norma que amplía la participación de la ciudadanía.   

Todo esto sucede mientras la sociedad fueguina está preocupada por su salud y la continuidad de los puestos de trabajo, a la vez que en frente de la Plaza Piedrabuena de la capital provincial juegan con el futuro de todo Tierra del Fuego sin la más mínima sensibilidad social y política.

Es que, en apariencias, se están ocupando de ampliar nuevos derechos y conducir una Provincia que atraviesa la crisis más impactante de su corta historía. Siempre, aparentando que primero están los derechos de la población y no los propios. Pero ya nadie les cree.