martes 13 de noviembre de 2018 - Edición Nº356
Dar la palabra » Política » 31 oct 2018

Debate sobre las cuentas públicas

¿Ajuste o reordenamiento del Estado? I (Por Juan José Mateo)

¿A qué se refieren muchos cuando hablan de un ajuste en Tierra del Fuego?. ¿Reordenar el Estado para salvar un sistema jubilatorio que en 2015 estaba quebrado y sin solución de continuidad más que sostenerlo con endeudamiento hasta que el rumbo económico se hiciera insostenible y todo volara por los aires?


El 8 de enero de 2016, la Legislatura fueguina aprobó con mayoría agravada un conjunto de leyes orientadas a mejorar la situación financiera del Estado provincial que sobre finales de la gestión de Fabiana Ríos se encontraba virtualmente colapsado, pagando sueldos y jubilaciones en cuotas y con deficiencias en la cobertura de servicios y prestaciones básicas como la salud, la educación y los servicios sanitarios urbanos.

Una mayoría considerable de empleados públicos (que constituyen aproximadamente el 20% del empleo formal isleño) consideraron dichas medidas como un “ajuste” contra el pueblo fueguino y se lanzaron en marcha vehemente a sostener un acampe que paralizó la administración pública central durante 3 meses.

Se vivieron momentos de mucha tensión social, sobre todo en la ciudad capital. Ushuaia estuvo incomunicada por tierra durante Semana Santa, produciendo hechos de suma violencia como cortes de ruta, sabotajes en escuelas, escraches y hostigamiento a funcionarios públicos cuyos máximos momentos de tensión fueron el enfrentamiento entre gremios estatales y privados por el ingreso a la Planta Orión y el intento de linchamiento al Vicegobernador en plena vía pública.

 

El Estado debió abandonar la lógica de mirarse “su propio ombligo”

 

Pero a pesar de haber sido en un principio una lucha con mucha convocatoria, no dejaba de tratarse de un conflicto sectorial. Muy por el contrario, el ámbito laboral privado en relación de dependencia (todos aquellos asalariados que no cobran su sueldo del Estado), como los operarios de la actividad fabril, los trabajadores del turismo y el comercio, sean cuentapropistas o empleados informales, se encontraba expectantes de la marcha de la economía nacional, en cuyo espejo se define el ritmo anual de las economías regionales.

Para esta porción mayoritaria de la población es fundamental contar con una administración pública sostenible, sobre todo si se piensa en la población que encuentran transitoriamente desocupada y subocupada, que como ningún otro segmento social, necesitan del correcto funcionamiento del Estado en su rol de garante de los servicios básicos a una población sin acceso a obra social ni capacidad adquisitiva para contratar servicios privados.

Ellos más que ningún otro sector social, requieren de una asistencia que sólo el Estado y nadie más pueden garantizarles. Fue entonces indispensable reconocer esta relación asimétrica para concebir el reordenamiento del Estado. En ese sentido, las leyes del 8 de enero de 2016 rompieron la lógica endogámica de entender un Estado que sólo miraba su propio ombligo hacia uno que concibió la totalidad del entramado social como problema y desafío político.

 

Obras de infraestructura: la inversión pública, privada y el endeudamiento

 

Puede decirse que desde su asunción a fines de 2015, Rosana Bertone revitalizó un viejo anhelo que consta en los anales de la Provincialización de Tierra del Fuego: concebir a la obra pública como el catalizador del crecimiento y el desarrollo. Porque más allá del resultado final del Gobierno de José Establillo, hay que reconocer que en los años 90s, se había operado el último plan de obras públicas tanto con fondos nacionales como provinciales, con impacto para lograr la generación de riqueza y el ingreso de divisas:  Se construyó el nuevo aeropuerto internacional y se amplió el muelle del Puerto en la ciudad de Ushuaia, se pavimentó buena parte de la Ruta Nacional N°3 y se hicieron las obras de edificación del complejo de deportes y recreación del Cerro Castor para explotar el negocio del esquí andino.

Demás está decir que en el puerto se transpira el movimiento de cruceros y contenedores, además de fortalecer a nuestra capital como núcleo principal del turismo antártico; en las rutas van naciendo las huellas del progreso, operándose la distribución y el abastecimiento interurbano y rural; en el aeropuerto se revoluciona la conectividad no sólo para la población local sino también para la llegada de miles de personas. Ni hablar de lo que significó el Cerro Castor en la ruptura de la estacionalidad turística permitiendo que se desarrollara esa actividad en invierno.

