El poder judicial corporativo y ensimismado de Tierra del Fuego atraviesa por estos días una serie de escándalos que lo muestran con la crueldad de los espejos.

Como otras veces en la historia de la provincia, pero acaso ahora con claridad inusitada, la imagen que la Justicia refleja hacia la sociedad es la de una casta con autocrítica imposible e intereses funestos.

Los jueces cumplen como mandamientos bíblicos dos grandes premisas históricas: la primera, defenderse a sí mismos de un ataque externo, y la segunda, relacionarse a conveniencia con el poder político de turno.

El ingrediente disruptivo, y por eso revelador, es que esta vez existe una interna judicial de proporciones inimaginables. Y lo que antes podía permanecer oculto ahora se ilumina con un reflector luminiscente.

Como sea, lo que estamos viendo es tan burdo y tan pornográfico, que hasta pareciera exagerado como prueba de verdad. Antes del asombro, lo que primero aparece como reacción es la incredulidad. No puede ser cierto. Aunque lo vea, aunque me lo muestren. No puede ser.

Pero resulta que sí. Imaginen tratar de contárselo a un interlocutor foráneo. Resulta que el 13 de junio, la jueza que analiza las apelaciones de las multas de tránsito iba en su camioneta por el centro de Ushuaia. Chocó varios autos en cadena, y en lugar de detenerse continuó su camino y se fue del lugar. ¿Pero alguien lo vio? Sí sí, quedó filmado. ¿Y hubo testigos? Sí sí, policías. ¿Y qué pasó? No, nada sigue siendo jueza, no hubo pedido de jury, ni siquiera la multaron todavía y dicen que le van a otorgar la jubilación.

Ah, perfecto. ¿Y no se pronunciaron los colegios de abogados, la Asociación de Magistrados? Los colegios solo se expresan cuando se trata de mejorar sus honorarios por ley. Son los colegios públicos de honorarios de abogados. Y la Asociación de Magistrados emitió un comunicado. Dicen que están preocupados por el tenor de las publicaciones periodísticas.

Pobre interlocutor foráneo. Imaginen que lo sientan cuando ya se levantaba y le cuentan otra historia. Resulta que un juez de Cámara es acusado de tenencia de pornografía infantil, porque subió a su cuenta personal de Google Drive 52 imágenes de abuso sexual infantil. Una jueza de primera instancia investiga el caso. Allana la casa y el despacho. Secuestra computadoras y celulares. La defensa alega que era material de una causa en que intervino el magistrado cuando era juez de Río Grande. Logra demostrar eso. Pero entonces también se opone a que sigan peritando el resto de los teléfonos y computadoras secuestrados. La jueza quiere abrir los aparatos, la defensa lo cuestiona. Van a la Cámara de Apelaciones. Los compañeros del juez imputado se excusan de intervenir. Participan los jueces de la Cámara Civil, como subrogantes. Le dan la razón a la defensa. Los demás aparatos no se peritan, pero… (acá es cuando el interlocutor foráneo abre los ojos y presta más atención).

La prensa revela que uno de los camaristas que falló a favor del acusado de tener pornografía infantil era socio del acusado en un fideicomiso inmobiliario. Socios entre sí, pero no se excusó de intervenir. Un escándalo inicial superado por otro mayor todavía. Jueces que construyen edificios enteros. Jueces propietarios en barrios exclusivos y en edificios céntricos. Jueces millonarios. Socios entre sí.

El interlocutor quiere irse de nuevo. Hay que tentarlo con un café caliente y con una última historia. Te juro que es la última. Porque hasta ahora solo vimos la defensa corporativa y falta algo que ilustre los vínculos obscenos con el poder político. No quiero, dice el interlocutor, pero a medida que escucha se queda sentado.

El gobernador quiere reformar la Constitución. La Legislatura sanciona una ley convocando a las elecciones. Comienza el proceso electoral, se pone fecha para los comicios. El juzgado Electoral legitima todo. Muy bien.

Un legislador opositor hace una presentación ante el Superior Tribunal. Dice que la elección está mal convocada. En menos de 30 horas los jueces no solo aceptan al legislador como representante de toda la sociedad, sino que dictan una medida cautelar y suspenden las elecciones sin plazo. Además, allanan la Casa de Gobierno y acusan al gobernador y a sus funcionarios de falsificar la fecha del decreto de convocatoria. Todo impulsado por el juez cuya designación en el Superior Tribunal propició el propio gobernador, al ampliar el número de miembros del organismo en plena pandemia.

A partir de ahí, guerra declarada entre: el gobernador y el sector de la Justicia que responde al juez opositor, y entre los sectores de la justicia que responden al juez opositor, por un lado, y los que responden a la nueva alianza política del gobernador, por el otro.

Resultado. Casi un año de elecciones suspendidas por una medida cautelar. Lluvia de chicanas en el expediente. Tres de los cinco jueces recusados por diferentes motivos. Interna judicial y política trasladada a otros temas sensibles, a la Legislatura, a las candidaturas de otras elecciones, a casi todo.

Ahora que finalmente el interlocutor foráneo aprovechó un descuido para irse corriendo reafirmemos algo de esto que nos pasa. Y ensayemos la autocrítica que ninguna de las corporaciones aludidas está dispuesta a hacer. El Poder Judicial es la última garantía de contrapoder. Es el equilibrio entre los demás poderes. Debe ser y también parecer. No podemos aceptar esta imagen que devuelve el espejo. Y los demás que estamos alrededor, mirando como si nada ocurriera, tenemos también una responsabilidad. O seguiremos quietos, distraídos o mirando para otro lado como los pingüinos del Escudo.

El interlocutor foráneo se escapó despavorido porque vive en otro lado. Nosotros vivimos acá. El espejo nos sigue mostrando.