miércoles 23 de septiembre de 2020 - Edición Nº1036
Dar la palabra » Política » 17 jul 2020

Que la estructura judicial no tape el bosque (por G. Worman)

Y, con la actividad comercial abatida, sin embargo, con empresas que bajan su producción o comercios que reabren con la mitad de su personal, la agenda política e institucional fueguina se centra en debatir y avanzar en la ampliación de Superior Tribunal de Justicia.


Por:
Guillermo Worman

 Los datos económicos y sociales en Tierra del Fuego son dramáticos. Empresas sin producción, hoteles y agencias de turismo cerrados, comercios funcionando al 30 % y el resto de las ramas de la producción atravesando una crisis similar, o peor.

 

Ante este escenario, el gobierno nacional puso en marcha el Ingreso Familiar de Emergencia, y en Tierra del Fuego asiste a 20.720 personas afectadas por la crisis provocada por la cuarenta.

 

Y, con la actividad comercial abatida, sin embargo, con empresas que bajan su producción o comercios que reabren con la mitad de su personal, la agenda política e institucional fueguina se centra en debatir y avanzar en la ampliación de Superior Tribunal de Justicia.

 

 

Como si la solución al problema que aqueja a toda Tierra del Fuego se solucionaría con designar dos nuevos jueces y llevar la Corte de tres a cinco integrantes.

 

La decisión es aterradora en términos de contexto. El mensaje de la cúpula del Poder judicial, y de un amplio sector de la dirigencia política, frente a una sociedad preocupada y abatida por el escenario incierto hacia delante es absolutamente desconcertante.

 

Un rápido repaso descuartiza los argumentos que se plantearon hasta ahora. La provincia de Buenos Aires, con 16, 6 millones de habitantes, tiene un corte con 7 integrantes (uno vacante), mientras que Córdoba, con 3,5 millones, posee un tribunal de 7 magistrados. Santa Fe, con 3,36 millones, tiene una Corte Suprema de 6 integrantes. Tierra del Fuego, la provincia con menor cantidad de habitantes y de ciudades (tan solo tres), no parece tener como prioridad incrementar en casi un 66% la estructura y costo del su máximo tribunal.

 

 

Todo indica que la posible ampliación de la Corte responda más a una negociación política y personal, que a dar respuesta a un problema estructural que atraviesa la sociedad fueguina.

 

Quienes conocen la organización judicial de las 23 provincias del país y de la ciudad de Buenos Aires saben que el nivel de complejidad y volumen de causas que se tramitan no justifica, en términos proporcionales, poner en la cima de las prioridades de Tierra del Fuego un tema que no resolverá ninguno de los problemas que sufre la comunidad fueguina desde el comienzo de la pandemia.

 

  

En todo caso, si existe tamaña necesidad de hacer una nueva Corte en medio de la urgencia que atraviesa la sociedad fueguina, alcanza con que nos cuenten cómo se han encaminado las soluciones para atenuar o resolver la crisis que viven quienes han perdido sus trabajos o quienes han sufrido una baja importante de sus ingresos.

 

Algo que, hasta el momento, no ocupa el centro de la escena política pero sí es el eje principal del discurso mediático.

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