Las lamentables expresiones y dichos de quien integra una parte del Poder Judicial de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, reflejan un gran desprecio y desconocimiento del largo camino recorrido por nuestra sociedad, en materia de la condena al último genocidio nacional, ocurrido durante la última dictadura militar, que se instaló en la República Argentina.

Las palabras emitidas por la doctora Felicitas Maiztegui Marcó, quien se desempeña como Jueza Correccional del  Distrito Judicial Sur, de la ciudad de Ushuaia, parecen dejar abierta una puerta por la que la duda y la falta de conocimiento conducen necesariamente a la negación de cientos de sentencias judiciales, que se han establecido a lo largo y ancho del país: Lo que ocurrió en Argentina, durante la vigencia del Estado terrorista fue un genocidio, hubo una masacre direccionada desde el propio Estado para destruir a toda una fracción de la población e implantar un nuevo orden social. Sin embargo, pareciera ser que la magistrada de Tierra del Fuego AEIAS no se dio por enterada de los fallos judiciales que forman parte del archivo de la Memoria Argentina y, como miembro de la justicia desconoce los argumentos allí expuestos.

Poner en cuestión el número de desapariciones forzadas es una estrategia que ha estado en boca de los autores de los crímenes, quienes no dudaron en atribuir la diferencia a móviles económicos de las víctimas y, lo que es peor aún, la legitimación de la teoría, ya no de los dos demonios sino de uno sólo de ellos: serían los perseguidos y masacrados los que engendraron la tragedia con su accionar, demostrando claramente en su pensamiento negacionista, el terrorismo de Estado.

En ese sentido, la magistrada expresa, en su cuenta personal de una red social como lo es Twitter, el más absoluto desprecio y “desconocimiento” por los antecedentes que tenemos todos los argentinos, como es el denominado “Juicio a las Juntas Militares” y el llamado “Nunca Más” que se instaló ese día de juzgamiento a genocidas y que jamás dejaremos de reivindicar, entre otras tantas expresiones cargadas de xenofobia y racismo de clase que publica en la cuenta de Twitter.

El único registro fehaciente de la cantidad de víctimas asesinadas, su identidad y destino final solo está en poder de los asesinos. De aquellos que mientras pregonan que su accionar fue "justo y en defensa de la patria" ocultan todo dato, sabiendo que su proceder fue abiertamente criminal.

Vale la pena recordarle a la jueza Correccional, Felicitas Maiztegui Marcó, que la cifra de los 30000 compañeros desaparecidos no es arbitraria:

500. a) La cantidad de sitios clandestinos de detención y exterminio, en todo el país, que superan el número de 500.

501. b) Las estimaciones sobre el número de prisioneros que hubo en los grandes centros de detención y exterminios como la ESMA, Campo de Mayo, La Perla, el Batallón de Tucumán, el Circuito Camps, El Olimpo, El Atlético, etc., ya que ellos solos superan con creces el número actual registrado en la CONADEP y la Secretaría de Derechos Humanos.

502. c) La estimación en torno al número proporcional de Habeas Corpus presentados en el país.

503. d) El número de integrantes de las estructuras militares afectadas a la represión ilegal durante todo el periodo dictatorial que superan los 150 mil hombres, activos a la caza de sus víctimas.

504. e) Los propios dichos de los militares previo al golpe de Estado, de que sus relevamientos efectuados con anterioridad, desde las escuelas hasta las fábricas, que indicaban en más de 30.000 las personas a eliminar (ver por ejemplo los dichos de un militar en la carta del escritor Haroldo Conti desaparecido el 5 de mayo de 1976, escrita previa al golpe y dirigida a Roberto Fernández Retamar de fecha 02 de enero de 1976).

505. f) Los informes de la Embajada Norteamericana al Departamento de Estado, haciendo constar que en el año 1978 los jefes de la dictadura argentina informaron a la DINA chilena que las víctimas alcanzaban ya el número de 22.000. Debe recordarse que la dictadura continuó en su labor represiva ilegal de secuestros y asesinatos por cinco años más con posterioridad a ese informe y que aquella cifra de 22.000 correspondía a solo los dos primeros años de la dictadura.

Debemos mencionar además, y no debe escapar al conocimiento de la señora jueza que, en uno de los tantos fallos dictados en nuestro país , particularmente en la causa conocida como "Feced II" (delitos de lesa humanidad cometidos en las dependencias del “Servicio de Informaciones” de la Jefatura de Policía de Rosario), el voto de la Dra. Noemí Berros es elocuente en ese sentido: "En el reporte desclasificado en Estados Unidos suscripto por ‘Luis Felipe Alemparte Díaz’ –seudónimo bajo el que operaba en nuestro país en el marco del plan Cóndor, el agente chileno de la DINA, Arancibia Clavel-,  que data de julio de 1978, se adjuntan listados de muertos ‘por  izquierda’ que se dice obtenidos “en el Batallón 601 de Inteligencia del  Ejército, sito en Callao y Viamonte de esta Capital, que depende de la  Jefatura II de Inteligencia del Comando General del Ejército y del  Estado Mayor General del Ejército”. El informe concluye –repito, data de  julio de 1978-: “Se tienen computados 22.000 entre muertos y  desaparecidos, desde 1975 a la fecha”. La cifra misma, la masificación  del fenómeno, actúa deshumanizándolo.

La señora jueza ha disparado en sus redes sociales expresiones realmente inconcebibles, dado el poder que representa, creemos son de un grado mayúsculo de fascismo repudiable, que claramente está instalado en personas como la jueza Maiztegui que forma parte del Poder Judicial fueguino y que rechazamos enfáticamente.

Atacar a quienes representan las luchas por los detenidos desaparecidos en nuestro país, que buscan la verdad, no hace más que resaltar su profundo desprecio por las causas de violaciones a los derechos humanos, y deseamos profundamente que estas miradas con claro tinte negacionista, no formen parte de sus fallos, lo cual sería gravísimo.

Un ejemplo de lo que piensa la señora jueza está claramente escrito en su cuenta personal Twitter, acusando directamente a una de las referentes mundiales contra el terrorismo de Estado, Estela de Carlotto, de “representar (sic) el dolor de violentos subversivos que usaban armas para matar civiles para ocupar el poder”.

Instamos a todos los partidos políticos, organismos de derechos humanos, representantes gremiales, funcionarios electos y a la sociedad en su conjunto a repudiar las expresiones de la doctora jueza Felicitas Maiztegui Marcó, a cargo del Juzgado correccional de la Ciudad de Ushuaia, a quien exigimos cesar en sus expresiones xenófobas, racistas, descalificadoras y negacionista del comprobado genocidio en la Argentina, ocurrido durante la última dictadura militar.

Iremos hasta las últimas consecuencias en el pedido de juicio político, si correspondiere, dada las expresiones públicas que lastiman la memoria ya que no buscan la verdad, y mucho menos justicia, este último, ámbito del que la doctora forma parte.

#30Mil compañeros desaparecidos presentes, ahora y siempre…

(*) Vicepresidente del Partido Solidario de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur.

https://www.cij.gov.ar/nota-33052-La-C-mara-Federal-de-Casaci-n-Penal-rechaz--los-recursos-interpuestos-en-dos-causas-por-cr-menes-cometidos-en-Rosario.html