El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia (STJ) aceptó la renuncia por jubilación del expresidente del Instituto Provincial de Regulación de Apuestas (IPRA) Antonio Arosteguichar, el polémico funcionario que fue denunciado penalmente por nepotismo y que actualmente ocupaba un cargo en la vocalía del juez de la Corte Ernesto “Nene” Loffler.

De esta forma, el organismo judicial volvió a echar mano a una práctica habitual en lo últimos años: permitirle la “salida jubilatoria” a autoridades cuestionadas por diferentes motivos, antes de que se complique su situación ante la propia Justicia.

En el caso de Arosteguichar, fue removido del IPRA por el gobernador Gustavo Melella en octubre de 2025, desde noviembre fue designado en el Poder Judicial y el mes pasado se confirmó la denuncia penal presentada por la Fiscalía de Estado, a cargo del fiscal Virgilio Martínez de Sucre.

Según la resolución 11/26 de esa Fiscalía, publicada por EDFM, el organismo acudió a la Justicia tras investigar en forma administrativa ingresos a planta permanente y, especialmente, recategorizaciones dispuestas en 2025, cuando Arosteguichar se encontraba al frente del IPRA.

Entre los beneficiarios de las recategorizaciones figuran la cónyuge del funcionario y sus hijos, quienes accedieron a mejoras escalafonarias.

Además de las promociones, el dictamen del Fiscal también menciona otras situaciones controvertidas, como la recategorización de agentes que se encontraban usufructuando licencias sin goce de haberes.

Desde el punto de vista jurídico, el dictamen señaló que los hechos podrían encuadrarse, prima facie, en figuras como incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

Marche una jubilación

En ese escenario, el STJ dictó el pasado 26 de febrero la Acordada 6/2026 que acepta la renuncia de Arosteguichar desde el 1 de marzo por “haber obtenido el beneficio de jubilación ordinaria”.

La medida firmada por los jueces María del Carmen Battaini, Carlos Gonzalo Sagastume, Javier Darío Muchnik, Edith Miriam Cristiano y por el propio Ernesto Adrián Löffler aclara que “atento a lo informado por la Dirección de Sumarios y el Área de Personal y Haberes (el funcionario) no se encuentra afectado por sumario administrativo y su situación laboral es regular, por lo que no existen impedimentos para la aceptación de la dimisión”.

En ese sentido, resulta sugestiva la premura de la decisión cuando ya es de público conocimiento que existe una denuncia penal contra el ex presidente del IPRA, y que ello podría acarrearle consecuencias legales en cualquier momento.

De todas maneras, la modalidad de los jueces no llama la atención porque es la misma que viene utilizando en otros casos comprometidos. Por ejemplo la ex jueza Correccional de Ushuaia Felicitas Miztegui Marcó accedió a su jubilación en julio de 2025 poco después de protagonizar un incidente vial en el que chocó a varios autos en el centro de la ciudad y escapó del lugar.

Lo mismo (o parecido) sucedió con el ex juez de instrucción Javier De Gamas Soler, jubilado a fines de 2023 cuando arreciaban cuestionamientos judiciales relacionados con su participación como secretario del ex juez Juan José Galeano en la investigación por el atentado de la AMIA.

Del IPRA a la Justicia

Arosteguichar es un hombre ligado al sector del Movimiento Popular Fueguino que responde a la familia Loffler y que ocupó la presidencia del IPRA desde 2023 (cuando el gobernador Gustavo Melella asumió su segundo mandato) hasta 2025 cuando el propio mandatario decidió removerlo a través del decreto 2606 del 28 de octubre. Antes de ello había sido presidente de la Junta Departamental Río Grande del Mopof.

Tras su salida del IPRA, el funcionario fue nombrado en el Superior Tribunal de Justicia por Acordada 256 de 2025.

Esa Acordada estableció que el nombramiento correspondía al área de “Servicios, Mayordomía y Mantenimiento” para desempeñarse “en el Área de Servicios Generales del Distrito Judicial Sur, a partir del 1° de noviembre”.

No obstante, no parece que el ex titular del IPRA haya tenido demasiado tiempo para desempeñar tareas de “mayordomía o mantenimiento” porque apenas seis días después fue pasado a otra área.

En efecto, según la resolución 217 de la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, María del Carmen Battaini y del secretario de gestión y coordinación administrativa y jurisdiccional David Pachtman, Arosteguichar fue asignado a la vocalía del juez Ernesto Loffler, en igual situación de revista, para “colaborar con las tareas allí requeridas”.

Es decir que en una semana, el ex mandamás del IPRA pasó de presidir ese organismo a ser designado en el área de mantenimiento y mayordomía de la Justicia y luego a desempeñarse para la vocalía de Loffler.

La designación se conoció unos días después de la Acordada 2/2026 en la que los mismos jueces del Superior Tribunal establecieron medidas de ajuste presupuestario.

No obstante, el cargo le duró solo cuatro meses, porque antes de que prosperara la denuncia penal en su contra le permitieron acceder a la jubilación.

(Nota publicada originalmente por El Diario del Fin del Mundo)