La prensa confirmó que los gobiernos de Argentina y Gran Bretaña llegaron a un acuerdo sobre la apertura de un segundo vuelo semanal, de una compañía aérea extranjera hacia las Islas Malvinas, desde y hacia San Pablo, Brasil, y una vez al mes vía Córdoba.

La información fue transmitida con un aire positivo -se llegó a hablar de un “triunfo diplomático” del Palacio San Martín- que saluda de manera simplista una mayor conexión de los archipiélagos usurpados desde 1833 con el territorio argentino, a semejanza de lo que ocurrió durante mucho tiempo antes del conflicto de 1982.

El anuncio fue formalizado en el marco de la Cumbre del Grupo de los 20 (G20) por el presidente Mauricio Macri y la primera ministra Theresa May.

Según el detalle, este segundo vuelo regular a las Malvinas -el primero, por un acuerdo de julio de 1999, que une Buenos Aires con Londres vía Río Gallegos- será operado también por la empresa LATAM.

Este paso puede ser dado gracias al acuerdo  conocido como Comunicado Conjunto 10, acordado por Buenos Aires y Londres el 13 de septiembre de 2016 sin revisión del Congreso Nacional, que retoma la política del “paraguas de soberanía” sobre la Cuestión Malvinas y establece nuevas conexiones aéreas entre las islas y terceros países, con escalas en territorio argentino.

LATAM Brasil operará la nueva conexión con un Airbus 320 que unirá semanalmente San Pablo (Brasil), en vuelo directo, con Monte Agradable (Malvinas), y el tercer miércoles de cada mes hará una escala en el aeropuerto Taravella, de Córdoba.

Lo primero que tenemos que preguntarnos, ante este inexplicable triunfalismo diplomático, es ¿para qué la Argentina les otorga a las ilegítimas autoridades isleñas la autorización de una segunda conexión aérea semanal?

La elección del aeropuerto de Córdoba responde solo y únicamente a las demandas del gobierno isleño, que se ha resistido largamente, y de manera cerrada, a que la escala de cualquier conexión aérea sea la capital argentina.

El objetivo común del Gobierno británico y de la dirigencia isleña es crear vínculos comerciales, y de otros tipos, con los países vecinos de América del Sur pero excluyendo siempre a la Argentina. En consonancia, los vínculos aéreos entre las islas y terceros países son un viejo anhelo de la dirigencia económico-política isleña.

Primera conclusión: en este acuerdo anunciado con bombos y platillos, los isleños han logrado lo que buscaban. En dos años de negociaciones, le sacaron al gobierno argentino el ciento por ciento de sus demandas. ¿Para eso negoció Argentina todo este tiempo?

La otra gran pregunta en esta instancia, con la disputa de soberanía por las Malvinas como telón de fondo, cae de maduro: ¿qué beneficios reporta este segundo vuelo al objetivo central e irrenunciable de recuperar el efectivo ejercicio de la soberanía sobre las islas? Y la respuesta es: ninguno. Al contrario, un nuevo perjuicio.

Desde 2003, la Argentina ha presentado la propuesta de establecer un servicio aéreo regular y directo entre las islas y el territorio continental, operado por una empresa aerocomercial argentina, bajo fórmula de soberanía. Pero siempre recibió la negativa rotunda del gobierno británico.

Ahora, resulta que el gobierno nacional termina aceptando que no se trate de un vuelo directo a la Argentina continental, sino de una simple escala. Y, por si fuera poco, que el prestador de ese vuelo tampoco sea una aerolínea de bandera argentina.

Para rematar esta pésima faena diplomática, el gobierno de Argentina aceptó ir en conjunto con el del Reino Unido a gestionar el nuevo vuelo con esa tercera parte.

La situación es política y diplomáticamente indisimulable: este segundo vuelo es una necesidad de la dirigencia isleña y su posible concreción responde, únicamente, a una concesión argentina de buena voluntad, teniendo en cuenta que la mentada autorización requiere indefectiblemente de una autorización argentina.

Ni el Reino Unido, ni los isleños tienen por derecho ninguna capacidad decisoria en esta cuestión, que es y seguirá siendo de exclusiva competencia nacional.

Entonces, si se acepta que el aeropuerto de la nueva escala sea Córdoba, en lugar de Buenos Aires, y que el destino final sea San Pablo, se estará convalidando también todas las imposiciones isleñas y se dejará de lado lo único que debiera haber reflejado un anuncio oficial de este tipo: el interés nacional.

La espina a remover durante la negociación fue siempre la misma; una cerrada oposición de los representantes isleños a que, en principio, el avión hiciese una parada en territorio argentino, y, más tarde, la negativa a que la escala fuese en Buenos Aires. Los "hard liners" (línea dura o halcones) isleños buscaron negar la posibilidad de una "ola turística argentina" en suelo malvinense, por eso bloquearon a todo costo la escala en Buenos Aires (Aeroparque y Ezeiza).

Y lo lograron.

(*) Secretario de Estado para la Cuestión Malvinas. Provincia de Tierra de Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.