viernes 14 de diciembre de 2018 - Edición Nº387
Dar la palabra » Política » 17 sep 2018

Debate sobre la política energética

Tarifas, ni justas ni razonables (Por Moisés Solorza)

¿Cómo puede ser que servicios públicos esenciales cuyas prestaciones se consideran vitales e indispensables para el conjunto de los ciudadanos se hayan tornado impagables? Ahora bien, por qué nadie los defendió en nuestra provincia en la última audiencia pública, después de quejarse en innumerables gacetillas de prensa? Me corrijo, la Multisectorial “Por la Soberanía” y el Municipio de Rio Grande, junto a referentes barriales, sí estuvimos.


En esta oportunidad vamos a realizar varias preguntas para determinar, si es posible, la “razonabilidad” y la “justicia” en materia de distribución de servicios básicos humanos como lo son el agua, la electricidad y el gas, en nuestra provincia. En este sentido, es imprescindible remontarnos a lo dictaminado por la Corte suprema de Justicia de la Nación en agosto de 2016, ya que de otra manera no sería, ni “justo” ni “razonable” emitir una opinión objetiva.

La justicia por definición es un conjunto de valores esenciales sobre los cuales debe basarse una sociedad y el Estado. Estos valores son el respeto, la equidad, la igualdad y la libertad. Ahora bien ¿Y lo ordenado por la Corte Suprema en su fallo de agosto de 2016, en materia de cuadros tarifarios hacia usuarios y consumidores, en que quedó? Evidentemente, por lo visto, para nuestro huésped de honor, Juan José Aranguren, la energía y sus servicios públicos no eran un Derecho Humano. Al menos eso dijo la Corte en su fallo.

¿Seguirá en la misma línea de pensamiento el ahora secretario de Energía Iguacel y el director del ENARGAS, Mauricio Roitman? Al parecer, y de acuerdo a lo expuesto por las empresas en sus planes de aumentos tarifarios, se va a continuar con la misma lógica del esquema determinado por el ex ministro Aranguren. Nada parece cambiar. Así quedó demostrado en la última audiencia pública que se llevó adelante en las instalaciones del ENARGAS seccional Rio Grande en nuestra provincia, donde asistí como único orador.

Lo que sí quedó demostrado, es la clara connivencia del Poder Ejecutivo nacional y provincial con las empresas energéticas licenciatarias de los servicios, es decir productoras, distribuidoras y transportistas, ya que mi apreciación personal es que fue claramente una gran puesta en escena, una más entre tantas, que vivimos en este gobierno, nada parecido al ideal de una audiencia pública, donde se supone que el Estado debe impartir equidad, como un valor esencial de cuidado de la población. Y realmente estuvo muy lejos de serlo lamentablemente. Todo lo contrario, el contraste multimillonario entre las astronómicas utilidades de las licenciatarias y una ciudadanía pauperizada a extremos inverosímiles resulta angustiante. 

La Corte Suprema de Justicia de nuestro país dijo, entre otras cosas que  "… los servicios esenciales para la sociedad, reservados a la titularidad pública mediante la calificación de servicio público, son aquellos cuyas prestaciones se consideran vitales e indispensables para el conjunto de los ciudadanos, con el fin de asegurar su prestación. Se trata de sectores y actividades esenciales para la comunidad pues en ellos los ciudadanos satisfacen el contenido sustancial de los derechos y libertades constitucionalmente protegidos". 

Entonces, ¿no está en clara contradicción el fallo de la justicia argentina y lo que realmente está sucediendo en la sociedad? ¿Cómo puede ser que servicios públicos esenciales cuyas prestaciones se consideran vitales e indispensables para el conjunto de los ciudadanos se hayan tornado impagables? Ahora bien, por qué nadie los defendió en nuestra provincia en la última audiencia pública, después de quejarse en innumerables gacetillas de prensa?  Me corrijo, la Multisectorial “Por la Soberanía” y el Municipio de Rio Grande, junto a referentes barriales, sí estuvimos.

La muestra de la connivencia entre un Estado ausente y los intereses empresariales está más que claro: ¿complicidad? ¿conveniencia? puede ser, lo cierto es que, más allá de las especulaciones posibles, la realidad indica varias cosas graves que me gustaría resaltar, pero la más impactante creo que es sin lugar a dudas, la inexplicable ausencia de representantes políticos de la Segunda Provincia Productora de Gas del País, como es la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlánticos Sur. Ausencia del Ministerio de Energía e Hidrocarburos provincial, representantes políticos de los municipios de Ushuaia y Tolhuin, Concejos Deliberantes de ambas ciudades, Cooperativas Eléctricas de Río Grande, Ushuaia y Tolhuin, donde el gas es utilizado como combustible para la generación eléctrica y caja de resonancia de casos sociales graves que vivimos los fueguinos, como el retiro de medidores de gas en pleno invierno con una temperatura de 12 grados bajo cero. Vergonzosas y lamentables ausencias.