Estas obras movilizaron la economía local, mediante la generación de puestos de trabajo directos e indirectos, dinamizaron la recaudación y supusieron un mayor ingreso de flujo de divisas, aspectos formativos del crecimiento económico y el desarrollo regional. Se hicieron además mediante distintos mecanismos: la inversión pública provincial y nacional, la inversión privada y un programa de emisión de deuda, como fueron los recordados "Bonos Albatros" para la construcción inicial de las instalaciones del Cerro Castor (y el fallido puerto de Río Grande).

 

No existe el desarrollo sin inversión

 

Es por ello que el plan de obras planteado por el Gobierno de Bertone se encuentra en el corazón mismo de las potencialidades de desarrollo de la Provincia. La inversión en puertos y muelles, nuevas rutas, fibra óptica, etc., son fundamentales para pensar y sobre todo repensar nuestro horizonte productivo.

Pero el Gobierno de Bertone hasta el momento agrega una distinción y una ventaja comparativa que no sucedió en la década de los 90s.

A diferencia de la gestión de Estabillo, le fue entregada una Provincia al borde del colapso financiero, sumamente comprometida con el déficit fiscal y sin opción de financiamiento por parte del Poder Central para gastos corrientes. A pesar de ello, hasta el momento y no sin esfuerzos ni costos políticos, la gestión de Bertone logró sostener una situación fiscal equilibrada.

Esta situación de estabilidad le permitió a la actual gestión justicialista operar un reordenamiento del Estado sin el cual hubiera sido imposible la emisión y colocación de deuda mediante bonos respaldados con las regalías hidrocarburíferas isleñas por 200 millones de dólares. Algo que otras provincias han intentado y no han podido lograr, por no contar con el respaldo institucional ni su dotación inicial de recursos para hacerlo.

Estos fondos, lejos de licuarse en gastos corrientes o desequilibrios del sector público, están yendo e irán íntegramente destinados a la inversión en obras de infraestructura y equipamiento comunitario. Cuando se concrete la totalidad del plan de inversión pública pautado, el impacto para la región será sustancial.

 

Otra Tierra del Fuego es posible

 

Otra Tierra del Fuego es posible. Una con el largo plazo como horizonte, con solvencia fiscal y donde el sector público esté equilibrado con el privado para que el Estado pueda demostrar su viabilidad y de este modo sustentar una comunidad organizada donde los horizontes de producción sean plausibles y la cobertura de derechos básicos sostenible.

Es un error frecuente concebir el todo como la simple suma de las partes. El todo siempre será potencialmente superador. Quizá sea hora de mudar la estrecha visión política de administrar la miseria y el déficit fiscal y comenzar a pensar en grande. Para ello hay que generar riqueza, única manera para lograr crecimiento y desarrollo sustentable, porque no puede distribuirse lo que no se tiene. Y ello no será posible sin un shock de inversión capaz de revolucionar las anquilosadas estructuras del fracaso fueguino.

El gobierno de Bertone está sentando las bases para esa revolución productiva. Por ello era necesario reordenar el Estado, un actor fundamental que merecía ser recuperado y revitalizado para comenzar ese impostergable camino.

 

¿Ajustar o reordenar el Estado?

 

Llegados a este punto, cabe preguntarse a qué se refieren muchos cuando hablan de un ajuste en Tierra del Fuego. ¿Reordenar el Estado para salvar un sistema jubilatorio que en 2015 estaba quebrado y sin solución de continuidad más que sostenerlo con endeudamiento hasta que el rumbo económico se hiciera insostenible y todo volara por los aires?

Continuar con los irresponsables aumentos de salarios del sector público sin sustento financiero alguno para después ver colapsado el sistema de cobertura de derechos del conjunto de la población fueguina, sería continuar con la irresponsabilidad de las décadas pasadas, que han demostrado el fracaso de cualquier proyecto a largo plazo para la Provincia.

Porque una vez terminado el acampe en junio de 2016 comenzaron a abastecerse los hospitales de insumos y equipamiento, mejoró ostensiblemente la infraestructura edilicia estatal y al año siguiente se pudo garantizar la totalidad del calendario escolar. Se realizaron importantes avances en la obra pública, además de garantizarse el pago de sueldos y jubilaciones en tiempo y forma.

La estabilidad y revitalización del Estado, por más que haya sectores que estén descontentos con la actual gestión, regaron las costas de cada uno de los sectores sociales fueguinos con una mejor cobertura de prestaciones y servicios, en especial aquellos que no cuentan con la seguridad de recibir cada mes un salario estable, por modesto que parezca.

 

(*) Secretario de Acción Política del Congreso Provincial Justicialista.

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