Pesca

Más del equivalente a un presupuesto de la provincia de Tierra del Fuego, es lo que anualmente perdemos los fueguinos por la pesca ilegal en Malvinas.

Según datos de 2016 publicados por el ilegítimo gobierno de las islas, en ese período fueron capturadas más de 270 toneladas de pescados y mariscos a partir de las casi 240 licencias de pesca otorgadas. El valor aproximado de esa extracción ilegal de al menos dos especies de merluza, dos de calamar y diversos moluscos, fue de 770 millones de dólares. Al cambio de hoy, estamos hablando de más de 30.400 millones de pesos lo que representa casi una vez y media el presupuesto provincial. Ello, sin contar que a la fecha – septiembre de 2018 – ya se estima que la captura de calamar ha aumentado un 37% respecto a 2016. Aún así, el 14 y 15 de mayo se reunió en Buenos Aires el Subcomité Científico de la Comisión de Pesca donde según establece el propio Comunicado 199/18 emitido por la Cancillería Argentina  “se analizaron mecanismos de intercambio de información científica, se discutieron las especie de peces y calamares que serán objeto de cooperación…”; con el agravante de que en esa reunión, permitieron la participación de científicos pertenecientes al Instituto de Investigación Medioambiental del Atlántico Sur, un organismos con sede en las Islas Malvinas dependiente de la ilegítima Asamblea Legislativa. Nuestra propia Cancillería, además de decidir “cooperar” y no realizar una queja formal por la depredación de los recursos ictícolas, no respetó el excluyente diálogo bilateral Argentina/Gran Bretaña dispuesto por Naciones Unidas y en cambio posicionó como interlocutor válido a un organismo dependiente de la autoridad colonial.   

Hidrocarburos

La extracción mínima de petróleo garantizada en Malvinas, equivale a 143 años de la producción petrolera actual de la isla grande de Tierra del Fuego.  A partir de datos aportados durante la Conferencia Oil Capital en 2017 por el CEO de la petrolera Rockhopper se conoció que el mínimo recuperable en Malvinas es de 500 millones de barriles y el máximo es de 900 millones. Sólo el mínimo – según datos del Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo - equivale a 3 años de la producción petrolera Argentina y 143 años de la producción de la provincia de Tierra del Fuego en lo que respecta a la jurisdicción de la isla grande. Las empresas instaladas ya han certificado al menos 23 pozos, previendo la perforación del primero entre enero y julio de 2020. A esta cuantiosa pérdida económica para los fueguinos, se suma que el estudio de impacto ambiental fue presentado por la petrolera Premier Oil ante las autoridades ilegítimas de las Islas, dejándonos a merced de un posible desastre ambiental de consecuencias impredecibles para las costas patagónicas y el sector antártico. Aún así; luego de reuniones bilaterales celebradas en mayo de este año entre los cancilleres del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Boris Johnson y de la República Argentina Jorge Faurie; es nuestro propio Canciller quien anuncia en conferencia de prensa que “la sanción a empresas petroleras que operan en la zona no ha sido tema de conversación”; ello a pesar de la inminente explotación de nuestros recursos, los riesgos ambientales y los permanentes avances de acciones ilegales de forma unilateral en materia hidrocarburífera violatorias de la Resolución 31/49 de Naciones Unidas, de la ley 26.659 y sus modificatorias.   

Vuelos

Un vuelo más a Malvinas consolida la posición geoestratégica de Gran Bretaña y refuerza su avance en el Atlántico Sur.

Hace pocos días – el 26 de julio, precisamente - a través de un comunicado del ilegítimo gobierno colonial en Malvinas, se conoció que la aerolínea Latam sumará un vuelo comercial desde las Islas a San Pablo, Brasil. Esto, alentado por el propio Canciller Jorge Faurie quien en el comunicado de prensa 266/18 emitido por la Cancillería el 21 de junio “…destacó los trabajos que los gobiernos de Argentina y el Reino Unido vienen desplegando con miras al establecimiento de un vuelo adicional al que hoy ya existe…” Este nuevo vuelo, que debilita la posición Argentina y sólo beneficia a quienes ocupan las Islas militarmente, no sólo les facilitará su logística, su abastecimiento y el recambio de dotaciones de bases militares, buques pesqueros y empresas petroleras, sino que les facilitará el comercio y les abrirá los mercados de Europa y Estados Unidos. Con cooperación Argentina, Gran Bretaña se afianzan en el Atlántico Sudoccidental militar, empresarial y comercialmente.

