viernes 14 de diciembre de 2018 - Edición Nº387
Dar la palabra » Política » 27 nov 2018

Política hidrocarburífera

Populismo energético vs. plan de negocios (Por M. Solorza)

Resulta necesario, para quienes habitamos, nos desarrollamos social, intelectual y económicamente en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, una respuesta sólida de lo que significa la modificación del decreto 751/12 (exención de impuestos a la actividad hidrocarburífera en la provincia) y cuáles fueron los motivos de su creación, e implementación y por sobre todas las cosas, el objetivo estratégico de la medida, la mirada neoliberal y la complacencia política fueguina.


Resulta necesario, para  quienes habitamos, nos desarrollamos social, intelectual y económicamente en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, una respuesta sólida de lo que significa la modificación del decreto 751/12 (exención de impuestos a la actividad hidrocarburífera en la provincia) y cuáles fueron los motivos de su creación, e implementación y por sobre todas las cosas, el objetivo estratégico de la medida, la mirada neoliberal  y la complacencia política fueguina.

Entre 1996 y 2003 se construyeron una decena de gasoductos, pero con el objetivo de exportar buena parte de la producción nacional. Los envíos al extranjero comenzaron en diciembre  de 1996. Entre 1997 y 2002 (inclusive), el 87% de las exportaciones se dirigieron a Chile, el 12% a Brasil y el 1% a Uruguay.

Más del 70% del gas destinado a Chile se dirigía a la empresa Methanex, que a su vez lo procesaba y exportaba (fuente: Enargas)

 

En el caso de Tierra del Fuego, las exportaciones de gas se realizaban por los gasoductos que alimentaban las plantas de la empresa Methanex en Punta Arenas, Chile, desde Total Austral, y la Planta San Sebastián, que hoy posee YPF, pero que en aquellos años le pertenecía a una UTE (Unión Transitoria de Empresas)  operada por la empresa Bridas SAPIC, en la zona norte de la Isla, donde nace el gasoducto General San Martin.

Las exportaciones mantuvieron un crecimiento significativo y sin interrupciones hasta el año 2004, y el presidente argentino Néstor Kirchner se encontró con un país absolutamente desabastecido, con una producción destinada casi enteramente al mercado de exportación.

Más del 60% de los argentinos y argentinas carecían de acceso al gas natural por redes, con el agravante de tener el país una matriz energética cuya dependencia de la misma se había incrementado por el aumento de la potencia instalada del parque de generación térmico-fósil, en detrimento de otras fuentes alternativas como la nuclear y la hidráulica. Esta situación se debía abordar con un plan estratégico, tendiente a abastecer el mercado interno y la demanda industrial y social que se tenía como objetivo de crecimiento en la visión política a aplicar con respecto a los hidrocarburos y lo estratégico que resultaba este vital elemento.

 

La renacionalización del gas natural (2004)

 

En el marco del Plan Energético Nacional lanzando en mayo de 2004, e implementado por el Ministerio de Planificación Federal, el Presidente decidió terminar con el saqueo y “re-direccionar la manguera hacia adentro”. A propósito, los números del saqueo en cuestión: los volúmenes exportados a Chile se vendían a US$ 2 el millón de BTU, mientras que del otro lado de la frontera se comercializaban a US$ 29 el millón de BTU.

(Fuente: Diario La Nación, publicado el 29 de abril de 2004. El gobierno nacional había anunciado en 2003 que comenzaría a restringir las exportaciones a Chile)

 

Néstor Kirchner argumentaba que quienes le vendían el gas a Chile eran "las empresas petroleras, y éstas debían cumplir la normativa de la Argentina", “a costos argentinos” y “para el pueblo argentino”. La normativa eran las leyes 17.319 y 24.076, que priorizaban el abastecimiento del mercado interno, teniendo en cuenta que el  presidente Kirchner tenía un firme propósito: garantizar el abastecimiento en el país antes que el de terceros países, o intereses de empresas privadas y extranjeras. En consecuencia, a partir de 2004, y notablemente desde 2007, las exportaciones comenzaron una fortísima declinación.