En el párrafo 33, la Corte señaló: "En este sentido, el régimen implementado en la ley 24.076 tuvo por objetivos, entre otros, alentar inversiones para asegurar el suministro a largo plazo (artículo 2°, inciso b.); propender a una mejor operación, confiabilidad, igualdad, libre acceso, no discriminación y uso generalizado de los servicios e instalaciones de transporte y distribución de gas natural (artículo 2°, inciso c) y asegurar que las tarifas que se apliquen a esos servicios sean justas y razonables de acuerdo a lo normado en la determinación de la tarifa se aseguraría el mínimo costo para los consumidores, compatible con la seguridad del abastecimiento (artículo 38, inciso d~. En la ley (artículo 2°, inciso d)".

Sobre este particular, agregó la Corte: "Que, como síntesis de lo expuesto a este respecto, el Estado debe velar por la continuidad, universalidad y accesibilidad de los servicios públicos, ponderando la realidad económico-social concreta de los afectados por la decisión tarifaria con especial atención a los sectores más vulnerables, y evitando, de esta forma, el perjuicio social provocado por la exclusión de numerosos usuarios de dichos servicios esenciales como consecuencia de una tarifa que, por su elevada cuantía, pudiera calificarse de "confiscatoria", en tanto detraiga de manera irrazonable una proporción excesiva de los ingresos del grupo familiar a considerar. Por lo demás, no debe obviarse que un cálculo tarifario desmesurado o irrazonable generará altos niveles de incobrabilidad y terminará afectando al mentado financiamiento y, por vía de consecuencia de este círculo vicioso, a la calidad y continuidad del servicio"

Es, a mi criterio, inevitable realizarme algunos cuestionamientos razonables en este sentido y creo, sin miedo a equivocarme, el interrogante de muchas familias argentinas: ¿Está el Estado realmente velando por la continuidad, universalidad y accesibilidad de los servicios públicos o por el contrario, el Estado es cómplice de una salvaje transferencia de renta de la ciudadanía a las empresas sin otro horizonte que el de maximizar injusta e  irracional  rentabilidad de las empresas productoras, transportistas y distribuidoras?.

Además me pregunto, ¿se está evaluando la realidad económico-social concreta de los afectados por la decisión tarifaria? Incrementos tarifarios del 1.000% como ha venido sucediendo hasta ahora, para tarifas que a partir de octubre ascenderán entre un 30 a un 50%. ¿Cómo calificar estos incrementos sin dejar de lado las comparaciones odiosas? 3.000 a 10.000 pesos por mes las boletas para ingresos de una familia tipo clase media: ¿No es esto una detracción claramente irracional y una desproporción excesiva de los ingresos del grupo familiar? Es imposible justificar semejante abuso.

Lo cierto, en definitiva, es saber que va a suceder de aquí en adelante a partir del último aumento propuesto por las empresas y que el gobierno pretende convalidar, con las familias que no puedan afrontar el pago de esta continuidad de tarifazos, la distorsión de los valores que reclaman en dólares, las empresas energéticas y los pagos en pesos de los usuarios en concepto de recaudación.

La justicia, ¿revisará estas situaciones de incumplimientos de “razonabilidad”, “equidad” y “accesibilidad” que indicó en sus fallos o dejará que el gobierno siga presionando sobre los bolsillos, como lo han reclamado los organismos de defensa del consumidor, diciendo que el precio del gas es oneroso y “no es justo ni razonable”? Las tarifas de abril 2018 estaban considerando el precio del gas boca de pozo (PIST) para un usuario R3.1 en 3,773$/m3. En esos meses decían que el dólar se quedaba en 21,4 pesos. Hoy en 38 pesos tendría que pagar el PIST a 6,52$/m3.

Para finalizar, estoy convencido de que, para no estar frente a una “desobediencia social en el pago de tarifas”, éstas deben empezar a ser justas y razonables, de lo contrario, peligra fuertemente la paz social entre los habitantes argentinos que no tienen como afrontar estas injusticias, mucho menos en Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, segunda provincia productora del país y una de las más injustas en esta materia, con una pobreza energética estructural del 29%.

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