En este contexto es que la delegación de ocho miembros del Consejo Asesor Observatorio Cuestión Malvinas de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; que concurrió a la Cancillería Argentina el pasado martes 10 de julio a plantear su preocupación por los avances y consolidación de Gran Bretaña en Malvinas; fue recibida por los Embajadores Teresa Kralikas, Osvaldo Mársico y Tomás Kroyer y por funcionarios especializados en materia pesquera e hidrocarburos. Entendiendo, la mayoría de la delegación, que el acuerdo Foradori/Duncan de 2016 impulsado por la administración del Presidente Mauricio Macri y la Primer Ministra Teresa May, impuso obligaciones sólo para la República Argentina tales como “…remover todos los obstáculos que limiten el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo el comercio, pesca, navegación e hidrocarburo”. Entendiendo que, a poco de cumplir dos años y a la luz de los resultados, el Acuerdo ha sido la “hoja de ruta” perfecta para debilitar y perjudicar la posición Argentina, permitir que se afiance en nuestro mar austral una potencia que ocupa nuestro territorio por la fuerza y que ha sentado graves precedentes que pueden reconocer al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte como estado ribereño.

En la reunión, ante preguntas sencillas a los representantes de la Cancillería, como fue “si elevaron una queja formal al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ante la creciente militarización en Malvinas; con una reciente inversión de más de 300 millones de dólares para mejorar el sistema de defensa antimisiles”; los embajadores reconocieron que no lo hicieron. Ante la consulta de si “el envío – en junio de este año – al Senado de la Nación del Convenio sobre la pesca del Atún del Atlántico firmado en 1966 en San Pablo Brasil; y que jamás fuera ratificado por ningún gobierno por los riesgos de reconocerles prorrogativas de estado ribereño; había sido un reciente pedido de Gran Bretaña - pues resultaba extraño que se impulse su ratificación luego de 52 años –“; lo negaron.  Incluso, argumentaron que “empresas pesqueras argentinas habían solicitado su ratificación”. Cuando se les consultó sobre los beneficios para nuestro país de agregar un vuelo más a Malvinas su respuesta argumental fue que “eso propiciaría el turismo argentino a las Islas”, ante lo cual se les repreguntó si es que “¿es nuestra propia Cancillería Argentina la que propicia que se visite nuestro propio país y se les selle el pasaporte a sus propios ciudadanos?”. Más absurdas fueron las respuestas cuando se les consultó sobre las empresas petroleras instaladas en la zona. Argumentaron que los anuncios públicos de exploración e inminente explotación son “… sólo para cotizar mejor en bolsa”. En relación al riesgo ambiental ante un posible derrame o situación de crisis dijeron que “en todo caso las corrientes marinas no desviarían los derrames hacia la Antártida y la costa patagónica”. Hacia el final de la reunión y demostrando una “soberbia” desidia en la defensa de nuestra soberanía, el embajador Tommas Kroyer afirmó “…es el rumbo elegido, en todo caso si nos equivocamos y ustedes tienen razón podrán venir y reclamarnos” a lo que se le hizo notar que una “equivocación” en materia de soberanía es letal y de carácter irreversible pues pone en riesgo la integridad territorial de nuestra provincia y de la nación.    

Al Consejo Asesor Observatorio Cuestión Malvinas lo conforman más de veinte instituciones. Actualmente está integrado por el Poder Ejecutivo provincial, una Fundación, los Partidos Políticos, la Universidad de Tierra del Fuego, el Centro de ex Combatientes de Malvinas en Ushuaia, la Fundación Malvinas, los Concejos Deliberantes, la Legislatura, los Sindicatos y los poderes Ejecutivos de los municipios.

Al momento de confirmarse la reunión en Cancillería, por mayoría absoluta los miembros decidieron que la Gobernadora Rosana Bertone encabece la delegación. Fue una decisión del Gobierno provincial no hacerlo, no acompañar a la delegación. Como ha sido durante estos años permanecer en absoluto silencio, “dejar pasar” y “dejar hacer” al gobierno Nacional.

A poco de cumplirse dos años del Acuerdo de marras, parece ser que los principales actores políticos, electos y con verdadera responsabilidad institucional continuarán sin formalizar un solo documento fundado en clave de queja, reserva o advertencia formal. Parecería ser que desde la Provincia y la Nación, la idea en común es dilatar, entretener y ganar tiempo, hasta tanto en el mes de noviembre el presidente Mauricio Macri, en el marco del G20, reciba a la primer Ministro del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte Teresa May y, definitivamente, anuncien convenios concretos que - sin discutir la soberanía Argentina – avancen y generen antecedentes irreversibles que profundicen la entrega formal de nuestro territorio y consoliden a Gran Bretaña en el Atlántico Sur. Perduellis.

(*) Licenciado en Ciencia Política. Miembro del Consejo Asesor Observatorio Cuestión Malvinas por el Partido Espacio de Concertación Social (ECoS)

(*) La palabra “perduellis” sirvió para identificar en la antigua Roma republicana a los traidores a la patria.  El crimen contra la patria, el “perduellio” era el más grave de todos después del sacrilegio.