Es innegable que el desenvolvimiento de las instituciones públicas es también un hilo del que tirar para desentrañar la conformación de una identidad social y cultural propia.

“Muéstrame tu Estado, y te diré quién eres”, podría decir alguien. Y pienso que no le faltaría razón.

Si convenimos que una de las acepciones de la palabra corrupción, es el abuso de poder para el beneficio propio, vamos a dar cuenta, entonces, del mayor hecho de corrupción de la historia de Tierra del Fuego.

Nunca un hecho de corrupción en la provincia incluyó la participación de los tres poderes en distintas gestiones de gobierno.

Nunca un hecho de corrupción abarcó a tantos participantes.

Nunca un hecho de corrupción sumó tanto beneficio propio.

Vamos a contar cómo hizo la clase dirigente fueguina para violar durante casi 30 años, el artículo de la Constitución provincial que impide ganar sueldos más altos que el del gobernador.

Para entender esto, no hace falta ser abogado, ni periodista, ni siquiera un ciudadano informado.

Solo hace falta leer, con sentido común, el artículo 73 inciso 4 de la Constitución. No se asusten. Está escrito en castellano. Y lo que es peor, se entiende muy fácil. Dice así:

“La remuneración por todo concepto que perciban los empleados y funcionarios públicos, tanto electos como designados, de cualquiera de los tres poderes provinciales, organismos y entes descentralizados, en ningún caso podrá superar a la del gobernador de la Provincia”.

Con una sabiduría que asombra, los constituyentes le agregaron a la palabra “funcionarios”, la frase “de cualquiera de los tres poderes”, quizá intuyendo que a alguien se le ocurriera distinguirse como integrante de un poder diferente a los demás. “De cualquiera de los tres poderes”, afirma la Carta Magna. Y habrá que inferir, entonces, que uno de los tres poderes es el Judicial.

Por si quedaba alguna duda, a la palabra “remuneración”, los convencionales le sumaron la frase “por todo concepto”, y entonces echaron por tierra con cualquier posibilidad de chicana o salida de emergencia. “Todo concepto” es tan simple de entender, tan maravillosamente contundente, que sólo un terrorista del lenguaje puede hacerle decir lo que no dicen esas palabras.

Pues bien, el primer acto del Poder Judicial de Tierra del Fuego, la primera acordada de la historia judicial fueguina, consistió en pasarse por los fueros toda esta disquisición y en interpretar que “funcionarios” no es lo mismo que “magistrados”. Luego, a ellos no los alcanza el tope.

Después, la acordada 34 del mismo año equiparó al rango de magistrados, a los titulares de los Ministerios Públicos y a los secretarios del Superior Tribunal, con lo que ellos también empezaron a cobrar por sobre el tope.

En 2006, la acordada 54 exceptuó del límite salarial a los agentes fiscales, defensores públicos, el fiscal mayor y el defensor mayor de cada distrito, y en 2010, cuando la gestión de la ex gobernadora Fabiana Ríos pretendió aplicar el tope a los jueces, el Superior Tribunal dictó la acordada 3/10 que declaró de oficio la inaplicabilidad del tope, ya no sólo para los magistrados y funcionarios, sino para todos los agentes judiciales.

A partir de allí, los jueces fueguinos pergeñaron un criterio que todavía rige y que impide aplicar el tope salarial constitucional a ningún empleado público, tenga la jerarquía que tenga y pertenezca a cualquiera de los poderes o dependencias estatales.

Con la firma de los miembros del actual Superior Tribunal: María del Carmen Battaini, Gonzalo Sagastume y Javier Muchnik, se firmó un fallo según el cual, el sueldo del gobernador “no se puede determinar”.

Allí sostuvieron que si bien una ley fija el sueldo del primer mandatario, “nada dice acerca de los otros emolumentos que percibe el titular del Poder Ejecutivo”, como “vivienda oficial, chofer, transporte aéreo o custodia”. Y concluyeron que al no estar cuantificado el valor de esos beneficios, no se puede saber cuánto gana la máxima autoridad provincial, y por lo tanto no se puede aplicar el tope a nadie.