El año bisagra fue, sin dudas, 2004, cuando se pusieron en marcha una serie de normativas tendientes a normalizar el suministro gasífero, priorizar el mercado interno y, lo más importante, hacerlo en función de metas de expansión del consumo, es decir, del servicio público de gas por redes, y no por capricho sino como resultado de objetivos de crecimiento económico como lo expresa la ley 26.741, que declaró “de interés público nacional” y como “objetivo prioritario de la República Argentina” el “logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de los mismos, a fin de garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias y regiones”.

Podría afirmarse que tal paquete de medidas fue equivalente al registrado con la recuperación de YPF. Es que, siguiendo la analogía, si en 2012 se renacionalizó YPF, en 2004 se renacionalizó el gas natural.

(Fuente: datos del ENARGAS, Tablas Dinámicas. Las exportaciones resultan de sumar las realizadas directamente de productores con las realizadas por licenciatarias de gas y usuarios en boca).

 

Es importante recordar el  contexto, la situación en la que se encontraba la República Argentina y en especial el sector hidrocarburífero que tenía, sin lugar a dudas, una marcada tendencia extranjerizadora en esos momentos. A su vez, Tierra del Fuego no mostraba su potencial en todo su esplendor, tal como lo conocemos hoy, cuando podemos decir con orgullo que somos la segunda provincia productora de gas del país desde 2017, producto de estas políticas (y del Yacimiento Vega Pléyade).

En ese sentido, era sumamente necesario dejar sin efecto todos aquellos beneficios que recibían las petroleras que a costa del mercado interno no respetaban las normas básicas como la Ley 17.319 y la Ley 24.076, al mismo tiempo  que en Tierra del Fuego se encontraban amparadas bajo la Ley 19.640. Esta lógica impuesta desde el Poder Ejecutivo Nacional, tenían un espíritu de desarrollo estratégico y es ahí que nace el decreto 751/2012. Ello sin dejar de reconocer que “el régimen Especial Fiscal y Aduanero previsto en la ley 19.640 y sus normas complementarias, se sancionó con el fin de fomentar la actividad económica y asegurar, de ese modo, el desarrollo de la región y el establecimiento permanente de la población argentina, atendiendo a su peculiar situación geográfica extremadamente austral, y las consecuencias directas que ésta produce en materia de aislamiento, condiciones de vida y oportunidades laborales”.

Del mismo modo, este espíritu se mantiene hasta el día de hoy y es reconocido por el Poder Ejecutivo Nacional. Sin embargo, el presidente Mauricio Macri modificó el decreto 751/12 con el decreto 520/2017, de la siguiente forma:

“Incorpórase como tercer párrafo el artículo 1 del Decreto n° 751 de fecha 15 de mayo de 2012, el siguiente: Lo dispuesto en los párrafos precedentes no resultará de aplicación, en lo referente al Impuesto al Valor Agregado, para las ventas de gas natural y gas licuado de petróleo –originarios de la provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur- cuyo destino final sea su provisión para consumo por parte de usuarios residenciales, comerciales, industriales, o entes oficiales, con residencia o radicación, según el caso, en el mencionado ámbito provincial”.

En principio, la medida merece una explicación (a mi criterio) de parte del  Gobierno de Tierra del Fuego, ya que en sus escuetos tres artículos pone en valor la Ley 19.640, lo cual es sumamente importante para los fueguinos que somos permanentemente atacados y cuestionados por el Régimen de Promoción Industrial y Sub-Régimen impositivo. Cito el  artículo número 2: “Las disposiciones del presente decreto, tendrán vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial”.

Claramente, los fueguinos NUNCA debimos pagar impuestos a los  productos para consumo interno, y el Gas Natural está incluido ya que estamos amparados  bajo el régimen de la Ley 19.640 y por ende cualquier gravamen impositivo es absolutamente ilegal e improcedente, como lo es el cobro del IVA por parte de las operadoras petroleras, entes  intermediarios o de cualquier otra fuente.

