Casi nada de lo que institucionalmente ocurre en Tierra del Fuego desde hace once meses (me refiero al período agosto de 2024-julio de 2025) puede leerse como un suceso aislado o independiente. Todo tiene un trasfondo, y en especial una conexión con el disruptivo cambio producido en el balance de las fuerzas políticas que ejercen el poder real.

Cuando digo “todo” incluyo desde la designación de jueces hasta el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Desde la relación de los concejos deliberantes con los intendentes hasta la conformación de mayorías en la Legislatura. Desde la designación de funcionarios hasta el envío de ayudas económicas a los municipios. Desde el desarrollo de causas penales, o civiles, hasta la paralización de elecciones.

Trataremos de explicarlo en castellano. El mapa político de la isla estaba dominado por la “era del consenso”. El gobernador Gustavo Melella llegó a su cargo y luego fue reelecto con comodidad por una alianza entre su partido -Forja- y el ala del Movimiento Popular Fueguino dominado por la familia Loffler. La figura de la vicegobernadora Mónica Urquiza junto con el nombramiento de algunos funcionarios en áreas clave (Puertos, IPRA, Infuetur, etc) bastaban para mantener el equilibrio del frente interno. Los intendentes nucleados inicialmente dentro de La Cámpora y luego abiertos a otros espacios más o menos ortodoxos (el PJ tradicional en Ushuaia y Provincia Grande en Río Grande) todavía no se batían a duelo y convivían bajo cierta armonía, cada uno en su propio territorio. “Paz social” recitaba Melella en su primer mandato y se jactaba de sus alianzas gremiales con sectores antes combativos extremos como el Sutef.

Pero un hecho empezó a cambiarlo a todo. Fue en la pandemia. Melella debía cumplir con un compromiso principal con sus aliados mopofistas y permitió la ampliación del Superior Tribunal de Justicia para que en tiempo récord le pusieran la alfombra roja a Ernesto Loffler como nuevo magistrado y líder del Partido Judicial.

Todo iba viento en popa hasta que se acortaron los tiempos políticos. Melella, en su segundo mandato, empezó a presionar con su anunciado intento de reformar la Constitución, al mismo tiempo que Walter Vuoto y Martín Pérez comenzaron a pugnar en su intento de convertirse en los líderes del sector para afrontar una hipotética lucha por la gobernación. De repente ya no cabían todos en la misma mesa de intereses mutuos.

Cuando el gobernador logró en diciembre de 2023 los votos para sancionar la ley 1529 de necesidad de la reforma constitucional, el contenido del proyecto contrario a la perpetuidad en los cargos y el discurso pro reforma judicial envalentonó a Loffler, que ya no necesitaba de nada ni de nadie para ejercer el poder.

El resultado fue la medida cautelar conocida el 6 de agosto de 2024 que paralizó las elecciones a convencionales en 30 horas (en rigor fueron veintinueve horas, cincuenta y ocho minutos y cuarenta y tres segundos) y que constituyó un cuasi golpe institucional. El allanamiento cinematográfico en la Casa de Gobierno se juntó a la posibilidad de separar al propio Melela del cargo por un juicio político para que en su lugar asumiera Urquiza (referente del Mopof). Pero la vicegobernadora se reusó y el intentó quedó solo en eso.

Este episodio marcó el final de la era del consenso. Melella dio por concluida la alianza con los Loffler y los convirtió en sus enemigos principales. De inmediato se reagrupó en otra alianza con Vuoto, también molesto por lo sucedido y ya abiertamente enfrentado con Pérez.

En la Justicia, Loffler fue desplazado de todos sus cargos por una mayoría de jueces que ahora responden al nuevo orden. Así María del Carmen Battaini asumió la presidencia del Superior Tribunal y Edith Cristiano la del Consejo de la Magistratura.

El poder real se reconfiguró por completo de una forma menos estable y en tiempos de crisis nacional, con un peronismo en decadencia y la irrupción de los referentes de La Libertad Avanza.

Estuve calculando que más o menos en esta línea aparecerá con fuerza incipiente una sentencia clásica de la época: a mí qué me importa.

Lo entiendo y en algún punto lo comparto. Pero el único sentido de esta nota es advertir, poner el foco, subrayar algo que viene ocurriendo desde hace once meses en la provincia. Me refiero a que cada acontecimiento institucional debe ser leído como parte de este nuevo orden político. Y como tal, tamizado en sus intereses por esa interna del poder real.

Si el Consejo de la Magistratura designa jueces hay que leer a cuál de los sectores en pugna pertenecen. Si no sale el fallo del Superior Tribunal sobre la suspensión de las elecciones a convencionales hay que comprender quiénes impulsan ese pronunciamiento y quiénes lo frenan.

Dejo para lo último este ejemplo perturbador. Si a un juez de Cámara lo acusan de tenencia de pornografía infantil, hay que leer a qué sector pertenece ese magistrado para entender mejor por qué algunos fabrican hasta noticias falsas y especulaciones con tal de comprometerlo más, mientras que otros promueven su beatificación ante la iglesia católica.

El nuevo orden es preferible porque la quietud del anterior resultaba exasperante. Al menos ahora nos enteramos de algo. En general son todas verdades parciales, interesadas y operadas. Hay que descifrarlas en el medio de un mar de mentiras. Hay que tratar de entender, aunque cueste un esfuerzo hacerlo. Hay un cambio en la estructura del poder real. Y si no tenemos ninguna vocación por modificar o interferir en esa dinámica, al menos nos asiste el módico derecho de saber de qué se trata.