domingo 09 de agosto de 2020 - Edición Nº991
Dar la palabra » Política » 27 jul 2020

Sadismo judicial (Por Guillermo Worman)

Pero aquí lo extraordinario no es la denuncia, sino que el juez no resuelva los hechos presentados. ¿Alguien se imagina lo que podría suceder si el expediente se mantiene igual hasta las próximas elecciones en 2023, donde seguramente Melella busque su reelección? ¿Qué nivel de autonomía tiene el Gobierno para discutir con el Poder Judicial, cuando el futuro del primer mandatario depende de la resolución que dicte un juez de primera instancia? ¿Cuáles serían los impactos institucionales del llamado a indagatoria y de un posible procesamiento?


Por:
Guillermo Worman

                                 Sadismo: 2.m. Crueldad refinada, con placer de quien la ejecuta.(dic. RAE)

  

Existen varias razones que contribuyen al divorcio entre Justicia y Poder Judicial. Una de ellas es la arbitrariedad de las decisiones que toman los jueces, actuando prácticamente sin controles y con absoluta falta de transparencia en la tramitación de expedientes judiciales de alto impacto social y político.

 

La causa que maneja el juez Raúl Sahade desde octubre de 2018, donde está imputado el gobernador Gustavo Melella, es un claro ejemplo de este tipo de desvíos que tanto daño le generan a la imagen de uno de los poderes institucionales del sistema democrático.

 

Sucede que el juez Sahade maneja la causa con capricho y que los mecanismos de control interno del Poder Judicial fueguino funcionan de manera ineficiente o directamente le construyeron una zona liberada al magistrado para que la administre a su antojo.

 

Frente a la acusación presentada por la Fiscalía, el juez tiene obligación de proceder ante la denuncia. Sucede que, pese a la gravedad de hechos, la causa está adormecida en el escritorio de Sahade, ante un Poder Judicial que lo mira de costado, a la par que lo sigue dejando actuar a piacere.

 

¿Por qué no se investigan los hechos denunciados? El juez podría desvincular al gobernador Melella de la causa o avanzar en la investigación en base a la prueba aportada por los denunciantes. Pero nada de esto sucede.

 

En el mientras tanto, la Provincia tiene un riesgo institucional asombroso: El gobernador flota en un limbo judicial donde sigue en su calidad de imputado después de dos años de trámite, y el juez tiene la llave para aflojarle la soga al cuello o para estrangular la situación. 

 

A esta altura, cualquier determinación que tome Sahade ya reviste la categoría de escandalosa. La Cámara de Apelaciones le ha observado en numerosas oportunidades el cuestionado manejo de las actuaciones, al punto de ordenarle al juez que revierta resoluciones que había adoptado en su tribunal.

 

Pero el juez no avanza en la investigación contra el gobernador, ni tampoco lo desvincula. El poder del magistrado y de los aliados con que cuenta dentro de la Justicia para realizar estas maniobras radica es tener al Gobierno dentro de la palma de su mano. Tan es así que, incluso, la Justicia fueguina no tiene ni el decoro de resolver la recusación presentada ante el juez.

 

La Cámara de Apelaciones de Río Grande ordenó en septiembre de 2019, por segunda oportunidad, que se resuelva la situación, pero Sahade sigue siendo el mandamás de la situación.

 

 

A todo esto, la Legislatura fueguina se apresta a convalidar el proyecto de Ley presentado por el Superior Tribunal de Justicia para ampliar la Corte en plena cuarentena, ampliando sus integrantes de tres a cinco cortesanos.

 

Esto sucede, mientras el gobernador de la Provincia sigue imputado por una denuncia penal desde octubre de 2018 y los denunciantes sin ningún tipo de respuesta por parte del sistema de administración de Justicia.

 

 

El gobernador Melella se encuentra a un paso judicial para que el juez Sahade lo desvincule de la causa penal o que decida avanzar con la investigación y probablemente realice llamados a indagatoria. ¿En estas condiciones, puede el primer mandatario oponerse a las pretensiones de ampliar el Superior Tribunal de Justicia?

 

O, por el contrario, la ampliación de la Corte es una negociación que luego incluirá el cierre del tan cuestionado expediente judicial.

 

 

En el Ínterin, alguien parece estar disfrutando y sacando provecho de toda esta situación, mientras la sociedad fueguina mira boquiabierta cómo se resuelve el futuro político de la actual gestión de gobierno.

 

*Foto www.pagina12.com.ar

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