Eso no es nada.

El ex legislador y presidente provisional de la Legislatura provincial, Manuel Raimbault, aplicó la limitación constitucional a los empleados y funcionarios de ese poder, en 2009 y en 2010 hasta dejar el cargo ese mismo año.

Ante ello, dos agentes legislativos, entre ellos Sandra Cincunegui, esposa del Fiscal de Estado Virgilio Martínez de Sucre, iniciaron una acción judicial contra la instrumentación del tope en ese ámbito.

La causa recayó en el Juzgado Laboral de Ushuaia, a cargo del juez Guillermo Sebastián Penza, que al momento de resolver ya contaba con el antecedente del Superior Tribunal sobre la “indeterminación del sueldo” del gobernador, por lo que hizo lugar a la acción de los empleados legislativos. También estableció las costas del juicio “por su orden”, es decir, cada parte (la Legislatura y los empleados) se hacía cargo de las suyas.

Los empleados apelaron lo decidido sobre las costas del juicio, y la Cámara de Apelaciones les dio la razón, estableciendo que las costas debían ser pagadas en su totalidad por la Legislatura.

Tanto en el juicio de los empleados contra la Legislatura, como en el incidente de las costas, Raimbault no fue parte, porque ya no era funcionario, por lo que no pudo decidir si las decisiones se recurrían o se aceptaban, ni pudo fundamentar por qué había aplicado el tope.

No obstante, el Tribunal de Cuentas de la provincia inició un nuevo proceso civil, esta vez contra Raimbault, para cobrarle el “perjuicio fiscal” consistente en las costas pagadas por la legislatura a raíz de su decisión de aplicar el tope en 2010.

En esa causa, que se tramitó durante seis años, un fallo de primera instancia dictado por el juez Civil Gustavo González, y otro que acaban de suscribir por mayoría, los miembros de la Sala Civil de la Cámara de Apelaciones (con los votos de los jueces Josefa Martín y Ernesto Loffler) condenaron a Raimbault al pago de las costas en el juicio de los empleados legislativos, consistentes en $23.057,59 más los intereses desde el momento de la sentencia hasta la actualidad.

Así, Raimbault pasó de ser uno de los pocos en aplicar la Constitución fueguina, a ser condenado por ello.

¿Cuál es el mensaje de la clase política? El mensaje es que no solo el tope no se aplica y “vamos a ganar lo que se nos de la gana”, aunque la Constitución diga lo contrario, sino que, además, al que opine distinto, lo condenamos.

“Me demandaron empleados que ganan más que el gobernador, usando como argumento dictámenes del Tribunal de Cuentas cuyos miembros ganan más que el gobernador, y me condenaron jueces que ganan más que el gobernador. Es un claro mensaje de la clase política. No solo siguen sin aplicar el tope después de casi 30 años, sino que ahora dan un paso más y condenan a quienes nos atrevimos a aplicarlo”, aseveró Raimbault.

La condena contra el ex legislador será recurrida en casación ante el Superior Tribunal de Justicia, cuyos integrantes también ganan más que el gobernador y son los mismos que convalidaron la inaplicabilidad del tope salarial constitucional, diez años atrás.

A esta altura ya no importa demasiado lo que vayan a decir los jueces. Lo que interesa verdaderamente es qué vamos a hacer nosotros. Si, nosotros. Los que leen, los que se enteren de esto. Todos. ¿Qué vamos a hacer entre todos?

Tengo una idea modesta. Si alguien entiende la dimensión de lo que acabo de contar, si se indigna un poco, si le da un poco de vergüenza ajena, háblelo, compártalo, póngalo en sus redes sociales.

Porque en una de esas, si tenemos suerte, por ahí todavía podemos cambiar algo.

La serie de PODCAST de Nosotros los fueguinos se publican en forma simultánea en Gamera. Hablamos distinto