viernes 14 de diciembre de 2018 - Edición Nº387
Dar la palabra » Política » 28 sep 2018

Recursos hidrocarburíferos  

Evadir licitaciones: que no sea costumbre (Por O. López)  

Llama poderosamente la atención que después de más de un siglo de actividad, de acumulación de estudios y mapeos de disponibilidad de estos recursos naturales en el país, se descubra ahora que lo que siempre se explotó como dos yacimientos resulta que eran uno solo, que no se pueden explotar por separado.


La Legislatura aprobó finalmente la propuesta del gobierno provincial de unificar las áreas petroleras Lobo, revertida por vencimiento de la concesión en 2017, y San Sebastián, en manos de YPF, para que esta empresa continúe con la explotación del conjunto, sin licitación pública, anexando en forma directa 42 kilómetros cuadrados para la explotación hidrocarburífera.

El argumento central fue que desde el punto de vista geológico las áreas en cuestión están vinculadas, constituyendo una unidad, un todo inescindible.

Llama poderosamente la atención que después de más de un siglo de actividad, de acumulación de estudios y mapeos de disponibilidad de estos recursos naturales en el país, se descubra ahora que lo que siempre se explotó como dos yacimientos resulta que eran uno solo, que no se pueden explotar por separado.

El punto es que la actividad del Estado, en general, y en particular en la administración, disposición y explotación de los recursos naturales, está regida por normativa constitucional y legal de orden público. No es la geología sino el derecho la disciplina que enmarca el ejercicio del gobierno en el diseño y ejecución de las políticas públicas.

En general las contrataciones del Estado requieren, imperativamente, el recurso a procedimientos de llamados públicos a oferentes que compiten en base a reglas previamente establecidas, uniformes, igualitarias y suficientemente difundidas, que acoten la arbitrariedad y garanticen la transparencia de modo que no haya lugar para sospechas de favoritismos, funcionales muchas veces a hechos de corrupción.

Y en el caso de concesiones para la explotación de recursos hidrocarburíferos tal procedimiento es la licitación pública. Este fue el modo a través del cual  se concesionó en la década del ’80 del siglo pasado el área Lobo, como así también el área San Sebastián.

No se puede, so pretexto de “unidad geológica”, modificar una concesión otorgada hace décadas entendiendo que quien adquirió un área en realidad adquirió dos.

No desconocemos la vinculación interdisciplinaria, necesaria, entre geología y derecho en esta materia; pero eso no significa que la ciencia exacta desplaza a la ciencia social en su competencia para regir la actividad económica del Estado.

En todo caso si los invocados estudios geológicos ahora establecen que hay una unidad y que no se puede concesionar ni explotar por separado, habrá que entender que cambiaron las condiciones tenidas en miras a la hora de contratar por el área San Sebastián y dar de baja ese acuerdo, llamando a nueva licitación para concesionar la totalidad de la nueva área unificada, procedimiento en el cual YPF podrá participar y ofrecer la alternativa más conveniente respecto de otras empresas que tienen el mismo derecho de competir y formular sus ofertas, y finalmente ganar la licitación si eso resulta conveniente al Estado fueguino, titular del recurso.

De lo contrario habrá que licitar el área Lobo de manera separada e independiente como siempre se hizo, pudiendo asimismo YPF competir y ganar, siendo más factible luego la unificación pretendida, a nivel operativo, sin desmedro de los intereses de la provincia.

Lo preocupante es que esta discusión se da en un contexto en que se han problematizado otras operaciones del gobierno fueguino donde también prescindió de los llamados públicos para la selección de proveedores en diferentes contrataciones. En efecto el gobierno ha echado mano a compras directas y secretas de diversos materiales y equipamientos para la Policía Provincial sin comparar ofertas, marcas, precios, proveedores, calidades de productos; cuando compras similares en cualquier provincia o por parte de fuerzas nacionales siempre se han hecho mediante licitaciones públicas.

Tales operaciones, desprovistas de razones valederas que justifiquen el procedimiento referido, excepcionalísimo por contrario a expresas y claras normas constitucionales, abren un interrogante sobre las verdaderas motivaciones, dejando en el aire sólidas sospechas de malversación del erario que ni el Tribunal de Cuentas, ni la Fiscalía de Estado ni el Poder Judicial han resuelto.

Con el pretexto –que suele utilizar públicamente la Sra. Gobernadora- de aborrecer la burocracia, asistimos a un peligroso escenario donde la evasión de licitaciones puede tornarse una costumbre, lo cual contraviene el principio de publicidad de los actos de gobierno, esencial al sistema republicano, y que vulnera incluso normativa internacional a la cual nuestro país ha adherido para erradicar la corrupción, en base a que la Constitución Nacional en su nuevo art. 36 considera estos métodos ‘atentados contra el orden democrático’ equiparados jurídicamente a los golpes de Estado que establecen gobiernos de facto.

No podrán explicar la urgencia en avanzar en lo que prima facie aparece como ‘un mal negocio’; no se descarta la intención de exportar gas a Chile cuando en nuestra provincia LA VIDA HUMANA depende de la calefacción a base de gas cuyas reservas son limitadas y cuyo precio ni siquiera lo podemos fijar autónomamente como pueblo dueño del recurso, debiendo pagar tarifazos definidos en latitudes mejor aclimatadas y por quienes no son proveedores. Indefectiblemente la futura escases del preciado elemento energético atentará contra el poblamiento de nuestra provincia como estrategia soberana de una nación que no debiera resignar territorio a favor de quienes históricamente nos han sometido, como es el caso de los ingleses.

Tenemos puesta la camiseta de YPF, pero debajo del buzo de la Constitución, de la legalidad, de la corrección y probidad en el manejo de la cosa pública, de la transparencia, de la soberanía y del derecho a seguir viviendo en Tierra del Fuego, bajo el régimen democrático.

Para ello, exigimos toda la burocracia y las licitaciones públicas que hagan falta, en defensa de los derechos e intereses del pueblo fueguino que el actual gobierno central y el Fondo Monetario Internacional ponen en crisis día a día a pasos agigantados.

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