La “libre Interpretación” de esta norma nunca debió permitirse ni ser abalada por el gobierno provincial, mucho menos permitir estructuras de costos con este impuesto, y si bien el Ejecutivo Nacional realizó esta aclaración en el artículo n° 1 del decreto 520/17, todos aquellos que a su libre criterio realizaron esta maniobra tendiente a “Inflar” los valores de facturación (que pagaremos los usuarios) contemplando el IVA, lo hicieron de forma absolutamente ilegal.

Después de 12 años de lógica “populista”, dónde la energía para el desarrollo argentino, era direccionada de manera estratégica hacia la industria y los procesos productivos internos, se vio el crecimiento  de Pymes en base a la energía “barata”. 

Este proceso se vio claramente afectado por el gobierno de Mauricio Macri, que en tres años  provocó una de las mayores destrucciones de Pymes, medianas y grandes empresas que conozca la historia argentina, acompañada de apertura indiscriminada de importaciones e inflación galopante, que crearon un clima empresarial preocupante con miles de despidos.

La dolarización de gran parte de los recursos estratégicos del país, como los hidrocarburos en general y la energía, traen este tipo de consecuencias, exitosas desde la mirada neoliberal y acompañada por las provincias productoras como es la nuestra, con gobernadores complacientes como lo fue desde la primera hora Rosana Bertone, pero destructivas del empleo interno.

Por qué digo “complacientes”. Porque no se explica de otra manera que un gobernador/ra de una provincia productora de gas como es Tierra del Fuego, Antártida e Isla del atlántico Sur, decida someter a su población a estas políticas de destrucción de su matriz productiva local, convaliden el modelo de extranjerización de los recursos naturales exportándolos a otro país sin resolver de manera estratégica los problemas de abastecimiento interno y soportando la pérdida de más de 10.000 puestos de trabajos en la industria electrónica favoreciendo a un puñado de empresas petroleras amigas del presidente Macri. No olvidemos que Juan José Aranguren, (ex ministro de Energía de la Nación) fue declarado “Huésped de Honor” por la gobernadora Bertone en pleno “tarifazo” que pretendía elevar las tarifas un 1800% y que la reacción popular frenó.

El acompañamiento del Gobierno fueguino fue más allá,  ya que en pleno ajuste, y después de un Lobby escandaloso por parte de la mismísima gobernadora Bertone y todos sus aliados políticos fueguinos, legisladores, senadores y diputados,  el presidente Mauricio Macri firmó el Decreto 1049 que reestablece para las empresas petroleras las ventajas fiscales y aduaneras previstas en el régimen de promoción fueguino (Ley 19.640) a cambio de votar a favor de un presupuesto Nacional pedido por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para favorecer a Total Austral, Roch, Wintershall y Mirgor (Caputo) en nombre de la “reconversión”.

Con una llamativa precisión, el decreto dice: “Exceptúanse de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 1º del Decreto Nº 751 del 15 de mayo de 2012 y su modificatorio, a las actividades relacionadas con la producción de gas y petróleo que se detallan en el Anexo a esa norma, vinculadas con nuevos emprendimientos hidrocarburíferos”, establece el decreto 1049, un breve texto de apenas cuatro artículos.

La Secretaría de Energía deberá especificar ahora el alcance de la expresión “nuevos emprendimientos hidrocarburíferos a los fines de la aplicación del artículo anterior”. Sorprende la vaguedad del concepto y que los técnicos del Ejecutivo no delimitaran el texto con mayor precisión. Lo que se desprende del texto, es que el decreto no será aplicable a los proyectos que ya están en producción. Podría regir, en todo caso, para ampliaciones o nuevas inversiones que por “mera casualidad” vayan a llevar a delante las empresas “amigas del poder” en nuestra provincia, con los beneficios impositivos, aduaneros y fiscales obtenidos en nombre del “empleo” y de la “diversificación productiva”, pero que en definitiva es una entrega más de la soberanía energética a manos extranjeras.

Todo este contexto, sería motivo de una discusión diferente, si no tuviéramos en nuestra provincia, una pobreza energética del orden del 29%, si tuviéramos resuelto el problema del acceso al gas y otros servicios públicos como la electricidad y el agua, como derechos indelegables del Estado a precios razonables y justos, con una mirada puesta en el desarrollo genuino, con manos argentinas.

 

Moisés Solorza

 

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